Para los abogados que mantienen litigios con las mineras más importantes del país no pasaron desapercibidas las declaraciones del presidente de Sonami, Alfredo Ovalle, manifestando su preocupación por la «judicialización de los proyectos mineros».
Menos indiferencia pudieron demostrar cuando se enteraron de que el mismo presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals, Marcelo Awad, envío una carta al titular de Sonami en la que hablaba de un «hostigamiento legal», «de desalentar las inversiones» y de «entorpecer el emprendimiento», según informó El Mercurio.
Hernán Montealegre, abogado defensor de Rodolfo Villar y que mantiene un litigio contra Barrick Gold -desarrolladora de Pascua Lama-, con un fallo de primera instancia a su favor y que en las próximas semanas debiera tener una sentencia definitiva, se refirió a la «judicialización de los proyectos mineros» y a la postura de Alfredo Ovalle.
El abogado fue directo y señaló a Invertia.cl que «en primer lugar, las declaraciones de Ovalle no son las de una persona muy ilustrada en derecho, porque los problemas mineros no van a la justicia por ser mineros, sino que por ser problemas legales y estos se producen en cualquier campo, en la agricultura, en la pesca, en la aviación, en la política, en fin en cualquier área, y estos problemas cuando no se resuelven con un acuerdo entre las partes van a la justicia».
El jurista fue más allá y se refirió a que la existencia de nexos entre las compañías mineras y el Gobierno se hace cada vez más evidente, aludiendo a que eso estaría guiando está preocupación. «Indudablemente de que hay nexos en las relaciones entre estas empresas y el Gobierno. Aún más, el Gobierno nombra a Carlos Mladinic para acoger estos problemas de inversiones. Este es un problema del poder judicial, y el poder ejecutivo no se puede meter ahí entremedio», sentenció.
Montealegre dijo no entender «cual es el temor del señor Alfredo Ovalle frente a la imparcialidad que otorga el poder judicial», añadiendo que «primero quieren que los problemas mineros se abstraigan de la ley, es decir que no se legalicen y después que no se judicialicen, entonces quieren ellos actuar arbitraria y caprichosamente como a ellos les parezca y con el poder que tienen. Ni estos mineros privados ni la Sonami entienden el papel del poder judicial que está precisamente para hacer una balanza entre los poderosos y los que no tienen poder, para que los trate con una mano igualitaria».
Se debe consignar que el caso que hoy lleva adelante Montealegre contra Barrick es por las 8.600 hectáreas emplazadas en la entrada del proyecto Pascua Lama, el cual en junio del 2006 tuvo un fallo de primera instancia favorable a su defendido, por considerar cuatro cláusulas de nulidad en el contrato de compra de los terrenos.
Fuente / Invertia