(La Tercera) El abogado Edgardo Reinoso, quien representa a los 33 mineros que permanecieron más de dos meses atrapados en el yacimiento San José, decidieron tomar acciones legales en contra de los dueños de la empresa San Esteban y contra las entidades públicas que pudieran haber tenido antecedentes de las malas condiciones de seguridad que existan en la mina San José.
El abogado señaló a Radio Cooperativa que «también tomaron la decisión de realmente ejercer acciones y no solamente en contra de la minera, también ellos desean ejercer acciones en contra de algunas entidades por responsabilidad de derecho público, el Sernageomin, la Dirección del Trabajo, y también teniendo en cuenta las últimas palabras de la ministra del Trabajo que ha señalado que ellos tenían antecedentes de que esta mina no debería haber estado abierta».
Cabe señalar que 31 de los 33 mineros le entregaron ayer en Caldera un poder a Reinoso para que los represente en la serie de acciones legales que tienen que llevar a cabo tras el rescate.
Es así como los trabajadores acordaron crear una sociedad que administre sus derechos y asuma su representación en Chile y el extranjero de manera de repartir de manera ecuánime lo que se obtenga.
«Fue una reunión privada con todos los mineros y sus familiares. Se firmaron los mandatos judiciales, de manera tal que hoy represento a 31 de los 33 mineros. Todo se firmó ante notario», dijo el abogado Edgardo Reinoso, quien encabeza un equipo de seis profesionales.
Los mineros restantes -cuyos nombres no fueron develados- no pudieron acudir a la reunión, pero se incorporarían al acuerdo.
«Van a establecer diversos procedimientos y figuras que los protejan. Es una sociedad creada con el objetivo de actuar ordenadamente frente a terceros y por todo lo que se viene a futuro. Voy a representarlos en todas las acciones y demandas que se van a interponer por parte de ellos», dijo el abogado.
En tanto, el ministro de Minería, Laurence Golborne, prepara un informe sobre el accidente y rescate de los mineros para la comisión de la Cámara.
Además, indicó que si algún funcionario público tenía antecedentes de la inseguridad en la mina San José previamente al accidente del 5 de agosto que dejó a los 33 mineros atrapados por dos meses, debe responder ante las instancias que investigan. Esto, tras los dichos de la titular de Trabajo, Camila Merino, quien reconoció que habían «indicios» de problemas de seguridad en el yacimiento.
Fuente/La Tercera