(El Mercurio) En junio de 2010, la Asociación Chilena de Seguridad (AChS) emitió el informe 227, en el cual le advertía a los dueños de la Minera San Esteban del riesgo de derrumbe en la mina San José y le solicitaba a la empresa que «debía asegurar procedimientos de fortificación, ubicando a los equipos de trabajo en sitios que puedan ser seguros ante cualquier riesgo. Vale decir, lo que pedíamos era que la empresa afirmara la mina», explicó Alejandro Pino, gerente de la mutual.
El estudio se hizo tras la caída de un planchón que le provocó una herida contusa en la zona lumbar al trabajador Jorge Galleguillos, el 1 de junio pasado, un mes antes de otra caída de roca (3 de julio), que le cercenó la pierna a Gino Cortés.
Los informes de la AChS a la minera San Esteban Primera se remontan al año 2001 tras advertir «en innumerables oportunidades» problemas de estabilidad de las galerías y escasa seguridad en las faenas, los que eran repetitivos, comenta Pino.
En el informe 227, de junio pasado, se detectaron los mismos factores de riesgos que se habían encontrado antes en las faenas, «vale decir una inestabilidad general de la mina en los diferentes frentes de trabajo», indicó Pino.
No sólo se detectaron falencias de seguridad en la estructura de la mina, sino además en la presencia de gases tóxicos al interior del socavón, revelando altas concentraciones de dióxido nitroso y monóxido de carbono, que «superaban las normas» y que ponían en riesgo la salud de los trabajadores, según las pesquisas de la AChS.
Pino afirma que la labor de la AChS con sus empresas asociadas es realizar un trabajo preventivo, pero que no tiene facultad para hacer cumplir las medidas de seguridad que sugiere a las empresas mineras y tampoco sancionarlas si no las acatan. Sin embargo, en agosto de 2003 multaron a San Esteban con 10 sueldos vitales por no informar sobre un accidente en la mina, sanción que apeló la minera, pero que fue ratificada por la Superintendencia de Seguridad Social.
Según Pino, la empresa luego de un accidente sin consecuencias fatales debió informar a la AChS a través de una Declaración Individual de Accidente del Trabajo (DIAT), trámite que no hizo. La multa que pagó fue al fondo creado por la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que administra la AChS y otras mutuales.
Aviso
El informe se redactó producto de un derrumbe que afectó a un trabajador.
El informe final de fiscalización se emitió el 6 de agosto
La directora del Trabajo, María Cecilia Sánchez, emitió anoche una declaración en la que puntualiza que Sernageomin es la «única entidad que tiene la capacidad técnica para determinar si un yacimiento cumple con las condiciones para operar», y que la Inspección del Trabajo de Copiapó fiscalizó la mina San José entre el 3 y el 29 de julio, y que el informe definitivo se emitió el 6 de agosto, «un día después del accidente que mantiene atrapados a 33 mineros».
La declaración busca responder aseveraciones de parlamentarios socialistas sobre el conocimiento de la Dirección del Trabajo respecto de la situación que afectaba a la planta.
En primera instancia, se había instalado la idea de que Sernageomin era el organismo responsable de suspender las faenas en cualquier yacimiento siniestrado, pero por ley las entidades facultadas para el cierre y la reapertura de una empresa afectada por accidentes graves son la Inspección del Trabajo, la Dirección del Trabajo o la Seremi de Salud.
Sernageomin sólo tiene atribuciones para levantar un informe técnico, el que posteriormente es utilizado por la Inspección del Trabajo o por la Seremi para tomar la decisión final.
En el caso de San José, el 3 de julio se accidentó el trabajador Gino Cortés -se le amputó una pierna por un derrumbe menor-, incidente que, por ley, debería haber activado la suspensión de faenas. Seis días después de ese accidente, la Inspección Regional emitió un primer informe que advertía que no existía fortificación del techo, no había señalización visible en zonas de peligro y el comité paritario no había investigado las causas del percance.
A juicio del senador Juan Pablo Letelier (PS), las multas aplicadas 25 días antes del desplome prueban que la DT estaba al tanto de las anomalías que pudieron provocar el accidente, «así que el Ministerio del Trabajo no puede alegar ignorancia de esta situación».
Fuente / El Mercurio