(La Tercera) Impotente, devastado y lelo ante el aluvión que se le ha venido encima, el presidente de la minera San Esteban Primera, Marcelo Kemeny Füller, «parece un ente», dicen quienes lo han visto en las oficinas de la minera, ubicadas a un kilómetro de la entrada a la boca de la mina San José, la misma que aún no se decide a liberar a los 33 mineros.
«El niño está destrozado. No es tonto. Sabe lo que se le viene encima. Las pérdidas son gigantescas y ni hablar de las indemnizaciones ante una eventual pérdida de vidas», dijo ayer el diputado Carlos Vilches (UDI), ingeniero civil en minas con especialidad en metalúrgica, y quien trabajó largo tiempo como gerente técnico de la minera Río Huasco, de Jorge Kemeny Letay, el empresario de origen húngaro padre de Marcelo y quien fundó San Esteban.
Kemeny trabaja directamente con su cuñado y socio en la propiedad, el gerente general Alejandro Bohn Berenguer, quien -según todos los que han tratado con él- es el que toma las decisiones. De hecho, ayer el ex diputado por la zona, Antonio Leal (PPD), afirmó que Bohn posee el 70% de la propiedad de la minera.
Ambos viven en Santiago y viajan poco a la mina. Mientras Bohn lo hace una vez a la semana, Kemeny, un par de veces al mes. Ambos suben en sus camionetas Chevrolet Blazer. Son hoscos y lejanos. La presidenta del sindicato número 2, Evelyn Olmos, aseguró jamás haber cruzado palabra alguna con ellos.
La noche del viernes, 24 horas después de desatada la crisis, Bohn y Kemeny se reunieron en las oficinas de la mina con la senadora Isabel Allende (PS), el diputado Lautaro Carmona (PC) y el consejero regional PC Jaime Iturra. Según este último, la conversación la monopolizó Bohn, quien habló de «desprendimiento de roca» -no de asentamiento- y que los mineros estaban seguros, pues se habían desplazado al refugio.
En las escasas entrevistas que ha dado a la prensa, Bohn se ha referido siempre a errores puntuales, sin hablar de un futuro cierre.
La participación de Kemeny y Bohn en el rescate se ha reducido al mínimo, relevados de la toma de decisiones por el ministro de Minería, Laurence Golborne. Ambos permanecen desde temprano hasta última hora y sólo son requeridos para dar información técnica que pudieran necesitar los ingenieros, y en las reuniones para analizar la crisis se mantienen en silencio.
Cercanos a Kemeny señalan que tiene la certeza de que será individualizado como el responsable. Algunos comparan su caso con el del ex mayor Patricio Cereceda, condenado por la tragedia de los 45 soldados en el infierno blanco de Antuco.
El senador Baldo Prokurica -ex compañero de curso en el Liceo Santa Marta de Vallenar del fallecido hermano mayor del empresario, Emérico Kemeny- relató ayer que vio a Marcelo muy abatido. «No habla una sola palabra».
«Son empresarios muy, pero muy especiales», reseña el técnico oleohidráulico Javier Castillo, quien trabaja para la firma K Ltda., que actúa como contratista de San Esteban.
Adjudica a Bohn la responsabilidad de la reapertura de la mina en 2008 tras su cierre del año anterior. Castillo presentó un recurso de protección para la clausura del pique en 2004 tras la muerte del minero Pedro González.
«Uno no puede dar un juicio sobre cómo actuó Marcelo», matiza el diputado Vilches.
«Se cometieron errores, sí. Pero él no toma las decisiones. Hay gente contratada para eso. Lamentablemente, han sido muy prepotentes», dijo el parlamentario, en alusión a Bohn y al gerente de minas, Pedro Simunovic, el ejecutivo que dio la cara el sábado ante los familiares.
Formalizados por muerte en yacimiento
El 4 de febrero de 2008, uno de los dueños de la mina San Antonio, Marcelo Armando Kemeny Füller y su gerente general, Alejandro Miguel Antonio Bohn, fueron imputados por cuasidelito de homicidio ante el Tercer Juzgado de Garantía de Copiapó. La fiscalía investigaba su presunta responsabilidad en la muerte del trabajador Fernando Contreras al interior del yacimiento.
El 30 de noviembre de 2006, Contreras manejaba un camión en una de las galerías, cuando la cabina del vehículo fue aplastada por un desprendimiento de rocas. Según la querella de los familiares de la víctima, en el sector del accidente ya habían ocurrido derrumbes. Además, señala-ron que los sistemas de comunicación para emergencias en la mina no estaban funcionan-do, tampoco los implementos de rescate.
Tras la investigación del Ministerio Público, los directivos de la mina no recibieron sanción penal, porque la causa terminó con un acuerdo reparatorio con la familia de la víctima. La empresa les pagó un total de $ 90 millones.
Los dos formalizados posteriormente fueron sobreseídos totalmente de la investigación en su contra.
Fuente / La Tercera