En las últimas semanas la industria minera ha estado en las principales páginas de economía en los medios, dando cuenta de bajas cifras de producción al igual que una disminución en la cartera de proyectos de inversión.
Frente a este escenario, y a raíz del conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno, que buscan agilizar la entrega de permisos y reducir los plazos para implementar las iniciativas mineras tanto las que están en carpeta como las que se prevén a futuro, en entrevista con Minería Chilena, el coordinador macroeconómico de Clapes UC, Hermann González, analizó los objetivos y aspectos críticos de estas reformas que, a su juicio, aunque son positivas, no son suficientes.
Menores tiempos de tramitación
¿Cuál es su apreciación en general de las reformas presentadas por el gobierno para destrabar la permisología que afecta a la industria, principalmente a los proyectos mineros?
Es positiva, toda vez que el problema de la excesiva demora en la tramitación y aprobación de permisos para materializar proyectos de inversión es un asunto que genera incerteza y desincentiva especialmente la realización de grandes proyectos de inversión en Chile. Esto repercute negativamente en la competitividad de la economía y también en la capacidad de crecer y de generar empleos, porque actúa como una especie de impuesto que eleva los costos de implementar cualquier obra de inversión en Chile. El problema es especialmente grave en la minería, pues de acuerdo con la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad la tramitación de un proyecto puede demorar más de diez años, lo que equivale a casi tres veces el plazo normativo.
¿Qué aspectos concretos destaco de las reformas presentadas? Que apuntan a subsanar los problemas asociados a la burocracia, sin descuidar el resguardo del medioambiente y el respeto de las comunidades, con foco en aumentar la agilidad y la certeza, modernizando los trámites para la ejecución de proyectos de inversión.
Específicamente, resaltan medidas como la incorporación del silencio administrativo o el uso de declaraciones juradas como alternativa para sustituir permisos o modificaciones menores de proyectos con resolución de calificación ambiental aprobada.
Valorando estos avances, creo que la principal crítica a esta reforma es que el gobierno no haya sido más ambicioso a la hora de aprovechar la oportunidad de discutir el tema en el Congreso y el consenso que genera este tema. En lugar de repensar el sistema completo, se está haciendo un ajuste a lo que tenemos y eso puede ser insuficiente, y si bien se busca reducir los trámites en aproximadamente un tercio, aún quedará una base de burocracia e instituciones que seguirán sin la agilidad necesaria.
¿Cuáles serían a su juicio los factores más críticos de ambas reformas?
Un primer punto es que los proyectos deben ser aprobados en el Congreso y para ello, deben tener prioridad en la agenda del Ejecutivo y tener una discusión informada, pero ágil. Considerando que hay otros temas tanto o más importantes en la agenda (pensiones, Isapres, pacto tributario), además de la complejidad de este tema que involucra un gran número de servicios públicos y ministerios, más el calendario electoral, no es claro que los tiempos alcancen para aprobar estos cambios con la urgencia que se requiere.
Un segundo aspecto crítico corresponde al incentivo a la participación ciudadana, especialmente cuando se trata de grupos que no tienen relación con algún proyecto de inversión determinado. Con la modificación propuesta prácticamente todas las declaraciones de impacto ambiental requerirán participación ciudadana y esto está lejos de ayudar a destrabar y agilizar proyectos de inversión. Lo mismo ocurre con la posibilidad de que el Consejo de Defensa del Estado presente acciones legales en caso de daño ambiental. Esto, en la práctica, puede terminar prolongando aún más la tramitación de los proyectos de inversión, en caso de judicialización.
También existen algunas dudas sobre la idea de eliminar el Comité de Ministros, con el objeto de reducir el componente político en la evaluación ambiental de proyectos de inversión. Algunos actores han planteado la necesidad de mantener un sistema que permita a la autoridad u otro organismo revisar la decisión, antes de la judicialización.
Si esta responsabilidad recae sobre los directores regionales del SEA, es necesario que se fortalezca su perfil técnico y que no sean autoridades dependientes del gobierno las que tengan a su cargo esta decisión. De lo contrario, seguirá tratándose de una resolución política. En definitiva, es importante que no se pierda el foco durante la tramitación y que los parlamentarios se pregunten en la discusión de cada artículo, cómo contribuyen ambas reformas a agilizar los procesos, si es posible hacerlo mejor y no apoyar medidas que puedan terminar generando nuevas trabas al proceso de inversión.
Burocracia y competitividad
¿Cree que ambas iniciativas podrían ser suficientes para dar respuesta al problema de la permisología?
Son un avance, pero no son suficientes. Recordemos que se busca reducir parcialmente los tiempos de tramitación, en lugar de ponerse una meta más exigente que apunte, por ejemplo, a tener un estándar de países de referencia en esta materia. En ese sentido, y a la espera de la tramitación de los proyectos, es importante que el gobierno avance en medidas administrativas que permitan reducir la burocracia y acelerar los procesos. Que se entreguen los recursos y los incentivos necesarios para que las entidades públicas involucradas en los procesos cumplan con sus funciones, de la mejor forma posible, y respeten los plazos legales vigentes.
Por otro lado, la iniciativa no resuelve el problema que genera para muchos proyectos el Consejo de Monumentos Nacionales y mantiene regulaciones que tienen poco sentido, asignando roles a instituciones que hoy no se justifican. Para avanzar en paralelo con medidas de carácter administrativo, el Ministerio de Economía tiene un rol que jugar y debe mantenerse en permanente comunicación con el sector empresarial y los gremios. El peor error que podría cometer el gobierno es pensar que, con el envío de los proyectos de ley al Congreso, resulta suficiente.
¿Cuáles son las expectativas respecto al impacto o efectos que estas medidas podrían tener en la competitividad de la minería chilena y de la economía en general?
Si se aprueban estos proyectos, con los espacios de mejoras identificados y en un plazo razonable, al menos esperamos que la economía no siga perdiendo competitividad y atractivo, especialmente para la materialización de grandes proyectos de inversión, que son los que más impactan en el PIB, la creación de empleos y en la generación de ingresos fiscales.
Lamentablemente tomará tiempo para que se aprueben los proyectos, se implementen los cambios y se observen los efectos económicos. Por eso, es necesario que en el intertanto el gobierno y todos los servicios involucrados mantengan una actitud proactiva hacia la realización de proyectos de inversión, resguardando el medioambiente y respetando a las comunidades, pero también reconociendo el impacto positivo que tienen sobre el bienestar de las personas.
¿Cómo harán seguimiento de estos parámetros en Clapes UC?
Estaremos siguiendo la tramitación del proyecto legislativo con una mirada multidisciplinaria, participando en la discusión, aportando con recomendaciones y siendo activos en el debate público sobre la materia.
Esto lo venimos haciendo desde el año pasado. Nos hemos pronunciado positivamente sobre la iniciativa y resaltamos la necesidad de que se avance en su aprobación de forma ágil, pero dejando el espacio necesario para subsanar algunos aspectos y sin descuidar todo lo que se puede hacer en paralelo y por la vía administrativa, con el fin de agilizar la tramitación de proyectos de inversión.