Contra la pared. Esa es la figura que resume la situación en que ha quedado Codelco, obligada a revisar su programa de inversiones ante las dificultades para conseguir recursos frescos que financien sus planes estructurales. El directorio de la estatal buscaba este año obtener una capitalización por US$1.200 millones con cargo a utilidades de 2012 y capitalizar la totalidad de los US$3.032 millones generados por la operación de Anglo American Sur, pero el Gobierno autorizó solo la capitalización de US$1.000 millones provenientes de la referida transacción.
En este escenario, el presidente ejecutivo de Codelco, Thomas Keller, ha manifestado que esto no es “plata fresca”, por lo que revisarán los planes de inversión que aún no tienen financiamiento asegurado, lo que involucra a Expansión Andina 244, Radomiro Tomic Sulfuros, más otros proyectos de largo plazo en Salvador e iniciativas de menor impacto. Asimismo, el mercado mira con cautela un posible retraso del proyecto Chiquicamata Subterránea, que actualmente se encuentra en etapa de factibilidad, teniendo una fecha de término estimada para fines de 2018.
En definitiva, son entre US$4.000 millones y US$5.000 millones que Codelco debiera invertir cada año para materializar su cartera de proyectos estructurales, una cifra que dependerá de lo que la autoridad decida a futuro en cuanto a su financiamiento. Por de pronto, este año la suma inicial bajó de US$5.000 millones a US$4.500 millones, fundamentalmente por postergación de gastos, cifra similar a los excedentes operacionales anuales esperados.
La empresa está trabajando en la implementación de medidas que eleven su productividad y en un programa de contención de costos, que para 2014 considera una meta de reducción en torno a US$1.400 millones, entre menores costos operacionales y disminución de gastos de capital. Sin embargo, en este ámbito no todo ha salido como se ha propuesto la Corporación. En Chuquicamata, específicamente, se proyectaba impulsar un programa de retiro progresivo durante cinco años, equivalente al 40% de su dotación, según lo acordado en la última negociación colectiva, al que en 2013 se acogieron voluntariamente solo 70 trabajadores de un universo de 470, es decir, menos del 15%.
Unida a la proyectada menor ley del mineral, se presentan factores externos como los mayores costos de la energía y de los insumos, en un contexto de expectativas más moderadas para los precios de los metales.
Pero también existen voces de alerta sobre problemas de gestión, además de la rentabilidad de los proyectos estructurales, que podrían hacer necesaria su revisión.
Es preocupación generalizada que no esté resuelta su política de financiamiento en el largo plazo y que cada año Codelco deba estar pendiente de las definiciones que el Ejecutivo toma respecto de sus fondos, y en función de ello ir evaluando la ejecución de su programa de inversiones. Hoy este tema reviste mayor importancia, ya que de la materialización rentable de los llamados proyectos estructurales depende que la Corporación mantenga su liderazgo en el concierto mundial del cobre o que, de lo contrario, su producción y excedentes pudieran caer a la mitad.
El debate está sobre la mesa. La Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados propondría un proyecto que establezca un mecanismo permanente de capitalización para Codelco, mientras que el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) aboga por que la empresa cuente con una política de financiamiento de largo plazo. De otra manera, se debilita la estructura en que está cimentado su gobierno corporativo y, a la larga, se afecta al principal generador de recursos para el Fisco.