Daniel Weinstein y caso Colbún: “Nuestro sistema de evaluación ambiental ha llegado a un punto que pone en peligro las inversiones”

Oct 1, 2024

Según el socio de Urzúa Abogados, la suspensión del proyecto de energías renovables por US$1.400 millones que iba a desarrollarse en la Región de Antofagasta “representa una muy mala noticia, sobre todo en momentos en que estamos viendo un estancamiento de la economía”.

La decisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta de dejar fuera de tramitación el proyecto de Colbún “Central Bombeo Paposo”, y que consideraba una inversión de US$1.400 millones, ha generado distintas reacciones en la industria.

Sumándose al debate, el socio de Urzúa Abogados y especialista en minería, Daniel Weinstein, precisó que este hecho devela una compleja realidad: “Nuestro sistema de evaluación ambiental ha llegado a un punto en que la burocracia, discrecionalidad y plazos ponen en peligro no solo las inversiones y el crecimiento económico, sino también cuestiones básicas como la salud y la vivienda. Construir un hospital, por ejemplo, se ha vuelto una tarea titánica, como se evidenció en el caso del Hospital de La Unión, paralizado por un hallazgo de fragmentos de cerámica y la consiguiente exigencia de consulta indígena por parte del Consejo de Monumentos”, dice el experto, haciendo alusión a la necesidad de que se realicen modificaciones significativas, tanto a nivel regulatorio como institucional.

Permisología: principal obstáculo

 ¿Qué opina acerca de la suspensión del proyecto de Colbún?

Qué duda cabe. Es una muy mala noticia, sobre todo en momentos en que estamos viendo un estancamiento de la economía. Me quedo con la frase que emitió el ministro Marcel respecto de que nadie debería alegrarse de que los proyectos de inversión se caigan.

¿Por qué hay tanta diferencia entre lo que señaló la compañía y lo que planteó el SEA?

Las palabras del ministro Marcel, señalando que «a veces hay funcionarios, unidades, etc., que se les pasa un poco la mano en estos procedimientos», y la remoción del director regional del SEA Ramón Guajardo (a propósito de este caso) hablan por sí mismas. Pero más allá de este caso puntual, hay instancias en las que ciertos servicios no cuentan con personal suficiente, lo que genera demoras y deficiencias, incluso cuando los funcionarios se esfuerzan al máximo. Es claro que, además de contar con leyes y regulaciones adecuadas, se necesita que los organismos encargados de su aplicación dispongan de los recursos y personal necesario para desempeñar bien su labor.

¿Cuán dañina es esta noticia para la competitividad económica del país? ¿Cree que están en riesgo las inversiones en Chile debido a la permisología ambiental?

La permisología ha sido el principal obstáculo para las inversiones en Chile desde hace bastante tiempo, particularmente en los sectores de energía y recursos naturales. Excluyendo el litio, que enfrenta desafíos particulares por su regulación especial, en minería la permisología es por lejos el mayor riesgo que enfrentan los inversionistas.

“El Gobierno está interesado en que se materialicen las inversiones”

También se conoció la renuncia del director del SEA de Antofagasta, Ramón Guajardo, a petición de la directora nacional, Valentina Durán. Pero este no sería el primer hecho de este tipo, pues en agosto del año pasado Durán también pidió la salida de Silvana Suanes, exdirectora regional del SEA Biobío, tras poner término anticipado a otro proyecto minero, de tierras raras. ¿Qué refleja este tipo de medida y qué señal se le está dando al mundo empresarial a partir de estas decisiones?

La señal es que el Gobierno está interesado en que se materialicen las inversiones, pero ciertos funcionarios no siempre están alineados con esa premisa. Las declaraciones de los ministros Marcel y Grau apuntan a una constante invitación a invertir, y lo mismo se refleja en las declaraciones de otras autoridades, como la ministra Williams y el ministro Pardow.

Refiriéndome a la pregunta, la remoción de estos funcionarios muestra, por un lado, la frustración de quienes deben dar la cara a los inversionistas y, por otro, una señal clara al mercado de que el Gobierno no desea que este tipo de situaciones se repitan.

El mismo día de la suspensión de este importante proyecto, hubo un anuncio de una inversión por US$4.600 millones de Arauco en Brasil. Ellos señalan que les tomó tres años obtener los permisos allá, mientras que en Chile podría haber tardado más de 10 años… ¿qué le parece?

Por más de dos décadas, Chile fue percibido como un oasis de inversión en Latinoamérica, lo que impulsó el crecimiento del país y trajo beneficios innegables para todos. Sin embargo, hoy enfrentamos mayor competencia no solo porque Chile ha perdido competitividad por varios factores en la última década, sino también porque otros países, antes fuera del radar de los inversionistas, ahora presentan oportunidades atractivas, al menos en apariencia. Hace unos años Argentina no era un destino de inversión minera, pero actualmente recibe importantes proyectos. Lo mismo ocurre con ciertos países africanos.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Sergio Gahona, criticó que “nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental ya está agotado y está muy expuesto a la discrecionalidad y los sesgos propios de los fundamentos ideológicos de los gobiernos de turno”. ¿Está de acuerdo con ese planteamiento? ¿Cree que podemos salir de esta encrucijada a partir de las reformas que se están analizando en el Congreso actualmente y que buscan combatir precisamente la permisología?

Es innegable que nuestro sistema de evaluación ambiental ha llegado a un punto en que la burocracia, discrecionalidad y plazos ponen en peligro no sólo las inversiones y el crecimiento económico, sino también cuestiones básicas como la salud y la vivienda. Construir un hospital, por ejemplo, se ha vuelto una tarea titánica, como se evidenció en el caso del Hospital de La Unión, paralizado por un hallazgo de fragmentos de cerámica y la consiguiente exigencia de consulta indígena por parte del Consejo de Monumentos Nacionales. Sin duda, se requieren modificaciones significativas, tanto a nivel regulatorio como institucional, comenzando por el propio Consejo de Monumentos.

 

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