El nuevo Royalty a la Minería: un factor de desincentivo a la Inversión

En mayo pasado la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Royalty para la Minería despachando la iniciativa al Senado. En aquel momento varias organizaciones que reúnen a compañías mineras y a proveedores presentaron su preocupación al respecto, llegando incluso a declarar que este nuevo impuesto significaría terminar la minería en Chile. Las manifestaciones sobre el impacto negativo en el sector minero han continuado hasta la fecha, presentando análisis técnicos responsables y objetivos, otros en tanto, han estado marcados por prejuicios e ideologías.

El royalty minero tiene como objetivo compensar al Estado por el deterioro patrimonial como consecuencia de la extracción de recursos naturales de su propiedad y que han sido entregados a privados como concesión. Este impuesto a la actividad minera se encuentra vigente desde el año 2010 y establece el tributo progresivo por tramos sobre el margen operacional de cada compañía. Así, la tasa efectiva oscila entre 0,5 y 1,9% en la mediana minería y entre 5 y 14% en la gran minería.

El nuevo proyecto de royalty, platea una compensación que grava las ventas brutas de la explotación de los minerales concesibles, incluido el litio. En el caso del cobre, se agregan tasas adicionales por tramos en base al precio promedio anual del metal. El mecanismo propuesto aumenta sustancialmente las compensaciones al Estado y, de acuerdo a lo indicado por variados análisis realizado por entidades ligadas a la minería como Consejo Minero o Aprimin, disminuiría las utilidades de las compañías, llegando, en algunos casos, a hacerlas inviables económicamente.

Un proyecto minero implica grandes inversiones de capital en su inicio y la promesa de resultados económicos positivos en su mediano y largo plazo. Durante la vida útil de un proyecto minero, el dueño deberá administrar muchas variables que cambian según ciclos y externalidades, tales como, las variaciones del precio de los metales, calidad del mineral, valor de suministros estratégicos, entre otros.

Todas estas variables impactan en el tamaño del proyecto, debido a que el recurso minero no es homogéneo y tiene sectores con mineral de calidad variable y, por ende, con distinto potencial de generar valor económico. Establecer un nuevo gravamen significativo implica que el proyecto necesariamente deberá ser más selectivo, vale decir, solo los sectores de mejor calidad serán explotados pues tendrán potencial de generar renta, dejando parte del recurso minero sin explotar. Este efecto económico tenderá a desincentivar las nuevas inversiones por proyectos nuevos dado que se reduce la porción económicamente atractiva de un yacimiento minero.

Durante el desarrollo de estos ajetreos legislativos, las empresas de ingeniería que operan en el sector minería han sentido el impacto. Se observa que la cantidad de proyectos nuevos han disminuido significativamente, en especial en la minería privada. Esto contrasta con el precio del cobre que desde marzo ha superado continuamente la barrera de los 4 dólares la libra, situación que, por cierto, se repite en otros metales como el Oro y el Hierro. Cabe destacar que, en la primera década del 2000, en lo que se denominó “boom de la minería”, se implementaron mega proyectos mineros con precio del cobre similares a los actuales.

 

Recientemente, Juan Ignacio Guzmán, Profesor y Consultor en Economía Minera, presentó un estudio sobre la contribución social de la minería al país en los últimos 30 años.  En el estudio se indica que, por cada dólar invertido en minería, se generan 4,5 dólares de aporte al país en impuestos, empleos directos y encadenamiento productivo. A partir de dicho monto, solo el 10% corresponde a aporte vía royalty. Concluye su informe que para maximizar la contribución social al país por parte de la minería, las políticas públicas deben estar orientadas a incentivar la inversión en este sector y no deben ir en el sentido opuesto.

El pasado 15 de agosto, el expresidente Lagos fue entrevistado en televisión, en el contexto del último informe intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). En dicha instancia emplazó a la clase política de Chile a buscar puntos comunes de entendimiento, por ejemplo, el compromiso para la disminución de huella de carbono y el rol clave que juega la minería en ello. Comentó que en poco tiempo más habrá un precio del cobre diferenciado, según si los procesos de extracción se realicen mediante tecnologías limpias. A esto se le llama “cobre verde”. Propuso que cualquier tipo de royalty nuevo que se aplique a la minería debería ser utilizado para estudiar e implementar cambios tecnológicos que permitan, a futuro, alcanzar licencias para operar mediante el uso de tecnologías limpias. Este tipo de propuesta va en la dirección correcta de incentivar el sector con un compromiso con el medio ambiente.

Como profesional minero y representante de una empresa proveedora de la industria minera, me preocupa que nuestra clase política no comprenda a cabalidad las complejidades de esta industria y se lance a cambiar las reglas del juego, sin dimensionar los impactos que ello puede generar al bienestar del país. Se observa, al igual que en otros casos similares, una búsqueda de posibles réditos de corto plazo. Asimismo, estimo preocupante la baja participación de la industria minera y sus representantes en las grandes discusiones política y sociales del país.

Afirmo con convicción que la minera es una industria estratégica para el país y, por lo tanto, debe ser un tema de conversación permanente por su relevancia para todos los chilenos y no tan solo de los que trabajan en el sector.