(Pulso) El descalce entre los volúmenes de energía incluidos en los contratos de largo plazo entre distribuidoras y generadoras eléctricas ha generado una polémica entre ambos segmentos, la que incluso podría llegar a la Justicia.
El problema surgió a raíz de que estos contratos tienen volúmenes limitados de energía, mientras la demanda domiciliaria ha crecido significativamente. La CNE zanjó la disputa obligando a las generadoras a hacerse cargo de este consumo no contratado, lo que ha sido rebatido con dureza por las empresas productoras que incluso han dicho que la decisión es ilegal.
No obstante, CGE Distribución, señaló en su análisis razonado del primer semestre que dos de las empresas que forman parte del holding, la Empresa Eléctrica de Melipilla, Colchagua y Maule (Emelectric) y la Empresa Eléctrica de Talca (Emetal), iniciaron procesos de licitación en 2008 para satisfacer los déficit de energía proyectados, los que efectivamente se presentaron en 2008. No obstante, la autoridad todavía no aprueba las bases correspondientes.
TARDANZA
“Con el objeto de satisfacer algunos déficit de energía no contratados que se presentaron el año 2012, ambas empresas iniciaron el año 2008 los correspondientes procesos de licitación, haciendo entrega a la Comisión Nacional de Energía de las bases correspondientes, las cuales a la fecha se encuentran pendientes de aprobación por parte de la autoridad. Ante ello, las proyecciones de dichos déficit fueron incluidas en diversos procesos efectuados por CGE Distribución S.A. durante el año 2012, todos los cuales fueron declarados desiertos”, reveló la empresa en su balance.
Además, se llevaron gestiones directas con las generadoras. “Las referidas empresas solicitaron oportunamente a los generadores que cuentan con excedentes en las energías contratadas con distintas empresas distribuidoras su autorización para la transferencia de dichos excedentes, de modo de mitigar el déficit excedente, lo que no tuvo éxito ante la negativa de ellos”, se acusó.
La compañía deja entrever que gran parte de la responsabilidad es, según su visión, de la autoridad, por no aprobar oportunamente las bases de licitación para cubrir estos déficit.
“En enero de 2013, las sociedades comunicaron esta situación a la CNE, señalándole la necesidad de que se instruyera o solicitase a la autoridad que corresponda la forma de resolver esta situación a consecuencia de su decisión de no aprobar oportunamente las bases de la licitación para satisfacer los déficit indicados a partir del año 2012. Adicionalmente, informaron ala SEC y el CDEC-SIC, haciendo entrega de los antecedentes del caso”, agrega el texto.
Ello, se puede deducir, derivó en el polémico oficio de la SEC. A la fecha, las facturas impagas por este descalce suman cerca de US$20 millones según cálculos de la industria.
Fuente / Pulso