Tras la reunión, el secretario de Estado sostuvo que espera que “el CDE pueda actuar con la mayor rapidez posible en esta materia, porque cualquier decisión podría llegar tarde frente a un proyecto que tiene que comenzar a más tardar en octubre de este año”.

El secretario de Estado señaló que el proyecto de expansión significa entregar seguridad y certeza a más de 5.500 familias, de aquellos que laboran hoy en la División El Salvador.

La demanda por daño ambiental fue presentada por el Consejo de Defensa del Estado, CDE, por la afectación al Salar de Pedernales.

Se trata de la estrategia que está impulsando la minera estatal para extender por otros 40 años la vida útil de la división Salvador y elevar su producción a partir de 2021.

En licitación por movimiento de material en esa división.

El líder de la estatal reconoció errores en contratos de la división Salvador, los que provocaron sobrepagos.

La instancia, solicitada por la diputada Daniella Cicardini, analizará la adjudicación de un contrato por movimiento de tierra y mineral adjudicado a la empresa Trepsa Cerro Alto.

Si se aprueba el EIA de Rajo Inca y se obtienen todos los permisos sectoriales necesarios, su etapa de construcción debería empezar en el primer semestre de 2020.

Rajo Inca busca convertir a la mina en una faena subterránea.