Lo que está en juego con el nuevo royalty

En el escenario actual, resulta oportuno y consecuente expresar preocupación al ver la liviandad y falta de conocimiento de las externalidades negativas con la cual nuestra clase política pretende implementar políticas públicas en torno a la principal industria nacional, a propósito del proyecto de “Royalty” a la minería, aprobado por la Cámara de Diputados y enviado al Senado.

Como miembros activos de dicha industria, es importante aclarar que no estamos en contra del concepto “Royalty”, sino que nos inquieta la inexistencia de un estudio serio, técnico y cuantitativo sobre el impacto que tendría en las inversiones, herramienta principal para salir del subdesarrollo.

Desde un punto de vista comercial, no sería lógico participar en una industria en la que en ciertos escenarios se tenga una carga impositiva sobre el 80% (dato proporcionado por Cochilco), ¿quién en su sano juicio haría negocios en esas condiciones? Considerando además las potenciales consecuencias negativas: baja en la inversión extranjera, caída de proyectos, cierre de mediana minería, hasta la salida de capitales extranjeros.

Sí, estamos a favor del cambio. Creemos que es momento de renovar el pacto entre las grandes mineras y el país, especialmente con foco en las regiones, pero de forma seria, equilibrada y con mirada a futuro.

El inicio del proceso constitucional que viviremos este fin de semana es la muestra más clara de que es momento de sentarnos a conversar sobre un nuevo pacto, donde no solo se discutan impuestos, sino también compromisos sociales con la comunidad, el medioambiente, el desarrollo de pymes locales, participación de mano de obra local, igualdad de género y tanto más.

Sólo pedimos responsabilidad frente a una determinación tan relevante para tantos actores y no cortar las alas de una industria que ha aportado importantes beneficios a las regiones donde opera y al país. ¿Algunos de ellos? Desde junio de 2019, casi 10 mil oportunidades de negocios para más de 1.500 pymes locales registradas en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, lo que se ha transformado en más de $60.000 millones adjudicados a pymes locales, en un plazo de pago de 7 días, a través del Programa de Compra Local de BHP operado por Sawu.

No somos parte de un frente “Anti Royalty” ni mucho menos, somos una de las tantas instituciones Pro Pyme que busca generar una relación sólida a largo plazo con los grandes actores de la industria minera, y para eso creemos que las bases de la conversación de un tema tan importante como este deben estar construidas por acuerdos que nos beneficien a todos. No oportunidades políticas que nazcan de intereses coyunturales.