(Estrategia) El presidente de la comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Alejandro García-Huidobro, quien investiga las causas del derrumbe que dejó atrapados a 33 mineros en el yacimiento San José, tiene la convicción de que el accidente pudo evitarse si no se hubiera faltado a la ley. Por lo mismo, está empeñado en investigar y establecer las causas que permitieron el reinicio de faenas saltándose la norma y los procedimientos del Sernageomin.
¿Qué balance hace de las primeras sesiones de investigación?
—La sensación de los diputados es que en Sernageomin se aplicaba algo inverosímil y que cuesta creer: suponían buena fe de los empresarios cuando comprometían acciones que debían realizar conforme a las fiscalizaciones para dar mayor seguridad, y las daban por realizadas con sólo presentar proyectos. Por ejemplo, la escalera en la chimenea de ventilación que comprometieron los dueños de la mina no se cumplió. Nadie fiscalizó.
¿Y qué pasó en la reapertura total de la mina en 2008?
—Respecto de la reapertura de esta mina vamos a determinar por qué se hizo mediante una carta, un oficio por funcionarios del Sernageomin que no tenían atribuciones, porque eso sólo lo puede hacer el director nacional mediante resolución. La ley es muy clara, se cerró la mina mediante una resolución, entonces, una reapertura parcial o total debió haber sido a través de una resolución. Hasta ahora no existe una respuesta que deje conforme a la comisión del porqué esto se hizo en forma ilegal. Los funcionarios del servicio que concurrieron a la comisión reconocen que fue en forma anormal e irregular, la pregunta a determinar es, ¿por qué?
¿Sernageomin tenía un trato distinto con esta empresa?
—La impresión que tengo es que había un trato preferencial, el tema es quién se los daba y por eso es tan importante el testimonio de los dueños y de quienes debían fiscalizar: el jefe de seguridad minera del Sernageomin y el director regional de este organismo.
¿Qué explicaría ese tratamiento?
—Lo determinará la investigación, pero pudo haber sido por una insistencia muy grande por parte de los dueños ante los funcionarios del Sernageomin.
Los dueños de la minera invocaron, en cartas al servicio, el impacto en el desempleo si se mantenía paralizada San José…
—Es un elemento bastante complicado, presionaron por esa vía, pero se preocuparon sólo de los cupos laborales y no de la seguridad de las personas que iban a trabajar en la mina.
¿Los propietarios de la minera confirmaron si irán a la comisión?
—El abogado de ellos dijo que estaban disponibles para esta semana, esperemos que asistan. Hemos resuelto citarlos por segunda y última vez. Si deciden no acudir a la comisión, entenderemos que no les interesa colaborar con nuestra investigación.
Pueden establecer responsabilidades políticas para quienes hayan cesado en sus cargos públicos en los últimos tres meses, como es el caso del destituido director del Sernageomin, Alejandro Vio, pero, ¿qué pasa con el resto de los involucrados?
—Sí, él hace poco que dejó de permanecer a la institución. Patricio Leiva, quien firmó la reapertura en 2008, sigue en funciones, pero lo importante es saber la verdad de lo ocurrido y ahí veremos las sanciones.
¿Qué sanciones pueden aplicar a los funcionarios públicos?
—Ya hay un sumario interno en Sernageomin y las penas van desde sanciones por faltas hasta la destitución. En paralelo tenemos el trabajo del fiscal que está investigando la implicancia penal, porque este yacimiento se abrió de manera ilegal; las escaleras no estaban, los planos no serían totalmente verosímiles, por lo tanto, es una investigación que recién comienza y va bien encaminada.
¿Dónde derivan situaciones si fueran constitutivas de delito?
—Si determinamos que hay la posibilidad de delito, inmediatamente lo vamos a entregar al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría General de la República.
De los antecedentes conocidos, se pudo haber evitado el accidente?
—Era absolutamente evitable. Hubo varios accidentes, cuatro personas muertas, heridos, se registró una explosión de roca –algo inusual en minería–, hubo mala gestión por parte de la empresa, advertencias permanentes respecto de la situación de inseguridad de los trabajadores; por tanto, esto era evitable. Esa mina no debiera haberse reabierto jamás. No se fiscalizó como se debía.
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