Parlamentarios y economistas advierten sobre la falta de una institucionalidad adecuada y las deficiencias en la fiscalización de los programas que financia un tributo que entre 2006 y 2007 ha generado cerca de US$ 2.000 millones.
La falta de elementos de fiscalización y asignaciones cuestionadas, son algunos de los conceptos que surgen a la hora de evaluar el destino de los recursos generados por el royalty a la gran minería, desde su aplicación en 2006. Lo cierto es que entre ese año y 2007, la recaudación fiscal a partir de la tributación de las firmas privadas del ramo ascendió a US$1.158,9 millones. A ello se suma el aporte de Codelco que en el pasado ejercicio alcanzó los US$348 millones y cerca de US$441 millones el año anterior. En definitiva, se estima que los ingresos del Gobierno Central provenientes del gravamen bordearía los US$2.000 millones.
Y si bien el propósito de estas sumas es financiar proyectos estrella de investigación y desarrollo productivo, y así elevar la competitividad de Chile, lo cierto es que poco se sabe acerca de cómo operan los instrumentos de apoyo.
Por un lado, se creó el Consejo de Innovación. Presidida por el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, la instancia propone una hoja de ruta en base a clusters detectados en los que se debieran invertir los recursos. A su vez, se instauró el Fondo para la Investigación y Competitividad (FIC), cuyo objetivo “es hacer que las asignaciones se cumplan bien. Hay publicaciones en las que se muestran las rendiciones de cuenta, y el beneficiario del subsidio debe enviar periódicamente informes de avances”, explicó el jefe del Departamento de Innovación del Ministerio de Economía, Orlando Jiménez.
Presupuesto
En la Ley de Presupuesto se establecen los fondos de tal instrumento, y su utilización es resorte de la Subsecretaría de Economía; entidad que determina los montos para Corfo, Innova Chile, Conicyt, el Fondo de Industrialización Agraria (FIA), el Ministerio de Educación, Mideplan, Fundación Chile, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Innovación y otros ejecutores no aplicados.
Para 2007, se destinaron $56.797 millones para el FIC. Entre las partidas más relevantes, se contabilizaron cerca de $23.000 millones a las arcas de Conicyt; a Innova Chile, de Corfo, se entregaron $19.600 millones, y la cartera de Educación percibió $3.300 millones.
¿Descentralización?
En ese plano, una de las inquietudes más importantes a propósito de estas definiciones, tiene que ver con qué proyectos y a qué zonas se han entregado estos subsidios. Conforme el proyecto de Ley que considera la regulación e institucionalización de este fondo duerme el sueño de los justos en el Parlamento, han surgido voces que advierten que la Región Metropolitana es la que se ha visto más favorecida.
Antonio Leal, diputado PPD e integrante de la comisión de Minería y Energía, indicó que la responsabilidad la tiene el Gobierno, quién no ha enviado las indicaciones para dar curso a la iniciativa legal en el Senado. “Si entrase en vigencia (esta norma) se establecerían los acuerdos alcanzados con la administración de Ricardo Lagos, para que un 30% de los montos vaya a las regiones mineras”, afirmó.
En esta línea, el senador UDI por la Región de Tarapacá, Jaime Orpis, quien integra la instancia parlamentaria, acotó que la Región Metropolitana percibió el 29% de los recursos en 2006; 8 puntos más que las zonas con actividad minera.
El diputado PS Francisco Encina, titular de la citada comisión confirmó esta preocupación. “No se está privilegiando a las zonas mineras en el porcentaje que habíamos convenido con Hacienda. Fue un compromiso que tomamos con el entonces ministro Nicolás Eyzaguirre (titular del Consejo de Innovación), y eso es lo que nos tiene inquietos”, sostuvo
Desconocimiento
En opinión de diversos economistas, existe desconocimiento absoluto respecto al destino del royalty. El tema no es menor, si se considera, por ejemplo, que –de acuerdo a sus cálculos- los US$2.000 millones percibidos por el Fisco equivalen entre 2 y 3 puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Según José Yáñez, de la Universidad de Chile, “no hay certeza de qué mecanismo se utiliza para la asignación. Estos fondos podrían estar depositados como parte de los recursos fiscales en el Banco Central, quien a su vez los puede coloca en el exterior para generar intereses del orden de US$100 millones al año”.
El académico de la Universidad del Desarrollo, Pablo Wagner, sentencia que es imprescindible “hacer una evaluación profunda y transparente. Si esos recursos estuvieran en el exterior sería penoso, ya que significaría que las iniciativas de innovación son ineficientes”.
Para Rossana Costa, del Instituto Libertad y Desarrollo, considera necesario que “solicitar mayores antecedentes a la autoridad, sobretodo, en lo referido a los proyectos que se están financiando. Por lo pronto, desconozco en dónde estarán esas platas”.
Fuente / Estrategia