La autoridad rechazó las versiones que indican que el proceso para la principal inversión pública chilena en I+D en los últimos años fue poco transparente.

La nueva instancia fiscalizadora deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

En esta ocasión, la publicación técnica incluye reportajes en torno a la minería 4.0, el Covid-19 como el transformador digital de la industria, y Chile como destino de la inversión minera global, entre otras temáticas.

La Corte resolvió que la acción impetrada no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, toda vez que no resulta ser la vía idónea al efecto.

La medida fue realizada por representantes que participaban en el consorcio ASDIT.

Desde la organización que, junto con sus socios quedaron en tercera posición en la licitación del Instituto de Tecnologías Limpias, analiza los implicaciones de esta convocatoria.

No cree que exista fraude en el proceso, pero insiste en que los dos años que demoró, terminó pasando la cuenta. Respecto del consorcio ganador dice que tienen brechas con la realidad.

El objetivo de esta iniciativa es abarcar todas las instancias que la entidad de fomento habilita para revertir el resultado que dan por ganador a AUI como el consorcio que desarrollará el Instituto de Tecnologías Limpias.

Ante la adjudicación de ITL, la institución manifestó que “sorprende una vez más, que los fondos entregados a universidades para impulsar al menos 100 emprendimientos tecnológicos en la región, no considere ningún actor relevante local en emprendimiento tecnológico”.