(Diario Financiero) Las perspectivas que apuntan a que el precio del cobre se mantendrá en torno a los US$ 3 la libra, por lo menos hasta 2012, pusieron nuevamente sobre la mesa el debate acerca del royalty minero, vigente desde 2006.
Tanto es así, que ambos candidatos presidenciales, Sebastián Piñera y Eduardo Frei -aunque con matices- apuntaron a la necesidad de revisar el gravamen que afecta a las ganancias netas de las mineras privadas -hoy de 5%-, desde la perspectiva de aumentar la recaudación a favor de las arcas fiscales. Asimismo, se pone énfasis en cómo se distribuyen los recursos.
Es que desde su creación al cierre del tercer trimestre, el gravamen había acumulado US$ 2.093 millones, mientras que la ley establece que de lo recaudado sólo US$ 200 millones anuales sean entregados al Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC). De esta forma, casi US$ 1.300 millones se han ido directamente a las arcas fiscales, provocando la molestia de sectores políticos y empresariales que acusan que dichos montos se usan para gasto corriente.
El factor político
El primero que puso en el debate este tema fue el ex candidato Marco Enríquez-Ominami, quien propuso subir el tributo de 5% a 8%, aplicable a la minería sobre las 7 mil toneladas.
Tras la primera vuelta, y en un escenario en que los dos presidenciables que siguen en carrera -Frei y Piñera- buscan atraer los votos de los sectores que apoyaron al diputado, recogieron algunas de las propuestas tributarias, entre ellas el gravamen a la minería privada.
Para el programa del abanderado de la Coalición por el Cambio, fue clave en esto el arribo de Paul Fontaine, ex asesor económico de Enríquez-Ominami, quien -con Felipe Larraín y Cristián Larroulet- buscan consensuar de qué manera se podría reformular el impuesto.
Esto fue ratificado por el propio candidato, en una visita a Calama, donde señaló que “en nuestro gobierno el royalty deberá estar al servicio de las regiones mineras”.
Este guante también fue recogido por el candidato de la Concertación, quien adelantó el rediseño del royalty a través de una reforma “que duplique su recaudación actual”.
Inquietud y cautela
En la industria privada reconocen que un eventual aumento del royalty no ha sido aún discutido en las empresas ni en los gremios. Esto, explica un alto ejecutivo, porque la idea, por ahora, “es evaluada sólo como una propuesta electoral con el objetivo de captar votos”.
De hecho, no duda en calificar que el planteamiento “es más bien populista, porque en caso de que el candidato que resulte electo quiera concretarla, tiene que pasar por el Congreso y su discusión podría tardar más de lo que dura su mandato”.
Ahora bien, otro ejecutivo del sector subraya que el hecho de que las dos campañas pongan este tema sobre la mesa, “es una mala señal para los inversionistas internacionales, porque se les cambian las reglas de juego”, recordando la iniciativa de hace algunos años de instaurar un royalty a la salmonicultura y las dificultades que dicho intento generó.
Cabe recordar que en términos normativos, mineras como Escondida están reguladas por un régimen tributario especial que facilitó que pagaran el royalty, renunciando al Decreto Ley 600 que resguarda a las inversiones extranjeras.
Según esto, se les aplicó una tasa de 4%, vigente por 12 años, es decir, hasta 2018. Recién ese año se les podría aplicar una nueva tasa, de ser reformulado el tributo.
Fuente / Diario Financiero.