(El Mercurio) Si bien la industria minera ha reconocido que la nueva estructura del royalty afecta con distinta magnitud a las empresas del sector, una cláusula incluida a último momento en esta ley amenaza la viabilidad de algunas operaciones proyectadas en el país, cuyas inversiones forman parte del denominado » boom minero».
Tal es el caso de la mayor operación de oro proyectada en el país: Cerro Casale, de las canadienses Barrick Gold (75%) y Kinross (25%).
Conocedores del tema señalaron que pese a que la puesta en marcha de esta operación supone una inversión de US$ 4.200 millones, su menor ley de mineral y mayor costo de operación la hacen menos rentable, que con la nueva estructura tributaria (una tasa variable de entre 4 y 9% entre 2010 y 2012, que luego aumenta a una tasa de entre 5 y 14%) reduce sus posibilidades de ser aprobada por los accionistas.
Hasta este punto, la situación de Cerro Casale no es muy distinta a la de otros cinco proyectos que el Consejo Minero sindicó como los más afectados.
La diferencia en el caso de esta iniciativa es que la nueva escala impositiva comenzará a regir cuando inicie sus operaciones, porque quedó impedida del beneficio de la invariabilidad tributaria que tienen otras empresas, que les mantiene la tasa de 4% después del período excepcional 2010-2012, postergando el pago de la nueva escala hasta 2018 o bien hasta 2025, para aquellos que firmen el nuevo contrato.
La cláusula
En la industria explican que el problema de Cerro Casale surgió de una cláusula que el Gobierno incluyó en la ley del royalty para impedir que las mineras eludieran el pago de mayores tributos, al acogerse a la invariabilidad contenida en los contratos de inversión extranjera.
Para evitar que las mineras eludieran este tributo, el Gobierno fijó el 31 de agosto de 2010 como fecha límite para reconocer las solicitudes de inversión extranjera realizadas por las mineras. La cláusula fue puesta por el Gobierno después del acuerdo con la Concertación que permitió la aprobación del royalty , ya que en el proyecto original se reconocerían como válidas todas las solicitudes enviadas hasta la fecha de promulgación de la ley; es decir, el 18 de octubre de 2010.
«Las inversiones que están planteadas hoy día y que han sido ingresadas después del 31 de agosto de este año entran directo al nuevo mecanismo, y no tienen ninguna opción de optar por una fórmula, sino que toman la nueva tasa, y eso los pone en una dificultad que puede ser mayor», dijo un ejecutivo.
De acuerdo con registros del Comité de Inversión Extranjera, seis peticiones quedaron fuera de plazo. Trascendió que una fue la de Cerro Casale y otra Lobo Marte de Kinross, que también es de oro.
Conocedores del tema aseguraron que las mineras nunca supieron de este cambio, y así se lo hicieron ver al ministro de Minería, Laurence Golborne, durante la reunión que la semana pasada sostuvo con el Consejo Minero.
Fuente / El Mercurio