La iniciativa ha suscitado polémica porque impide la actividad extractiva en las reservas de agua y sus entornos. Aunque ya fue aprobada en general por el Senado, el Gobierno agregó indicaciones que pusieron en alerta a las organizaciones ambientalistas.

Baldo Prokurica calificó la iniciativa como un retroceso y dijo que no necesariamente “va a proteger a los glaciares”.

La estatal ingresará a tramitación ambiental un proyecto por US$250 millones que si bien mantiene en 358 hectáreas el rajo autorizado de la minera, redirecciona su explotación hacia zonas sin presencia de glaciares.

En el almuerzo que se realiza este jueves expondrá Gino Casassa, gerente de Desarrollo e Investigación de Geostudios.

De los US$ 66 mil millones que había en proyectos en evaluación el año pasado, hoy solo persisten US$ 47 mil millones. La incertidumbre interna, además del precio del cobre, ha sido medular en el congelamiento de iniciativas, dicen en la industria.

Greenpeace, en tanto, asegura que la definición de entorno glaciar visada por la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados es más proteccionista que lo que el Gobierno hubiese querido.

El superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, dijo en una entrevista con Reuters que aunque la entidad limita su fiscalización a lo establecido por el permiso ambiental de las iniciativas, las mineras deberán adecuarse a los cambios que discuten los legisladores.

La iniciativa solo protegería a glaciares que están dentro de los Parques Nacionales.

Defiende la propuesta legal que establece resguardos para estas grandes y milenarias masas de agua. Aclara que, de prosperar, no será un obstáculo para los proyectos de inversión en el área minera.