La ley que prohíbe la explotación minera a cielo abierto recientemente aprobada por la Cámara de Diputados de la nororiental provincia argentina de La Rioja deberá ser revertida por el nuevo gobernador para evitar un conflicto político, según un abogado experto en minería.
«Hay que tener en cuenta que el 95% del presupuesto de La Rioja depende de la coparticipación nacional, y si la provincia no genera recursos propios, va a tener un serio problema político», dijo a BNamericas Carlos Saravia Frías, de la firma de abogados Schwarzberg Arrizabalaga, con sede en Buenos Aires.
«Creo que en el corto plazo el actual gobernador de La Rioja [Luis Beder Herrera] tiene que darse cuenta de que, si bien la minería no puede ser el centro de la actividad económica, sí es una alternativa importante», agregó Saravia.
Herrera, que promovió la ley antiminería y la destitución del gobernador Ángel Maza, asumió el poder en marzo y anunció que convocaría a elecciones y una consulta popular el 29 de julio para aprobar esa ley.
La medida por ahora no afecta ningún proyecto en desarrollo. «Sin embargo, causa gran revuelo a nivel internacional, porque hay empresas que están explorando para llegar a una probable explotación», dijo anteriormente a BNamericas Juan Carlos Navarro, director de Minería de La Rioja.
Según Saravia, quien fue subsecretario de Minería de Argentina, más allá del tema político, «es un tema de responsabilidad en el sentido de que la economía de la provincia tiene que funcionar de una manera autónoma; no puede depender en un 100% del apoyo de la Nación».
Para el abogado, ese punto de quiebre permitirá a las empresas de exploración regresar a la provincia, «pero habiendo acordado con las comunidades locales y mostrando el beneficio que genera la minería y no en una actitud politizada», puntualizó.
A raíz de la decisión de las autoridades de La Rioja la canadiense Barrick Gold suspendió sus actividades de exploración en su proyecto aurífero Famatina, que posee a través de una empresa de riesgo compartido en la que tiene una participación de 70%, mientras la empresa local Yamiri tiene el 30% restante.
Fuente / BNamericas