(La Tercera) El 28 de julio, Laurence Golborne y el subsecretario Pablo Wagner llegaron hasta la Comisión de Minería del Senado. En ese momento, la agenda de la cartera no estaba copada por el derrumbe de la mina San José -que ocurrió una semana después-, sino por la discusión del proyecto que regula el cierre de faenas mineras, elaborado por el gobierno de Bachelet.
En esa ocasión, ambas autoridades informaron los cambios que el gobierno había decidido hacer a la iniciativa mediante una indicación sustitutiva. La exposición ayer fue recordada por personeros de la Concertación, luego que la periodista Carola Fuentes en CNN Chile -con la colaboración de Ciper y la Universidad Diego Portales- denunciara irregularidades en los cierres de faenas mineras.
En la oposición subrayaron ayer que los cambios defendidos por Golborne y Wagner ante la Comisión de Minería del Senado apuntaban a reducir exigencias a las mineras planteadas en el proyecto.
Un cambio alude al ámbito de aplicación de la ley, donde el gobierno propuso excluir de la regulación las faenas de exploración. También se restringieron las empresas sujetas a la normativa de aquellas que explotan más de cinco mil toneladas al mes a las que explotan sobre 10 mil.
Otro punto que el gobierno eliminó del proyecto decía que se deben custodiar los antecedentes históricos de la vida útil de una faena o instalación minera. También se suprimió la obligación de la empresa de difundir el plan de cierre a la comunidad. Además, se suprime como sanción la clausura definitiva de faenas e instalaciones.
«El ministro Golborne sólo dio una explicación general sobre los cambios, que a nosotros no nos satisfizo», dijo ayer la senadora DC Ximena Rincón, miembro de la Comisión de Minería, mientras el socialista Juan Pablo Letelier afirmó: «El cambio en el proyecto es poco afortunado y da una mala senal al mercado porque se prioriza solo bajar los costos. El ministro ha relajado los estandares en vez de fortalecerlos». José Antonio Gómez (PRSD) añadió que «lo que hizo el gobierno fue rebajar las exigencias» y el PS Osvaldo Andrade pidió explicaciones.
Se trata de las primeras críticas a Golborne tras el rol que le cupo en el rescate a los 33 mineros, episodio que lo convirtió en el ministro con mayor aprobación ciudadana. El ministro descartó que el gobierno apunte a rebajar las exigencias a las mineras: «Eso es una falsedad. Hay ciertas materias respecto de la garantía que, como estaba originalmente planteada, tenía poco sentido económico poner una carga demasiado grande (a las mineras) en esa materia».
En la Alianza, en tanto, optaron por la prudencia. «Flexibilizar no significa que no esté garantizado el cierre de faenas. Pero analizaremos a fondo el proyecto, y si hay que rectificar cosas lo haremos», señaló Jaime Orpis, presidente de la comisión.
Empresa denunciada
Tanto en la Concertación como en la Alianza pretenden ir más allá del debate en torno al proyecto de ley y apuestan por revisar los procedimientos que se usan para cerrar las faenas mineras. En particular, apuntan a esclarecer otras denuncias presentadas en el reportaje televisivo, como el actuar de altos personeros de los gobiernos de la Concertación.
Según CNN Chile, la empresa Refimet -propiedad de Alejandro Noemi, ex vicepresidente ejecutivo de Codelco en el gobierno de Patricio Aylwin, y de Alfonso Dulanto, ex ministro de Minería de Ricardo Lagos- procesaba dos mil toneladas de concentrado de oro al mes, para lo que se usaba arsénico, un elemento venenoso. Los residuos eran trasladados a piscinas autorizadas por el Sernageomin, ubicadas en la comuna de Tiltil.
La empresa dejó de operar en 1993. Diez años después, cuando Dulanto ya era ministro de Lagos, un grupo de expertos alemanes visitó el lugar donde había existido la fundición. Ahí, también hallaron un depósito clandestino, que no contaba con ningún tipo de seguridad. Tras la visita de los expertos, los residuos fueron trasladados a las piscinas oficiales. Los investigadores, sin embargo, recomendaron al Sernageomin hacer nuevos estudios para determinar si ese traslado había generado contaminación en personas, ríos o tierras cercanas. La entidad, sin embargo, omitió las advertencias de los alemanes y tampoco alertó a la Dirección General de Aguas, al SAG o al Servicio de Salud.
En todo caso, en la Concertación evitaron ayer defender la actuación de Dulanto y Noemi.
«Cualquiera sea el propietario de una empresa de esa naturaleza, y genera esos pasivos ambientales, debiera responder, al menos, pecuniariamente», dijo el radical José Antonio Gómez.
Mientras, diputados del PPD y el PS ya recolectan firmas para solicitar la creación de una comisión investigadora que indague en la situación de los denominados relaves mineros. Esta indagación incluiría el caso de la empresa de Dulanto y Noemi.
Sin embargo, parlamentarios sostienen que esta comisión investigadora también buscaría establecer si hubo irregularidades en los gobiernos de la Concertación.
Incluso, el senador PPD Guido Girardi dijo que iniciarán acciones legales contra mineras privadas y Codelco por contaminación de relaves.
Fuente/La Tercera