Mirar la minería sólo como un proceso extractivo realizado únicamente por grandes compañías es observar nada más que la punta del iceberg de esta industria. La minería –particularmente en Chile- se configura gracias a un complejo industrial donde coexisten empresas de diferentes tamaños y funciones, como los pequeños mineros artesanales, pirquineros, mediana minería, compañías mineras internacionales, proveedores, contratistas, empresas de energías limpias, compañías de innovación tecnológica y emprendedores locales, sólo por nombrar algunas.
¿Qué ha llevado a Chile a producir casi un tercio del cobre mundial, y qué ha permitido que un 20% de los ingresos fiscales estén ligados directamente a esta industria? Por supuesto, una parte de ello lo debemos a las reservas de mineral que están bajo nuestra tierra. Pero lo fundamental tiene que ver en cómo los chilenos y chilenas hemos dado forma a un ecosistema que permite tener una industria minera del cobre dinámica y competitiva en los mercados mundiales, basado en un equilibrio entre minería estatal y privada, así como gran, mediana y pequeña minería.
Es por esto que, al plantear las modificaciones propuestas por la Convención Constituyente, se debe tener en cuenta no sólo el impacto a las grandes compañías mineras internacionales que hoy tienen activos en nuestro país, sino que al ecosistema completo que gira en torno a nuestra minería. Cabe preguntarse cómo se verán afectadas las regiones del norte de nuestro país, los proveedores mineros, la mediana y pequeña minería, entre otros actores.
Es claro que financiar la nutrida agenda social en curso es un tema prioritario, y que el país debe tomar decisiones clave respecto de un financiamiento sostenible en el largo plazo. Sin embargo, es necesario preguntarse cuál es el mejor mecanismo para asegurar el crecimiento y sostenibilidad de la recaudación fiscal derivada de la actividad minera.
Una cosa es clara: para mantener su competitividad en los mercados mundiales (y por ende un alto nivel de recaudación fiscal), la industria minera chilena debe invertir altos montos en exploración de nuevos yacimientos, incrementos a la productividad de los actuales, desarrollo tecnológico, sustentabilidad de sus operaciones, reducción del uso de aguas, entre otros. Estos niveles de inversión no pueden ser absorbidos en su totalidad por el Estado, puesto que implicaría reducir el presupuesto nacional en temas tan relevantes como lo son la salud, educación y pensiones. Dado esto, es que se requiere un nivel de inversión relevante de parte de las compañías mineras internacionales. Y para obtenerlo, el país debe proveer un clima de estabilidad política y económica, reglas del juego claras y transparentes, aspectos que son clave al momento de definir presupuestos de inversión de largo plazo.
Las medidas propuestas como la nacionalización o las modificaciones al régimen de concesiones mineras se traducen en incertidumbre y un menor espacio no sólo para la inversión internacional, sino que también para el ecosistema minero en su totalidad: proveedores, trabajadores, centros de estudios, servicios, entre otros. Esto, dado que las propuestas actuales cuentan con varios aspectos de indefinición – tal como las compensaciones retroactivas – y posibilidad de múltiples interpretaciones. Es sabido que, reglas claras y transparentes, así como estabilidad política y económica, son variables básicas en la definición de inversión.
La renacionalización que se plantea puede que no llegue a puerto, tomando en cuenta las desavenencias entre la Comisión de Medio Ambiente y el Pleno. De todas maneras, entrevemos una posibilidad mucho más concreta en la materialización de un abrupto cambio al régimen de concesión. Lo anterior podría ir en lineamientos retroactivos, lo cual tendría un impacto directo no sólo en las grandes compañías mineras internacionales con activos en nuestro país, sino que en todo el ecosistema de proveedores tecnológicos de la minería.
Por eso, el dilema al que nos dirigimos en esta coyuntura nos lleva a determinar si queremos una minería más sustentable, dinámica e innovadora, o si simplemente queremos una minería bajo propiedad del Estado. La última opción hace a la minería menos competitiva acarreando también a los proveedores, quienes tendrán menos opciones de dinamizar sus actividades.
Desde mi experiencia en una empresa chilena dedicada a exportar tecnologías de perforación al mundo, y como socia de Minnovex, es que Chile tiene reconocimiento minero mundial. De la mano de la industria minera, hemos logrado exportar no sólo minerales al planeta, sino que tecnologías Made in Chile al exterior, pero aún falta camino por recorrer.
Países como Finlandia, Suecia, Canadá y Australia han podido dar el paso crucial con el desarrollo de proveedores mineros a enorme escala internacional con alto nivel tecnológico. Creo firmemente que, si Chile busca un desarrollo sustentable y si busca cumplir los acuerdos en torno al combate al cambio climático -ya que las energías limpias y electromovilidad demandan más minerales clave como el cobre- hay que potenciar a la minería con todos los actores posibles, siempre con compromiso y regulaciones en aras de proteger a las comunidades y los territorios.
Por eso creemos que Chile debe estar abierto a tener debates económicos y técnicos en torno a la actividad minera, siempre y cuando continuemos en la senda de reglas claras y modelo mixto donde entes privados y públicos coexistan, considerando a todos los demás actores asociados con la actividad y las potenciales implicancias para estos.