La discusión sobre inversión minera no es ideológica, es profundamente estratégica. Chile tiene los recursos, la experiencia y el talento, pero hoy el desafío está en convertir potencial en ejecución. Asimismo, contamos la capacidad para generar nuevos activos de valor agregado como conocimiento, procesos, sistemas digitales y nuevas prácticas que puedan ser la base para el desarrollo de proveedores mineros de clase mundial.
En un mundo que demanda más cobre, más litio y cadenas de suministro confiables, la pregunta no es si Chile puede atraer inversión, sino qué tan rápido y con cuánta certeza puede hacerlo. Las decisiones que se tomen en los primeros meses del nuevo gobierno serán determinantes para definir si el país vuelve a liderar el ciclo minero global o si observa cómo el capital se reasigna hacia jurisdicciones más predecibles.
Desde una mirada estratégica, Chile no compite solo con países vecinos, sino por Capex global, donde la predictibilidad institucional y la capacidad de ejecución país se vuelven tan relevantes como la calidad del recurso geológico.
El nivel de cautela que observamos hoy en la inversión minera no responde a una falta de interés en Chile ni a una visión pesimista del sector. Por el contrario, responde a un enfoque mucho más selectivo y disciplinado de asignación de capital, propio de proyectos de gran escala, intensivos en Capex y con horizontes de 20 o 30 años.
Si miramos la cartera minera reciente, podemos identificar tres grupos de proyectos particularmente relevantes. En primer lugar, están las grandes expansiones cupríferas y proyectos de continuidad operacional, como nuevas concentradoras (4ª Línea de Collahuasi Nueva concentradora Los Colorados en Escondida) o ampliaciones de capacidad en faenas existentes (Plantas desaladoras, botaderos, nuevas líneas de molienda). Estos proyectos concentran montos de inversión muy significativos, del orden de varios miles de millones de dólares cada uno, y son clave para sostener la producción futura del país. Muchos de ellos se encuentran en etapas avanzadas de evaluación técnica, pero aún sin resolución ambiental definitiva.
En segundo lugar, aparecen los proyectos asociados al litio, donde Chile enfrenta un doble desafío: capturar una oportunidad estratégica global y, al mismo tiempo, definir con claridad el modelo de desarrollo, las asociaciones público-privadas y los estándares ambientales, especialmente en el uso del agua y nuevas tecnologías de extracción. Estos proyectos tienen un peso creciente dentro de la cartera, pero su avance ha sido más lento de lo que el mercado global demanda. Por ejemplo, el Proyecto Salares Altoandinos, desarrollado por Enami en asociación con Rio Tinto, con una inversión estimada de US$3.200 millones.
Finalmente, existen proyectos de alta visibilidad pública que han enfrentado procesos largos de evaluación y judicialización, lo que ha elevado significativamente su riesgo percibido. Más allá del caso específico de cada iniciativa, estos ejemplos han tenido un efecto sistémico en la percepción de riesgo regulatorio del país, como son el Caso del proyecto Portuario Minera Dominga, la expansión Los Bronces Integrado y el Proyecto Rajo Inca de Codelco.
Del total de proyectos de la cartera actual de inversiones en Minería para Chile, un 41% corresponde a proyectos con alto grado de certeza, el segundo grupo son proyectos potenciales, con mayor incertidumbre de materialización, representan el 40% del valor total de la cartera minera futura, sujetos a definiciones técnicas, ambientales, sociales o financieras. Pero además, existe un 19% de proyectos, calificados de probables o posibles, que requieren avanzar en aspectos críticos como permisos, ingeniería, acuerdos comunitarios o decisiones formales de inversión. La activación o postergación de los proyectos de esta cartera no es marginal: define la trayectoria de inversión, empleo y recaudación del país para la próxima década.
Ad portas de un nuevo gobierno, se advierten tres señales tempranas que pueden tener un impacto muy significativo, y en las que creo que hay mucho consenso transversal.
La primera es avanzar decididamente en certeza y eficiencia en la permisología, no reduciendo estándares, sino mejorando coordinación, plazos y trazabilidad. La industria necesita saber cuánto demora un proceso, qué hitos tiene y bajo qué condiciones se puede avanzar. La incertidumbre es mucho más dañina que la exigencia.
La segunda señal clave es la certidumbre tributaria para proyectos de largo plazo. En minería, más que el nivel puntual de carga tributaria, lo relevante es la estabilidad de las reglas del juego. Un marco claro y predecible reduce el costo de capital y permite que proyectos marginales se transformen en inversiones viables. En esta línea, en el pasado reciente basta analizar lo ocurrido durante la dilatada discusión del Royalty Minero y la caída o postergación en las inversiones (aunque es cierto que este nuevo ciclo minero viene con un gran empuje de la demanda internacional por minerales como el cobre y el litio).
La tercera señal tiene que ver con una gobernanza clara del sector, con foco técnico, coordinación público-privada efectiva y una narrativa país consistente. Chile necesita mostrar que tiene una estrategia minera moderna, que entiende los desafíos ambientales y sociales, pero que también valora la inversión como motor de desarrollo. En esto, todos hemos sido testigos en el pasado de señales confusas en que se invita al capital extranjero, pero posteriormente en la práctica se dificulta su materialización, pese a sus claros aportes al triple valor económico, social y ambiental. Me refiero al caso de Statkraft, en el sector eléctrico, los impactos para la inversión extranjera son transferibles a la minería.
Si bien las exportaciones de recursos naturales deben abordar los desafíos de sostenibilidad, su rápido crecimiento requiere acciones adecuadas para no volver a instalar el desarrollo económico como antagonista del desarrollo social y ambiental, muy por el contrario se debe avanzar, como bien a indicado Eduardo Bitrán, en múltiples ámbitos, “es necesario un modelo trasformador de capital natural agotable a capital sostenible, mediante el desarrollo de círculos virtuosos, en que se invierte en capital humano, capital de conocimiento y se generan demandas de empleo sofisticado”, que son fundamentales para un nuevo ciclo exportador de productos y servicios de valor agregado.
Creo que si estas señales se materializan temprano, el impacto para el país sería significativo: reactivación de la inversión, fortalecimiento de encadenamientos productivos, empleo regional, mayor recaudación fiscal y, sobre todo, una posición más sólida de Chile en un mercado global cada vez más competitivo por capital minero.
