El reciente acuerdo para crear Kuska, una empresa conjunta entre la canadiense Wealth Minerals y la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe, marca un hito en Chile: por primera vez, una comunidad indígena será parte activa de la propiedad (5%) y del directorio de un proyecto minero.
Se trata de un modelo con potencial para redefinir el estándar de cómo entendemos el desarrollo territorial, especialmente si, como afirma la empresa, Kuska busca avanzar hacia la producción con altos estándares de participación y transparencia comunitaria.
Pero, como toda promesa transformadora, su impacto no está garantizado. La participación minoritaria de la comunidad solo será significativa si logra traducirse en mejoras reales y sostenibles para Ollagüe. Para que Kuska se convierta en un verdadero caso de éxito nacional e internacional, es imprescindible aprender de otras experiencias globales.
Experiencias internacionales
En este sentido, hay casos emblemáticos fuera de Chile que pueden ofrecer lecciones útiles. En Sudáfrica, la Royal Bafokeng Nation transformó regalías de platino en una estructura empresarial firme y autónoma, a través de Royal Bafokeng Holdings. Gracias a ello, gestionan un fondo comunitario con inversiones diversificadas que financia programas de educación, salud e infraestructura para más de 150.000 personas en 29 aldeas.
En Canadá, acuerdos como los Impact and Benefit Agreements (IBAs) han permitido que comunidades como los Cree o los Inuit negocien participación en utilidades, contratación local, y compromisos de inversión social, con resultados medibles en bienestar y autonomía.
Incluso en Australia, donde las tensiones mineras con pueblos aborígenes han sido profundas, acuerdos como los de Yamatji Marlpa Aboriginal Corporation muestran cómo la negociación temprana y el control directo sobre fondos y prioridades de inversión pueden convertir conflictos históricos en alianzas productivas.
Condiciones para el éxito compartido
La clave, entonces, está en cómo se diseñe y gestione esta sociedad. Un enfoque técnico y neutral –como el que abogan algunos expertos en “compartir la riqueza de la tierra”– sugiere maximizar el bienestar colectivo mediante buena negociación y estructuras de incentivo adecuadas. En la práctica, esto implica asegurar varias condiciones: instituciones sólidas (tanto estatales como comunitarias) que fiscalicen y apoyen el acuerdo; un diseño contractual claro que proteja los derechos de la comunidad (participación en decisiones, flujo estable de ingresos, cláusulas ante impactos ambientales); desarrollo de capacidades de gobernanza en la comunidad (formación en aspectos técnicos, financieros y legales para tomar decisiones informadas); y total transparencia en la gestión de los recursos generados. Solo así la participación comunitaria pasará de ser simbólica a transformarse en verdadero empoderamiento económico.
En suma, la alianza Kuska es un experimento pionero en Chile, pero su éxito distará de estar garantizado por el solo hecho de dar un 5% de propiedad. Las lecciones internacionales enseñan que el valor compartido requiere más que buena voluntad: demanda contratos inteligentes, confianza mutua y una visión de largo plazo donde la comunidad no sea solo receptora pasiva de beneficios, sino socia plena en la creación de riqueza. Si esas condiciones se cumplen, Kuska podría sentar un precedente de minería sostenible; de lo contrario, corre el riesgo de engrosar la lista de promesas incumplidas en la gobernanza de nuestros recursos naturales.