(El Mercurio) En medio de las nuevas turbulencias derivadas de la crisis europea y los riesgos de un impacto en la economía chilena, el vicepresidente del Banco Central, Manuel Marfán, y ex ministro de Hacienda del gobierno de Frei Ruiz-Tagle, deja aflorar su ADN político y entra de lleno en temas de coyuntura como el problema energético que enfrenta el país tras la decisión del grupo Matte de suspender el proyecto de HidroAysén.
-¿Cuál es su apreciación sobre el problema energético?
«En nuestro último IPoM tenemos un recuadro que muestra que Chile ha tenido un aumento extraordinario en los costos de la electricidad en los últimos diez años, desde niveles bajo el promedio mundial, a tener los costos más altos del mundo. Un 50% más cara que el promedio de los países de la OCDE».
«Mucha gente simpatiza con que no haya represas en la Patagonia, y eso no es gratis. No estoy tan seguro de que los medioambientalistas en Chile sean tan medioambientalistas, esa es mi posición personal. Chile es el único país que conozco donde la primera prioridad de la discusión medioambiental es el paisaje. Pero el tema medioambiental que causa preocupación en todos los países son las emisiones de carbono y a nadie parece importar que, dado que no se están haciendo plantas hidroeléctricas, las nuevas plantas que entran en operación son termoeléctricas, las más contaminantes de todas».
-¿No le parece simplista decir que a los medioambientalistas les preocupa sólo el paisaje?
«Creo que la discusión ha sido desinformada y que los principales contendores en la discusión son, por una parte, las empresas de energía que ganan o pierden plata dependiendo de la solución y, por otra, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que ganan plata por la opinión que expresan: si tuvieran otra opinión, no tendrían la plata que tienen».
-¿Cuál es el costo para el país de no tener resuelta la capacidad de generación energética?
«Tenemos el problema ya y no es alternativa desarrollar formas de generación eléctrica baratas en las magnitudes que el país requiere. Cuando se habla de energías alternativas, en general es un pronunciamiento que tiene el título y luego vienen páginas en blanco. No se puede tener energía nuclear ni hidroeléctrica. Tengo la impresión de que la ciudadanía recibe una discusión que está en la categoría de eslóganes que son muy vendedores, pero que tienen verdades a medias».
«El costo es tener menos posibilidades de resolver las demandas que están aflorando. Hay gente que marcha por reivindicaciones de la educación, de las regiones y además quiere que tengamos la energía más cara del mundo. Esa mezcla no es compatible porque las posibilidades de crecimiento del país son más bajas cuando la energía -insumo fundamental para la producción- es de las más caras del mundo».
«La autoridad nunca tiene la certeza de los eventos que pueda deparar el futuro. Y cuando ocurren los desastres, viene la pregunta: ¿Dónde estaba la autoridad que no lo dijo? Esto ocurre no solamente en la economía, a propósito de otras discusiones que andan dando vuelta».
-¿Alude a la reforma tributaria?
«Me estoy sumando a otros esfuerzos que hay para advertir que -sin ser el escenario más probable- la probabilidad de que pueda haber una salida desordenada en la Zona Euro a los problemas que tienen es lo suficientemente elevada como para cambiar el comportamiento e ir tomando seguros».
«Cuando asumimos en 1990, la cantidad de acreedores que tenía la economía chilena era enorme. Lo que más provocó estupor fue la revelación de la magnitud de la pobreza, superior al 45% y que hoy llega a un 15%. En ese entonces se priorizó el tema de la pobreza, lo que ayudó mucho a poner cierto orden en el otorgamiento de beneficios. Las últimas manifestaciones de los pingüinos, universitarios y de algunas regiones son demandas de la clase media».
-¿Ve hoy una prioridad para la clase media?
«Mientras haya pobreza, ella tiene que seguir siendo prioridad, pero no tan dominante como fue hace 20 años. La clase media no es antisistémica, más bien le exige al sistema que resuelva sus aspiraciones, las cuales están en temas de seguridad en el sentido amplio, incluidas la salud, previsión, educación de calidad y mejores oportunidades para sus hijos que hoy demandan los padres».
-¿Es crítico de las propuestas tributarias del Gobierno?
«El problema es que tanto las demandas -por pase escolar gratuito y reclamos porque hay universidades caras- como la oferta, han sido desordenadas y la clase política no se ha puesto de acuerdo en una visión común más de mediano y largo plazo. Tengo la esperanza de que los think tanks están estudiando este problema y tratando de construir una forma ordenada de abordarlo. Eso significa sacrificios, porque si uno quiere que el sistema tenga más aceptación para beneficio de todos, uno tiene que estar dispuesto a establecer cuáles son las prioridades».
«Y esas prioridades, en el caso de la reforma tributaria, valoran el esfuerzo que hay que hacer en materia de educación en US$700 millones, hasta donde yo entiendo. Esa es una opción política, yo no me voy a meter en ese detalle, tengo opinión, pero no puedo decirla».
-¿Cuál es su preocupación?
«Cuando existen maneras de generar demandas un poquito desordenadas, pueden aflorar con facilidad ofertones demagógicos. Una de las cosas que recomienda con fuerza el estudio CEP-Cieplan, por razones medioambientales y de igualdad con lo que ocurre en otros países, es subir el impuesto a las gasolinas, también al diésel del transporte, no al industrial. Me parece inadecuado postular reducciones en ese impuesto cuando el país está enfrentando nuevos desafíos, muchos de ellos muy caros. Es restar recursos a esos otros fines, para entregarlos a los automovilistas. Esta es una opinión política y estoy dispuesto a decirla, porque no hay ningún técnico serio en el país que yo conozca y tenga cierto prestigio que esté recomendando bajar el impuesto a las gasolinas».
Fuente / El Mercurio