La minería, dado el carácter esencialmente inmueble de los yacimientos y su condición de actividad intensiva en capital y largos periodos de maduración, incurre en riesgos políticos mas que probablemente ninguna otra actividad industrial. Por ello, y en claro contraste con la nacionalización del cobre que terminó con la inversión extranjera en la gran minería a principios de los años 70, Chile desarrolló a partir de 1980 un marco inversional minero, que cuelga fundamentalmente de la protección del derecho de propiedad, de acuerdo al artículo 19 número 24 de la actual Constitución Política. A partir de dicho precepto se estructuró la Ley Orgánica de Concesiones Mineras y el Código de Minería, que establecieron el régimen de amparo de las concesiones mineras de exploración y explotación, y particularmente la indemnización en caso de expropiación según el valor presente de los flujos futuros del yacimiento correspondiente.
Por otra parte, en materia de inversión extranjera se desarrolló el DL 600, que establecía el Estatuto de Inversión Extranjera y que facultaba al Estado para firmar contratos leyes con los inversionistas que protegían su inversión, dando mayores garantías al empresario minero.
Pues bien. El DL 600 fue derogado en la reforma tributaria de 2014, puesto que ya no era necesario garantías especiales dado que Chile ya estaba graduado como “país estable”, la “Suiza de Latinoamérica”, un verdadero “oasis”. Y ahora enfrentaremos durante los próximos dos años, a partir del estallido social, la discusión constitucional que tendrá que decidir, sobre una “hoja en blanco” y por al menos 2/3 de los miembros de la Convención Constitucional, si ese régimen de protección a la propiedad minera se mantiene. Digámoslo de frente: esa nueva Constitución será probablemente mínima (solo contendrá lo que sea posible acordar por 2/3 de los votos) y se prevé muy difícil que mantenga los regímenes de protección a la inversión minera que garantiza la actual. Es cierto que las garantías a la inversión están contenidas en otros instrumentos jurídicos, tales como tratados internacionales bilaterales. Pero no podemos cerrar los ojos a que “Chile cambió” en múltiples dimensiones, como dice el cliché, pero especialmente para la minería.
[La minería debe desarrollar su “oferta de valor” para Chile y los territorios donde opera si quiere salir airosa de estos tiempos revueltos.]
Sin embargo, no todo es desafío. En el lado positivo de la ecuación, el debate constitucional encuentra a la minería chilena relativamente bien parada para enfrentarlo. Por un lado, cualquier intento de reducir el rol de la minería privada en Chile choca de frente con la ineficacia del Estado como empresario minero: en la gran minería mundial no hay hoy un peor accionista que el Estado chileno en su rol de dueño de Codelco. Sin duda puede atribuírsele a la Codelco estatal un sinnúmero de virtudes, incluida la convivencia virtuosa con la minería privada y con Enami, y sus gigantescas contribuciones al erario fiscal. Pero si de desplegar todo el potencial minero de Chile se trata, la inversión privada es crítica pues Codelco sería estructuralmente incapaz de hacerlo solo.
Por otro lado, a estas alturas ya existe evidencia acumulada por 30 años y números muy duros respecto de la contribución de la minería privada al país. Exportaciones, PIB, impuestos, empleo, regionalización, formación de profesionales y técnicos, desarrollo de conocimientos, tecnologías, emprendimientos, etc. Sin minería privada Chile sería un país mas pobre, menos diverso, menos desarrollado humana y económicamente, mas centralizado y menos relevante en el contexto internacional.
Finalmente, la minería internacional, y por supuesto también Codelco, han encontrado en los últimos años una justificación y un propósito que las hace indispensables para el mundo. No hay progreso tecnológico posible sin minerales. La digitalización, la generación de energías renovables, la electromovilidad, la urbanización, la descarbonización, y todos aquellos fenómenos que aspiramos como humanidad, están conectados a los minerales y especialmente al cobre y al litio. Sin minería no hay desarrollo tecnológico. Este aserto nos pone como nunca en la mano un nuevo relato para nuestra actividad: la minería como pieza fundamental de un mundo mejor. Pero nos impone también una responsabilidad: la minería -para asegurar su propia sustentabilidad- debe ponerse a la altura de dichos desarrollos tecnológicos y de las exigencias de sus consumidores finales, y convertirse genuinamente en una palanca para un mundo mejor en las dimensiones ambientales, sociales y productivas.
La minería privada chilena ha estado estructuralmente “seteada” los últimos 30 años para una posición defensiva: para cautelar las condiciones inversionales y marcos legales transparentes y estables que permiten su desarrollo. Pero lo que viene los próximos dos años -en particular la discusión constitucional y también el Chile que reclama por igualdad y dignidad- pone a la minería en la urgencia de desarrollar otros músculos totalmente distintos de los defensivos: la minería debe desarrollar su “oferta de valor” para Chile y los territorios donde opera si quiere salir airosa de estos tiempos revueltos.
La minería debe considerar su inversión integralmente e incluir todas las variables socio-ambientales en las que tiene algo que decir. Pero también la minería debe convertirse en una verdadera “Plataforma de Futuro Para Chile”. Y ese documento ya está disponible, fruto del trabajo público-privado desarrollado en 2014 y de los programas y proyectos que de ahí han nacido. El desarrollo serio de la Política Minera de Chile, liderada hoy por el Ministerio de Minería, no puede escapar de estas consideraciones y debe apurar el tranco para enfrentar el escenario que se abre. Las condiciones básicas para hacer posible ese pacto, en su mayoría, ya están, y es responsabilidad principal de los mineros ejercitar estos nuevos músculos para lograrlo en beneficio de la minería y del país. Así lograremos una mejor minería para un mejor país.