Rompiendo paradigmas

Nov 6, 2019

Los acontecimientos de los últimos días nos exigen un análisis crítico del modelo económico y social que nuestro país se ha dado. Este análisis requiere que rompamos paradigmas en base a los cuales hemos tomado las decisiones que nos han llevado a la crisis social que hoy vivimos. Este modelo económico se sustenta en políticas […]

Los acontecimientos de los últimos días nos exigen un análisis crítico del modelo económico y social que nuestro país se ha dado. Este análisis requiere que rompamos paradigmas en base a los cuales hemos tomado las decisiones que nos han llevado a la crisis social que hoy vivimos. Este modelo económico se sustenta en políticas públicas escritas y no escritas, que han permitido que nuestro país avance en su desarrollo, pero con una gran inequidad.

La minería, sector que ha sido pilar relevante en este desarrollo económico, debe replantearse su estrategia, definiendo con una visión de mediano y largo plazo una reclamada Política Minera, orientada a maximizar su aporte a la sociedad y teniendo a la vista las demandas que los chilenos hacen. Diversos actores del sector como Voces Mineras, el Consejo Minero y universidades han planteado reiteradamente la necesidad de definir esta Política, e incluso han generado propuestas que han sido canalizadas a la autoridad, sin mayor éxito.

Para definir esta Política Minera se requiere eliminar paradigmas imperantes en nuestros economistas y políticos. Para ello es relevante reconocer que en nuestro país en las últimas décadas han predominado diversos paradigmas que condicionan y limitan el accionar de nuestros gobernantes y, por ende, las estrategias que se definen para avanzar en el desarrollo de nuestra sociedad. Muchos de estos paradigmas no tienen asidero alguno y son fácilmente cuestionables al observar las prácticas de países desarrollados, y al revisar informes y recomendaciones de la OECD para Chile.

Algunos de estos paradigmas son:

A. El estado no debe Planificar, hay que dejar que funcione el mercado

Chile tuvo alguna vez la función de planificación que radicaba en la ODEPLAN y luego en MIDEPLAN, organismo que décadas atrás fue desmantelado de sus capacidades de planificación para relegarlo a un rol de asistencia social. ¿Quién planifica hoy el Chile de mañana? Nadie; no existe ninguna organización en el Estado con este rol.

Algunos chilenos piensan que no corresponde al Estado el papel de planificar, que todo se debe dejar al mercado. Sin embargo, la misma OECD[1] da cuenta que “tener una economía abierta no será suficiente para obtener los beneficios de las nuevas fronteras”. A su vez indica: “Chile carece de un proceso formal, o un espacio institucionalizado para planificar y construir escenarios. Hay algunas iniciativas, incluyendo la Política Energética 2050, pero no hay una función estratégica de alto nivel dedicada a analizar futuros potenciales para informar al proceso político… Un espacio orientado hacia el futuro para fijar estrategias es esencial…”

B. Hay que “reducir el tamaño del Estado”

Este paradigma adolece de toda base, ya que si revisamos la data informada de los países que conforman la OECD, nuestro Estado es significativamente el de menor tamaño. La forma de medir el tamaño del Estado es mediante el porcentaje que representa el gasto público sobre el PIB total del país, el cual en el período 2010-2017 ha variado en Chile entre 23% y 25%, en Australia entre 34% y 36%, en Finlandia entre 54% y 58% y en Estados Unidos entre 38% y 44%.

La OECD recomienda para el país “movilizar recursos públicos y ampliar las inversiones públicas a montos que reflejen los desafíos globales”. Este aumento del gasto lo ejemplifica en el sector agroalimentario, dando cuenta habría que multiplicar por ocho los recursos que Chile pretende movilizar en el período 2014 a 2025 para mejorar la competitividad de este sector.

C. El Estado y las empresas públicas

Nuestro país hizo un profundo proceso de privatización de sus empresas públicas, aduciendo en muchos casos que la gestión de éstas estaría mejor en manos de privados. Pero, ¿es realmente así o es que nuestros gobiernos no lo han hecho bien? A modo de ejemplo, ¿ha sido Codelco administrada en forma eficiente por el Estado o, mejor dicho, por los gobiernos de turno? Con una ley que le obligaba a dar el 10% de sus ingresos a las Fuerzas Armadas, sin política de reinversión de sus utilidades debiendo apelar año a año por un presupuesto de inversión, sin política de adquisición de nuevas propiedades mineras en el país y/o en el extranjero que le permita diversificar su portafolio y su riesgo, y sin continuidad de la administración superior de la empresa, es muy difícil concluir que se le ha administrado bien; pareciera ser que nuestro país no ha sabido hacer bien la tarea.

En total contraste, Estados Unidos ha dado evidencia de pensar que el Estado puede ser un muy buen empresario. En 2009, debido a la crisis económica mundial, General Motors se declaró en quiebra. Para su reestructuración el gobierno estadounidense le inyectó un total de US$50.000 millones, quedándose a cambio con el 60% de las acciones, y teniendo como socio al gobierno de Canadá, el cual se hizo de un 25% de la propiedad. Luego de una exitosa gestión, el gobierno a fines de 2013 vendió sus últimas acciones en la GM, entregando una empresa competitiva y con significativas utilidades.

Actualmente, aproximadamente el 22% de las 100 empresas más grandes del mundo están en control estatal, el mayor porcentaje en décadas[2]. Muchas de ellas operan en sectores con importantes roles en los encadenamientos productivos, tales como servicios públicos, manufactura, minería y metales, y petróleo. Por otra parte, se ha producido una rápida internacionalización de éstas mediante adquisiciones y fusiones. Por ejemplo, Alemania tiene más de 15.000 empresas estatales, las cuales son principalmente de servicios públicos (transporte,

agua, electricidad), bancos, pero también tiene un 11,8 % de las acciones y un 20% de los votos de la automotriz Volkswagen[3].

D. El desarrollo lo lograremos fundamentalmente a partir de empresas de base tecnológica

La carrera tecnológica global es muy desafiante para economías como Chile, que invierte sólo el 0,36% del PIB en investigación y desarrollo, donde sus Centros de Investigación deben luchar por recursos “proyecto a proyecto”, y donde no existe una demanda sofisticada de tecnología en función de su estructura productiva centrada en recursos naturales. Esto conlleva a que Chile no tiene los recursos ni el tiempo para centrar sus expectativas de desarrollo en la creación de empresas nacionales de base tecnológica. Debe seguir con estos esfuerzos, pero entendiendo que no es la respuesta al problema planteado.

Países que han logrado, con base en esta estrategia, el desarrollo en el último siglo, tales como Corea del Sur, Japón, Finlandia, han implementado medidas drásticas, como fuerte inversión en investigación y desarrollo, fuertes medidas proteccionistas de sus empresas, creación de empresas estatales de base tecnológica (Corea del Sur, Finlandia[4]), soporte a la consolidación de empresas de modo lograr significativas economías de escala, y apertura gradual de sus economías en función del logro de la competitividad de sus empresas locales.

Una estrategia muy distinta es la seguida por Singapur. Este país, que se mantiene dentro de los tres países más competitivos del mundo y con un PIB que cuadruplica el nuestro, ha construido una sociedad del conocimiento con base en la atracción de empresas internacionales. Algunas medidas implementadas por su gobierno han sido privilegiar que su gente tenga empleo y una educación sofisticada; desarrollar infraestructura y una plataforma de servicios de clase mundial que apoye la competitividad de las empresas; generar fuertes incentivos económicos a la instalación de empresas multinacionales tecnológicas, con el Estado como socio en la creación de Centros de Investigación y Desarrollo de nuevas tecnologías y productos; generar empresas en asociación con multinacionales; y posicionarse como la puerta de entrada a la región de Asia Pacífico.

Finalmente, cabe preguntarse ¿quién debiera definir la Política Minera?, ¿qué rol pueden y debieran tener profesionales del sector? Nuestros gobernantes tienen diversas formaciones, pero suelen ser de sectores totalmente ajenos a la minería. A modo de ejemplo, la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados está conformada por 13 diputados, de los cuales ninguno es del sector minero, ya sea por profesión o experiencia. Estimo relevante que el sector sea más proactivo en esta coyuntura que vive el país para participar activamente en la formulación de la Política Minera que Chile necesita. Si no es ahora, ¿cuándo?

 

[1] Caminos de Desarrollo, Examen de las Políticas de Transformación Productiva de Chile, OECD 2018

[2] Ref: The size and sectorial distribution of SOEs in OECD and Partner Countries, OECD

[3] Ref: State-Owned Enterprises, Catalysts for public value creation?, 2015, pwc, J. Sturesson, S. McIntyre, N. Jones

[4] A modo de ejemplo minero, la empresa finlandesa Outotec fue 100% estatal hasta que logró su competitividad internacional, y aún hoy el Estado mantiene parte de la propiedad a través de una empresa estatal de inversiones

 

 

 

Irene Astudillo Fernández

Socia de Voces Mineras A.G.

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