(La Tercera) El presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, llamó este miércoles a lograr un acuerdo transversal, a nivel país, para el desarrollo de iniciativas de energía, ya que a su juicio, el hecho de no avanzar en ese sentido implicaría una reducción de las inversiones, tanto en el sector minero como en el de otras industrias.
En ese sentido, apuntó que en caso de no resolverse la situación, la actual condición significaría además, que el precio de la energía en el país se incremente considerablemente en los próximos años.
«Aquí hay una crisis ad portas real. Esta es una crisis real que está por producirse en el año 2015 o 2016, donde podemos tener un problema de escasez de energía o de duplicación del precio, lo cual va a afectar a toda la ciudadanía. Entonces echo de menos que haya una mayor conciencia generalizada del país de todos los actores relevantes para tomar las decisiones en el sentido de desobtaculizar el desarrollo de proyectos energéticos», esgrimió, añadiendo que esta responsabilidad no sólo es exclusiva del gobierno, sino que debe pasar por distintos grupos de decisión.
«Se lleva hace mucho rato diciendo que nos vamos a quedar sin energía, o que la energía no sólo va costar tres o 6 veces más que en Perú, 5 veces más que en Argentina, cuatro a 5 veces más que en Bolivia, va a ocurrir, y no se reaciona. Hace falta una visión de largo plazo de todos los actores», explicó.
«Es una cuestión que va más allá del periodo presidencial o de las próximas elecciones, es una cuestión que tiene que pensar en Chile en los próximos diez años y aburrirnos de pensar en las municipales», añadió.
En la ocasión, el líder gremial también mencionó que si el problema continúa, el sector minero perderá competitividad frente a otros, lo que generaría que se deje de invertir en el país, y que esos montos sean destinados a otros países con mejores condiciones energéticas.
«Eso significa que dejaremos de ser competitivos, ya hoy día el insumo energía representa un porcentaje mucho mayor en los costos fijos de una empresa que lo que representan otros países del mundo. En el sector minero ya representan el 20% y en otros países no es más que el 5% o 6%. Son elementos que van constribuyendo a que Chile vaya perdiendo competitivad, y al ir perdiendo competitividad hay inversiones que ya no se hacen. Hay decisiones que ya se están postergando en el país y son reales, no son parte del imaginario», advirtió, acusando que básicamente, «lo que está ocurriendo es que hay demandas sociales que el actual sistema no ha sido capaz de canalizar adecuadamente y eso es lo que está produciendo una paralización en la toma de decisión de todo tipo».
Ahora bien, consultado sobre si aún es tiempo para que se emprenden acciones que mitigen la falta de energía que se proyecta para el futuro, Villarino manifestó que «siempre estamos a tiempo, igual podemos tener energía al 2017, pero que cueste dos veces más de lo que vale hoy día, que ya es 3 veces o 4 veces más cara que el promedio latinoamericano».
Con todo, añadió que es necesario «transparentar la realidad y decir que si seguimos por esta senda no se van a realizar inversiones en muchos sectores entre otros en el minero. La contrapartida dice que no será así y en cinco año más, cuando no hayan inversiones y los mismos recursos se vayan a otros países con condiciones de competitividad mejores, Chile va a reducir su recaudación fiscal, va a haber menor desarrollo regional y por lo tanto le vamos a pegar una patada a la ansiada calidad de país desarrollado a cinco o diez años más».
EVALUACION DE PROYECTOS
Otro de los dardos que lanzó Villarino tuvo relación con las condiciones mediante las cuales se evalúan los proyectos medioambientalmente. En ese sentido, estableció que los permisos se han transformado en un obstáculo definitivo.
«Aquí hay una permisología que está transformándose en un obstáculo definitivo, y no sólo de tipo ambiental. Hemos visto proyectos mineros que desde que comienzan hasta que se ejecutan requieren más de 700 permisos, en algunos casos superan los 1.000», apuntó.
Sin embargo, reconoció que se han realizado esfuerzos por arreglar las trabas de la tramitación ambiental, pero esbozó que esto no se ha realizado con la rapidez que el problema requiere.
«Creo que se está avanzando, pero no con la premura que tiene que avanzarse. Creo que todos estos procesos están sometidos a un nivel de conflictividad que definitivamente significa no pensar en el Chile de mañana, significa pensar en un Chile más cortoplacista», consignó.
«En el fondo lo que el mundo empresarial, energético, industrial, minero quiere, es que se le pongan las reglas claras y que le den certeza jurídica. Al final si esto significa más costo los empresarios saben que lo meten en su ecuación para ver si el proyecto es viable o no es viable… Lo que es inaceptable es que después de que se inviertan US$500 o US$600 millones se paralicen las obras por el permiso 1040 que no se sabía que tenía que obtenerse, eso está produciendo una crisis en el desarrollo», concretó.
Fuente / La Tercera