(El Tiempo de Bogotá) Más de 2.000 hectáreas de bosques y vegetación son deforestadas cada mes en Colombia por cuenta de la explotación minera de oro a cielo abierto, que se está llevando a cabo en 17 de los 32 departamentos del país.

Esta grave actividad ilegal que está acabando con amplias zonas de Colombia se está realizando especialmente en las mismas regiones en las que las redes de narcotraficantes han establecido sus cultivos de coca y los laboratorios para el procesamiento de la droga.

Esto se desprende del primer informe sobre los daños causados al medioambiente por la minería de oro en aluvión, en el que se usó la misma tecnología satelital para detectar los cultivos de coca.

El documento, realizado por el Ministerio de Justicia y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), evidenció que en el 2014 el país ya tenía 78.939 hectáreas afectadas por la actividad de redes criminales que controlan la minería ilegal. (Vea el especial: Minería ilegal: los cráteres que se devoran a Colombia)

La ciudad de Barranquilla tiene 15.400 hectáreas, por lo que cada año en Colombia se estaría arrasando por cuenta de la minería ilegal un territorio mayor al ocupado por la capital del Atlántico.

Este tipo de minería arrasó en el 2013 con 24.450 hectáreas de cobertura de alto valor ambiental (bosques naturales y vegetación secundaria), casi 10.000 más que las destruidas por los cultivos de coca, que llegaron a las 15.404 hectáreas.

Según el documento Colombia, explotación de oro de aluvión: evidencias a partir de percepción remota, este tipo de explotación dañina es principalmente ilegal, pues solo el dos por ciento de las áreas detectadas coinciden con regiones que cuentan con licencias ambientales, títulos, solicitudes de legalización o propuestas de contrato. El 40 por ciento tiene amparo de títulos o solicitudes de legalización pero sin licencia ambiental, mientras que el 60 restante no tiene ningún permiso para la explotación.

Durante el lanzamiento del informe, el representante de la UNODC, Bo Mathiasen, advirtió sobre los nexos entre actividades ilegales como la minería y el narcotráfico. “Es preocupante el desarrollo de criminalidad. A pesar de su riqueza, las regiones afectadas por las explotaciones de oro hoy están sumadas a la violencia, falta de oportunidades, pobreza y daños ambientales que no les permiten tener una vida plena, al igual que les ocurre a los territorios con presencia de cultivos de coca”, señaló Mathiasen.

Sin embargo, el viceministro de Medio Ambiente, Mauricio Mira, dijo que no todas las personas que se dedican a actividades mineras sin los permisos legales son criminales, sino que muchas llegaron a ese trabajo por factores económicos y culturales.

Chocó, el más afectado

El 46 por ciento de ese grave daño ecológico se registró en las selvas del Chocó, uno de los pulmones ambientales del país. Ese departamento junto con Antioquia abarcan el 79 por ciento de las zonas afectadas en Colombia.

Un caso alarmante es el de Nechí (Antioquia), donde hay 6.232 hectáreas de vegetación arrasadas por este fenómeno. La dramática situación de esta población del Bajo Cauca antioqueño fue documentada por EL TIEMPO en un especial sobre minería ilegal realizado del pasado diciembre.

Los consejos comunitarios afrodescendientes tienen en su territorio el 46 por ciento de las zonas explotadas. Las imágenes satelitales tomadas para realizar el estudio también mostraron evidencias de la existencia de retroexcavadoras, dragas, dragones y balsas en cinco de los 59 parques nacionales naturales. Mientras que otros nueve tienen a menos de 20 kilómetros de distancia explotación de oro a cielo abierto.

Y aunque los resguardos indígenas tienen una afectación mucho menor, se detectaron 803 hectáreas arrasadas por las máquinas en el siete por ciento de estos territorios.

Esa explotación no solo está cambiando el paisaje del país, ya que esas zonas dejaron de tener amplios bosques y hoy están convertidas en áreas desérticas, sino que por cuenta del uso de mercurio y cianuro están contaminando también los ríos y acabando con la vida en esos cuerpos de agua.

El informe indica que en cuatro de las cinco macrocuencas del país se concentra la explotación de oro a cielo abierto. En las subcuencas ubicadas al nororiente de Antioquia y el sur de Bolívar, hay más de 1.000 hectáreas afectadas en cada uno de los municipios de Zaragoza, El Bagre, Nechí, Caucasia, Segovia, Montecristo y Santa Rosa del Sur.

En el Pacífico, los más afectados son los afluentes de la zona norte, que bañan los municipios de Istmina, Medio San Juan, Nóvita, Condoto y Tadó, del Chocó. Y al sur, los de los municipios de Barbacoas y Magüí, en Nariño.

Jorge Londoño, ministro de Justicia, dijo que esta es una oportunidad para tomar decisiones. “Esto nos brinda luces y una bitácora para saber cómo debemos actuar. Los resultados son preocupantes y alarmantes, pero por lo menos lo sabemos. Podemos entender el fenómeno y tomar acciones concretas”.