(Chañarcillo) El pasado viernes en dependencias del Tribual de Garantía de Caldera, se llevó a cabo la audiencia para discutir un eventual acuerdo reparatorio para Gino Cortés Calderón, el trabajador que el pasado 3 de agosto sufrió la cercenación de una de sus piernas tras la caída de un planchón de rocas, que sólo por centímetros no le costó la vida.
Respecto de estos hechos y del no acuerdo entre las partes, lo que conlleva la continuación del proceso penal por el delito de lesiones graves en el que los dueños de la mencionada empresa minera y otras dos personas ya fueron formalizadas, el abogado de Gino Cortés Calderón, Rafael Cortés Gumucio señaló a Diario Chañarcillo que “se encuentra plenamente acreditado y constituyen hechos indubitados, y reconocido incluso por los imputados, que la lesión grave provocada a mi representado, se produjo por la caída de un planchón de roca desde el techo del socavón, desprendimientos que se evitan mediante fortificaciones y colocación de mallas de fierro sujetas con pernos, y que la malla que estaba en dicho lugar, había sido retirada el día 15 de junio y hasta la fecha del accidente de mi representado, no había sido repuesta o vuelta a colocar, a fin de permitir un transito seguro por dicho cruce”.
Además, el legista mencionó que “los querellados en la causa, señores Marcelo Armando Kemeny Fuller, Alejandro Miguel Antonio Bohn Berenguer, Pedro Jorge Simunovich Fuenzalida y Carlos Eduardo Pinilla Contreras se encuentran a la fecha, imputados por la fiscalía del delito de lesiones graves y con medida cautelar decretada por el Tribunal de Garantía de Caldera, siendo ellos mismos a través de sus abogados quienes solicitaron se citara a una audiencia para discutir un eventual acuerdo reparatorio”.
Respecto de la supuesta suma que la víctima solicitó en dicha audiencia para llegar al acuerdo reparatorio, el abogado Cortés Gumució fue enfático al señalar que su representado “jamás ha solicitado $800 millones como reparación y que la parte querellada hizo efectivamente una oferta de $80 millones, destinada a poner termino a este proceso, debiendo como condición aceptarse por nuestra parte, que el hecho reviste los caracteres de un cuasidelito y no de un delito, poniendo con ello fin a la persecución penal que se sigue en contra de los imputados, ciertamente sujeto a la aprobación del Tribunal”, agregando que “al efecto, se debe hacer especial hincapié, que en este proceso se persigue la responsabilidad personal de los imputados, por delitos de acción pública”.
Finalmente, el destacado abogado de la plaza de Copiapó aseveró que “los principales imputados ya tienen a su haber, dos salidas alternativas con acuerdos reparatorios por muertes de trabajadores acaecidos en su empresa y que esos arreglos pecuniarios fueron imputados como gastos de la empresa, y es ésta, la primera vez que deberían responder con su patrimonio personal por su responsabilidad penal, ya que los fondos de la empresa no los tienen disponibles para estos efectos.
Sólo el Sr. Bown vive en una propiedad de más de 400.000.000 de pesos y entre todos los imputados, ofrecen para salir de su primer grave problema penal la referida suma, que sanciona la cercenación, aparte de la pierna de don Gino Cortes, de toda su proyección de vida”.
Fuente/Chañarcillo