Propuesta contempla aquellas modificaciones necesarias para incorporar la variable del cambio climático, avanzar en mejores estándares de participación y acceso a la información como dispone el Acuerdo de Escazú, y para armonizar el reglamento con la Ley REP.

“Lo que buscamos con este tratado es que tenga un real impacto en una gestión informada, transparente, respetuosa de los Derechos Humanos y que dé seguridad y certeza a todos los actores”, señaló la jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del MMA, Constance Nalegach.

En la actividad se analizaron los resultados de una consultoría desarrollada por el PNUMA, que entre sus principales conclusiones definió que el país cuenta con bases sólidas para avanzar en la implementación del Acuerdo.

Parlamentarios presentaron una moción que apunta a modificar la ley de Bases Generales del Medioambiente.

En la actualidad, los países miembros son Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.