En mayo de 2016, la Superintendencia del Medio Ambiente abrió un procedimiento sancionatorio contra la estatal, formulándole 13 cargos.

“El sistema de monitoreo de la calidad del aire se encuentra bajo la administración del Ministerio del Medio Ambiente, por lo que las empresas no tienen injerencia alguna en la información”, declaró la estatal.

En esa fundición se maquilaron hasta 130 mil toneladas de concentrado de cobre de estas empresas en 2017.

La compañía también da cuenta del comportamiento del SO2 en la estación de monitoreo Quintero para el período comprendido entre el 20 de agosto y el 27 de septiembre de 2018 y reitera que “la División (Ventanas), exhibe un estándar de cabal cumplimiento de las normas existentes”, lo que además se ha ratificado en las más de 30 fiscalizaciones hechas a la operación.

Esto fue solicitado por el órgano fiscalizador para hacer cumplir el fallo del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago.

En Ventanas, Salvador y Andina, se renovará el contrato colectivo de casi la totalidad de su dotación propia, mientras que también habrá procesos en casa matriz. La empresa busca plasmar una nueva visión centrada en la productividad.

El proyecto de reutilización de este pasivo ambiental significará al Estado, un ahorro de más de $500 millones.

Ventanas será su primera instalación en adaptarse a la nueva legislación. Firma estatal también ve un riesgo para el desarrollo de sus nuevos proyectos a causa de la futura ley de Glaciares.

Junto a surcorena LS-Nikko Copper construirán planta en Mejillones por US$ 91 millones.