Matías Desmadryl profundizó en esta materia ante la comisión de Agricultura del Senado.

Especialistas sostienen que poner un límite de 30 años al uso del recurso atenta contra el derecho de propiedad. A los reclamos del agro, se suman mineras y energéticas.

Una elevada especulación en la industria, además de una baja capacidad de fiscalización de DGA y Tesorería, explican el descalce que se arrastra desde 2007.

Critican que los límites planteados al derecho de extracción del recurso afectaría las inversiones de largo plazo. Legisladores oficialistas, en tanto, defienden el proyecto.

En un seminario expertos, regantes y agricultores expresaron su inquietud por los anuncios de La Moneda, y presentaron las modificaciones que a su juicio requiere el sistema de derechos de agua para mejorar la institucionalidad y la coordinación.