La demanda sostenía “actos y omisiones negligentes” de la empresa minera en su proyecto “Procesamiento de sales metálicas”.

La autoridad mediambiental exigió que ocho empresas del cordón industrial de Quintero y Puchuncaví presentaran planes para reducir sus emanaciones, a raíz de la emergencia que afecta a la zona. Sin embargo, las iniciativas solo de Codelco y Enap fueron autorizadas.

La compañía también da cuenta del comportamiento del SO2 en la estación de monitoreo Quintero para el período comprendido entre el 20 de agosto y el 27 de septiembre de 2018 y reitera que “la División (Ventanas), exhibe un estándar de cabal cumplimiento de las normas existentes”, lo que además se ha ratificado en las más de 30 fiscalizaciones hechas a la operación.

Expertos califican como “grave” la falta de registro y alertan por falta de norma para este químico.

Las medidas establecen la paralización de las principales fuentes emisoras de de dióxido de Azufre y afecta a varias empresas.

La decisión se adoptó con el objeto de asegurar que entre este domingo y la entrada en vigencia del decreto, no se generen condiciones adversas para la salud de las personas debido a la calidad del aire.

La estatal comunicó a la autoridad ambiental su renuncia a los derechos para construir la central, la que contaba con la respectiva Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y tendría una capacidad de generación de 1.050 MW.

Nuevo sistema estará compuesto por correas transportadoras encapsuladas, torres de transferencia selladas y la incorporación de un cargador viajero de naves.

El Ministerio del Medio Ambiente dio inicio al diseño e implementación del “Proceso APELL” el cual apunta a prevenir la pérdida de vidas humanas y materiales, así como salvaguardar el medio ambiente de la comunidad.