La llegada de 2016 encuentra a la industria minera en pleno proceso de ‘apriete de cinturón’. Ya no son los tiempos de altos precios del cobre y holguras presupuestarias. La búsqueda de espacios para reducir costos alcanza a todas las áreas. La pregunta que surge inmediatamente es cómo afecta este nuevo escenario a las decisiones sobre relacionamiento con las comunidades e inversiones asociadas.
Mientras la industria minera se ajusta a la nueva realidad, otros procesos mantienen sus tendencias sin mayor cambio. Así ocurre, por ejemplo, con los estándares de referencia sobre minería y sustentabilidad socio-ambiental, cuya tendencia es siempre a regulaciones más exigentes. Hace pocas semanas el Consejo Internacional de Minería y Metales hizo pública la segunda edición de su Guía de Buenas Prácticas ‘Pueblos Indígenas y Minería’, en que explicita lo que se espera de las empresas asociadas para cumplir con el compromiso de trabajar para obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas por sus actividades.
Otro ejemplo es el trabajo que está desarrollando el Gobierno de Chile para elaborar un primer Plan de Acción Nacional sobre empresas y derechos humanos, cuyo marco de referencia es precisamente la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos de acuerdo con los Principios Rectores sobre la materia aprobados por Naciones Unidas en 2011. Al mismo tiempo, diversas iniciativas públicas y privadas, como Valor Minero, están desarrollando procesos de diálogo y reflexión sobre qué significa generar una minería inclusiva en estos tiempos.
Por otra parte, para una economía abierta y globalizada como la chilena, las buenas prácticas que promueven otros países también tienen consecuencias directas. Así, durante 2014 el Gobierno de Canadá presentó su ‘Modelo de negocios canadiense: Estrategia para promover la responsabilidad social corporativa en el sector extractivo canadiense en el extranjero’, fijando claramente lo que se espera de las empresas mineras de capitales canadienses en Chile.
Las comunidades receptoras de inversiones mineras son claras en sus expectativas: quieren participar activamente en el proceso de identificación y evaluación ambiental de los impactos que genera la minería y las medidas que se proponen para mitigarlos; quieren un modelo de desarrollo que incluya sus propias visiones y prioridades para el futuro; y quieren por cierto aprovechar mejor las oportunidades y beneficios que genera la minería. Y, evidentemente, no esperan que estos tiempos de ajuste de la industria impliquen de pasada un ‘ajuste a la baja’ de la prioridad (y recursos) que las empresas mineras asignan a las relaciones con sus comunidades vecinas.
No cabe duda que las relaciones comunitarias se traducen siempre en decisiones de presupuesto. Sin embargo, lo que nos muestran todos los estándares ya mencionados es que existe en las empresas un gran espacio de mejora en términos de la implementación de políticas y procesos internos que permitan avanzar hacia una gobernanza a tono con dichos estándares. Pero la instalación de políticas y procesos en materias tan sensibles como comunidades, pueblos indígenas y derechos humanos requiere asignar tiempos adecuados, mucho diálogo y maduración. Vale la pena el esfuerzo.