(La Tercera) Al alero de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), y por inquietud de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), a fines de abril se creó la Comisión de Recursos Hídricos, una instancia multigremial donde participan, además, la Sofofa, Andess (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios), AGG (Asociación Gremial de Generadoras de Chile), CChC (Cámara Chilena de la Construcción) y Sonami (Sociedad Nacional de Minería).
La iniciativa, que se gestó tras una visita a Australia convocada por la Comisión Nacional de Riego, y en la que representantes de la CPC, SNA, CChC y Mideplan conocieron el modelo de política hídrica de ese país, busca “compatibilizar los usuarios más importantes del recurso hídrico y avanzar en un acuerdo de utilización eficiente de éste”, afirma Lorenzo Constans, presidente de la CPC. Se trata de algo inédito en el sector privado y apunta a elaborar un documento con lineamientos para enfrentar la escasez de agua. “Tenemos que afinar una propuesta donde comprometamos la inversión del mundo privado en obras públicas de esta naturaleza”, opina Patricio Crespo, presidente de la SNA y de la comisión.
Los representantes de los gremios ya han expuesto cómo perciben la situación hídrica y el objetivo es entregar el documento en dos meses a la autoridad, que también está trabajando en el tema.
El ministro de Agricultura, Luis Mayol, quien fue nombrado coordinador de temas hídricos y de riego entre los sectores privado y público, dice que Chile pierde el 80% del agua en el mar por una “mala gestión y falta de inversión en las últimas décadas”.
Distribución y consumo
¿Por qué abordar ahora el tema? “Antes había abundancia de agua, entonces no había necesidad de juntarse”, afirma Andrés Concha, presidente de Sofofa. Carlos Piaggio, gerente de infraestructura de la CChC, explica que Chile no tiene déficit de agua en términos de los balances hídricos, “pero sí un problema de distribución y consumo muy heterogéneo. En el sur hay mucha agua y no existe un gran consumo. Pero en el norte hay menos recursos y una presión por el consumo más grande”.
No sólo eso. También se perciben “deficiencias en términos de la institucionalidad”, ya que existen varios organismos relacionados con el tema, a diferentes niveles, como la Comisión Nacional de Riego, Dirección General de Aguas y Dirección de Obras Hidráulicas, y “no hay una cabeza muy clara”, indica Piaggio.
Además, “hay competencia entre los distintos sectores productivos. Toda la industria necesita mucha agua, es un consumidor importante junto con la minería, el sector residencial y la agricultura, que es el gran consumidor”, señala Concha.
Alberto Salas, presidente de Sonami, cuenta que la realidad actual, en términos de la disponibilidad y gestión, “nos urge como sector privado a tomar la iniciativa para generar una propuesta país en materia de disponibilidad de recursos hídricos”.
La propuesta
Carlos Piaggio explica que el trabajo incluirá lineamientos sobre “reformas institucionales, inversión necesaria en obras, e investigación e innovación tecnológica”.
Crespo agrega algunos ejes de carácter general de la propuesta: “Es urgente sacar adelante el reglamento de uso de agua subterránea que se está trabajando a nivel de gobierno, porque dará la pauta para resolver la infiltración de napas y cambiar los criterios de explotación de los acuíferos”. Según Crespo, es la forma más económica de aprovechar las aguas en Chile, “donde los subexplotamos”.
Otro elemento es mayor inversión en embalses. “Para destrabar la discusión, lo que importa es que los privados comprometan financiar aquella parte que les corresponde”, afirma Crespo. Según Mayol, unos 15 embalses, hoy en estudio, solucionarían el problema a 15 o 20 años.
Concha coincide en la necesidad de promover fórmulas para aumentar la oferta de agua, “ya sea por obras de captación, obras de acumulación -embalses-, de infiltración o de desalinización”. El presidente de la CPC destaca los embalses, lo que debe considerar al MOP y las generadoras eléctricas. Crespo propone espacios de diálogo permanente entre sanitarias, eléctricas y mineras.
Otro de los ámbitos en los cuales se debe trabajar, a juicio de Constans, es en “el registro y la propiedad de los derechos de agua”. No es el único que está mirando el tema. El viernes, el diputado DC Jorge Sabag ingresó un proyecto de ley que busca aumentar la información sobre la existencia de derechos de agua, ya que no todos se encuentran inscritos en el Conservador de Bienes Raíces.
Desde el sector minero, Salas sostiene que debe avanzarse “en proyectos de recarga de acuíferos, de almacenamiento de crecidas, traspaso de recursos hídricos de zonas excedentarias a zonas deficitarias, y regularización de extracciones ilegales”. El presidente de Sonami añade que la eficiencia en el uso de los recursos es un tema relevante. En la minería, detalla, se ha bajado el consumo unitario en un 28% en los procesos de concentración y 49% en los procesos de hidrometalurgia. “Nuestro aporte en ese sentido es significativo, aún cuando la minería utiliza sólo el 4% de los recursos, comparado con el 12% de la industria, el 6% de las empresas sanitarias y el 78% de la agricultura”, dice Salas.
Guillermo Pickering, presidente de Andess, estima necesario que se incluyan temas como fortalecer el rol coordinador de la DGA entre los entes públicos; aplicar el principio de que “el que contamina, paga: en la industria sanitaria los clientes pagan por descontaminar las aguas servidas”; y unificar criterios de manejo de cuencas hidrográficas.
Mayol cree que la propuesta “podría transformarse en política pública. A lo mejor coincide con lo que hemos estado planteando nosotros. El problema es el mismo y, básicamente, las soluciones también”.
Fuente / La Tercera