La pregunta es simple, pero incómoda: si una empresa puede pagar menos impuestos de manera completamente legal, ¿debería hacerlo?
Durante años, la respuesta habría sido un categórico “sí”. Hoy la legalidad sigue siendo indispensable, pero ya no parece suficiente.
Durante décadas, incluso la industria minera ha gestionado los impuestos bajo una lógica relativamente simple: cumplir la ley, optimizar la carga tributaria y defender las posiciones adoptadas frente a eventuales revisiones de la autoridad. Ha sido un modelo técnico, eficiente y acorde con los estándares de su tiempo.
Sin embargo, el contexto cambió.
Así como la industria minera ha debido adaptarse a crecientes exigencias ambientales, sociales y de gobernanza, hoy enfrenta una transformación equivalente en materia tributaria.
La sostenibilidad tributaria se está consolidando como un nuevo estándar de gestión empresarial, especialmente relevante para una actividad sometida a permanente escrutinio público y cuyo aporte al desarrollo del país es estratégico. No es casual que la minería chilena vincule su desarrollo sostenible con la confianza, la transparencia y la licencia social para operar.
Los impuestos dejaron de ser una materia reservada a especialistas; forman parte de las discusiones sobre gobierno corporativo, sostenibilidad, reputación y gestión de riesgos. Ya no basta con adoptar una posición técnicamente legal; también es necesario que el directorio y la alta administración puedan explicarla y sostenerla frente a todos los grupos de interés.
Este cambio es resultado de una evolución internacional impulsada por la OCDE, que ha promovido modelos basados en transparencia, colaboración y gestión preventiva del riesgo tributario.
Chile ha avanzado decididamente en esa dirección. La Ley N° 21.713 y las Resoluciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) establecieron una nueva institucionalidad orientada a la sostenibilidad tributaria. Su objetivo es crear un mejor ambiente de negocios, incentivar capacidades internas de los contribuyentes para gestionar adecuadamente la función tributaria, fortalecer la confianza y permitir a la autoridad fiscalizadora redireccionar las auditorías hacia contribuyentes de alto riesgo.
En este contexto, adquiere especial relevancia el Marco de Control Fiscal, definido como un sistema interno real y efectivo orientado a identificar, evaluar, mitigar y monitorear riesgos tributarios de manera continua.
En una industria caracterizada por proyectos de gran escala, inversiones intensivas de capital, estructuras complejas y múltiples grupos de interés, la gestión tributaria debe concebirse como integrante de la gobernanza corporativa y de la gestión estratégica de riesgos y oportunidades.
La sostenibilidad tributaria supone contar con una estrategia fiscal clara, una adecuada gobernanza, una matriz de riesgos, procesos documentados, mecanismos de publicidad y una participación efectiva del directorio. En definitiva, implica administrar los impuestos con el mismo rigor con que se gestionan la seguridad, el medio ambiente o los riesgos operacionales.
En una industria donde la certeza del entorno normativo y la licencia social para operar son activos estratégicos, la sostenibilidad tributaria aparece como una extensión natural de las buenas prácticas de gobernanza. No se trata de buenismo tributario ni de renuncia a la eficiencia tributaria, sino una forma más sostenible y lúcida de crear valor.
Al igual que los minerales críticos para la transición energética, la confianza se ha convertido en un recurso estratégico para el desarrollo empresarial. Y en el nuevo paradigma tributario, esa confianza se construye sobre transparencia, evidencia, colaboración y una gestión estratégica de los riesgos y las oportunidades. Ahí aparece un nuevo valor de la tributación minera.