Como gremio de proveedores de la minería en Chile observamos con preocupación el avance de las normas relativas al Estatuto Constitucional sobre Minerales en la Convención Constitucional. Nos sumamos al llamado de alerta que están realizando actores del ecosistema minero en el país, ante la próxima votación de este articulado en el Pleno de la instancia el próximo sábado.
Recordemos que esta semana la Comisión de Medio Ambiente votó el informe de reemplazo, luego de sufrir el rechazo por parte del Pleno sobre su Segundo Informe.
En el texto actualizado, cuando se habla que el Estado tendrá la exclusividad de la actividad minera “sobre los hidrocarburos en estado líquido o gaseoso, litio y tierras raras”, pensamos que nos encontramos frente a un nuevo intento de estatización del sector, completamente extemporáneo, desconectado de la realidad que afecta a las regiones, las empresas productoras y proveedoras, así como los profesionales que trabajamos con entusiasmo y dedicación en esta actividad.
Algo similar ocurre con el cobre donde, donde si bien se permite que el Estado se asocie a empresas privadas para explotarlo, se subraya que se debe resguardar “la participación mayoritaria” de este. Es cosa de mirar con calma la industria y sabremos que eso es impracticable y que perjudicará la recuperación económica de la mano de la minería.
¿Cuál podría ser el incentivo de invertir en la industria del cobre bajo estas nuevas reglas del juego? ¿Está el Estado realmente preparado para hacerse cargo de prácticamente toda la actividad minera en el país?
También hay una contradicción, porque mientras el fantasma de la nacionalización se respira en todas estas normas, otro artículo señala que “la ley regulará las regalías u otro tipo de compensaciones patrimoniales que deberá percibir el Estado por la explotación y aprovechamiento” de este tipo de sustancias. No se entiende que, en paralelo al afán estatizador, se pretenda incluir al royalty -que hoy se discute como una ley- en la futura Carta Magna. Pareciera que no quedarán empresas para pagar ese impuesto porque serán todas estatales…
Pero eso no es todo. Los convencionales de la Comisión de Medio Ambiente han insistido en reemplazar el actual concepto de concesiones mineras (autorizadas por la vía judicial) por autorizaciones temporales sujetas, a una serie de arbitrariedades, en una dirección completamente opuesta al llamado de diversos especialistas -sin militancia política- que han pedido no añadir más incertezas jurídicas al desarrollo de esta actividad en Chile.
La minería trae progreso, empleos, aportes sociales y permite, a través de la tributación, financiar grandes reformas que permiten hacer de Chile un mejor país para todos. También consideramos relevante aprovechar esta oportunidad de dar garantías de que su desarrollo sea sustentable en todo ámbito. Aún es tiempo de enmendar el rumbo y no poner el riesgo la principal actividad económica del país.