(El Pulso) Uno de los varios proyectos eléctricos cuya concreción se mantiene en vilo es Castilla.
La termoeléctrica, de 2.100 MW y desarrollada por MPX Energia -consorcio al que este año se sumó la gigante alemana E.On- podría, no obstante, ser la primera en destrabarse y al fin viabilizar el inicio de las obras. Las dudas comenzarían a develarse a partir de hoy.
Pero esto no será fácil. En frente hay cuatro grupos de comunidades que decidieron hacerse parte del proceso judicial que declaró ilegal el cambio de la calificación del Seremi de Salud sobre Castilla, que pasó de contaminante a molesto, permitiendo autorizar el estudio de impacto ambiental, situación que generó una disputa judicial que se mantiene hasta ahora.
De los cuatro grupos, tres están abiertos a conversar con Castilla. Según explicaron cercanos al proceso, la compañía podría eventualmente mejorar sus propuestas respecto de las presentadas el 12 de junio pasado, cuando la justicia suspendió para hoy la audiencia de conciliación, para allanar la aprobación final.
Estas mejoras contemplarían aumentos de aportes comunitarios y compensaciones ambientales, más allá de lo ya comprometido en el estudio de impacto ambiental.
De acuerdo con cercanos al proceso, es muy posible que se llegue a acuerdo con estos grupos a contar de mañana, pues la empresa quiere asegurar la viabilidad de la central termoeléctrica Castilla.
El problema es que si bien estos grupos están interesados en conocer la propuesta, no lo está la junta de pescadores de Totoral, que se mantiene firme en su posición de no negociar con Castilla.
De hecho, en la audiencia anterior, el abogado representante de los pescadores, Inti Salamanca, fue el único que no presentó ningún texto de propuesta de conciliación, como sí lo hicieron los representantes contrarios al recurso, Walter Traub y Pedro Pablo Gutiérrez y los de los demás grupos opositores: Cristián Tapia, Ignacio Poblete y Lorenzo Soto.
En la primera audiencia, Castilla, a través de OMX Operaciones Marítimas, ofreció un nuevo conjunto de medidas adicionales para mitigar los efectos de Castilla, los que alcanzan a US$17,4 millones, sumando en total US$576 millones entre compensaciones y mitigaciones.
Los hechos
En marzo pasado, la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró ilegal el proceso de aprobación de la termoeléctrica. La decisión se basó, en particular, en el cambio de la opinión del Seremi de Salud de Atacama, que modificó la calificación de Castilla de “contaminante” a “molesto”, lo que permitió su emplazamiento dentro del plan regulador de la comuna de Copiapó, pues en la zona se admiten actividades molestas, mas no contaminantes. El caso llegó a la Corte Suprema, instancia que hoy lleva la causa y que abrió precisamente la opción de conciliación.
La central Castilla es un enorme complejo de seis unidades a carbón que producirán a una potencia máxima de 2.100 MW, aunque es posible que se construya en módulos.
Fuente / El Pulso