(Diario Financiero).- “Nosotros no vamos a salir el día uno a multar como locos”. Con estas palabras, la directora del Trabajo, Patricia Silva, se refirió a un reciente dictamen del organismo fiscalizador respecto a la Ley de Igualdad de Remuneraciones entre hombres y mujeres.
Lo cierto, es que el plazo de seis meses que consideró el nuevo cuerpo legal para que las empresas de más de 200 trabajadores incluyan en su reglamento interno un registro de cargos y funciones de los empleados, no fue suficiente para que las compañías cumplieran, razón por la cual la Dirección resolvió postergar hasta el 19 de enero de 2010 la obligatoriedad de tenerlo.
La misma situación se da en el caso de firmas con más de 10 trabajadores que deben incorporar el procedimiento para acoger los reclamos al respecto. De hecho, la entidad reconoce que hasta hoy no ha recibido ningún cambio de reglamento de las empresas, proceso necesario para que la Ley opere con normalidad.
Si bien se posterga en un mes, Silva explica que “lo más probable es que vamos a estar en una especie de marcha blanca”. De esta forma, la revisión de los cambios en el reglamento interno se irá incorporando de manera progresiva hasta marzo de 2010, porque el objetivo es que los empleadores tengan listo tanto el registro como el procedimiento de reclamos.
No obstante, advierte que los empleadores tienen que tener claro que si una trabajadora hace una denuncia se fiscalizará. “Si un trabajador quiere hacer un reclamo y no hay procedimiento interno, se puede ir directo a los tribunales y alegar por tutela de derechos fundamentales”, sostiene.
Letra muerta
El temor de la autoridad es que debido a lo complejo que ha resultado el cambio para las empresas, la ley quede “en letra muerta”. Por eso, revela que le preocupan las que están entre los 200 y 500 trabajadores. “Creo que vamos a tener que ayudar un poco más ahí”.
Para Michel Laurie, gerente de Servicios Laborales de KPMG, “la Dirección del Trabajo, de buena fe, les quiere dar más tiempo a las compañías, respecto de un cambio legal que involucra mucho trabajo interno para las empresas. En pocas palabras, el ente fiscalizador quiere que las empresas lo hagan correctamente, más que pasar multas por pasar”.
Aunque se podría suponer que el dictamen perjudica los trabajadores, Laurie comenta que las organizaciones sindicales también están estudiando la nueva ley para ver cómo pueden hacer sus planteamientos a las empresas.
Más burocracia
Por su parte, el socio de Berg Consultores, Huberto Berg, reconoce que es evidente que el dictamen ayuda “en alguna medida” a las empresas, dándole más tiempo para que cumplan con las exigencias de esta ley. Sin embargo, advierte que los requerimientos son bastante engorrosos y que, en definitiva, burocratiza la gestión de recursos humanos al interior de las empresas.
“Los cargos y las exigencias que éstos tienen, están en permanente evolución al interior de las empresas. Cambios que obedecen a necesidades de mercado, nuevas tecnologías, nuevos desafíos”.
“Por eso -agrega- no tiene lógica obligar a las empresas a poner las descripciones de dichos cargos en un reglamento que, por las características de las situaciones que regula, se espera que sea estable en el tiempo y que no se vea afectado por el tipo de situaciones antes señalados”.
Fuente / Diario Financiero