Este último tiempo, muchos quedamos atentos al anuncio del término de la subvención de las cuentas eléctricas en Chile, las cuales estaban congeladas desde 2019, en una situación país post estallido social.
Es conocido de manera empírica que todo congelamiento de tarifas no es sostenible para siempre, sin excepciones de ningún tipo. Estas medidas son siempre dolorosamente pagadas por quienes en algún momento se vieron beneficiados, a la hora de corregir esta situación. Escuché alguna vez decir, precisamente en Argentina, que el congelamiento de precios es algo en lo que es muy fácil entrar, pero muy difícil salir, y esa debe haber sido la principal causa por la cual no se tomó previamente la decisión de corregir esta fijación.
Ejemplos hay muchos a nivel mundial, porque todo congelamiento en los precios pone en peligro la estrategia anti inflacionaria que se haya adoptado. Y todos conocemos que al final las personas nos vemos afectadas con la corrección en el precio, pero también con la ola inflacionaria que trae posteriormente. Porque la realidad es que la industria también se ve afectada y eso finalmente repercute en la oferta de servicios y productos que se ofrece a las personas, a pesar de que el énfasis mediático está enfocado en la gente.
El tiempo ha pasado y hoy todos sabemos: volver al precio de mercado será doloroso. Por lo tanto, es comprensible la búsqueda de la autoridad de hacer que esta medida tenga un impacto gradual y contenido para quienes se ven principalmente afectados por su nivel de ingresos.
Hablemos también de la industria, a la que ahora se está mirando como principal aportante al fondo con el cual se busca financiar el subsidio a las cuentas de energía. Esto se debe principalmente a las tres fuentes de financiamiento propuestas por el ministro Pardow: la mayor recaudación por el IVA debido al aumento en estas tarifas, un aumento temporal en las emisiones de carbono y un cargo adicional a los mayores consumidores industriales de energía. Este último punto es el que más nos preocupa como mineros.
Aquí me detengo, porque creo que es positivo recordar con la fuerza que merece que la industria dio el apoyo a proyectos como la Ley de 40 horas, Ley Karin y varias otras medidas que ha querido impulsar el gobierno. Gremios como Sofofa, CPC, Aprimin y los distintos gremios que formamos parte de la iniciativa Gremios por Chile, hemos trabajado para entregar distintas medidas que apuntan a aumentar la inversión y con ello el crecimiento, con lo cual no sólo se ve favorecida la propia industria, sino también las personas, pues permite la creación de más fuentes de trabajo y mayor recaudación para el Fisco.
Y ahora, hablando de minería, hay que reconocer que los gremios mineros y las empresas mineras finalmente apoyamos el Royalty, aun estando en desacuerdo, porque creemos que, terminando aquella incertidumbre respecto a los rangos impositivos y tributarios, lograríamos cerrar un ciclo y con eso dar la tranquilidad a los inversionistas para invertir en nuestro país. Recordar además que en la discusión se indicó que, con esto, quedaría zanjada la discusión y podríamos tener una base estable respecto al cálculo de rentabilidad de proyectos.
Es muy importante reconocer, además, la intención del Ministerio de Economía de apoyar la atracción de inversión e impulsar la labor industrial a través de la ley para bajar los tiempos en los permisos a los proyectos. No es perfecta, hay mucho que hacer y, al menos desde Aprimin, estamos proponiendo medidas que apuntan directamente a la mejora en la productividad y que no requieren convertirse en un proyecto de ley. Pero, en general, los gremios estamos apoyando estos esfuerzos y aplaudimos que exista la intención de hacerlo.
Volviendo al tema del financiamiento de la subvención a los costos energéticos, es importante añadir que los congelamientos alargados en el tiempo traen consigo distorsiones a la estructura de costos y a las variables con las que todo inversionista calcula su retorno a largo plazo, y volverán a impactar a la inversión nuevamente. Más aún, si a pesar de existir un acuerdo con el impuesto adicional que se aceptó a través del nuevo Royalty (ya existía un impuesto específico en la minería), se vuelve a dar la señal de que las reglas de juego pueden ser cambiadas según sea conveniente en la contingencia de gobierno.
Hoy nos extrañamos de que existan pocos proyectos, pues esto se advirtió en distintos congresos y conversaciones cuando se discutió el aumento en la carga impositiva a minería. Por lo mismo, esperamos que en esta oportunidad sean escuchadas las mineras, representadas por el Consejo Minero y por Sonami, porque la industria ha brindado constantes señales de apoyo cuando se ha requerido, proponiendo medidas que sin duda apuntan en la dirección de aumentar inversión y productividad. Pero muy conscientes de que hoy somos mucho menos competitivos que en el pasado. Y que a pesar de que el precio del cobre puede ser una bendición, también hace que proyectos en continentes como Ãfrica y países vecinos, con estructuras de costo mucho más convenientes, se vuelvan atractivos.
Ya todos estamos claros que es hora de trabajar en conjunto, pensando en alianzas público-privadas que apunten a ser más competitivos y atractivos como país. Ni los privados ni las instituciones públicas podremos hacerlo si no trabajamos en colaboración con una única estrategia: que Chile vuelva a la senda del crecimiento.
Hoy tenemos una oportunidad única y maravillosa, dado que el mundo se dio cuenta de que necesita de los minerales de la tierra para mejorar la calidad de vida en el planeta. Chile tiene una posición privilegiada y es hora de honrar la palabra, los compromisos, reconocer las buenas cosas que se han hecho, tanto en lo público como en lo privado, y comenzar a trabajar para que Chile vuelva a ser el país competitivo que fue, entregando bienestar a todos quienes vivimos en él. Porque no puede haber mayor bienestar social si no hay crecimiento e inversión. Y para eso, primero lo primero: las cuentas claras.