A la fecha, ya habrían existido dos reuniones. En Contraloría estiman que una alternativa para evitar judicializar el conflicto sería que la estatal se acoja a un plan de cumplimiento al alero de la entidad presidida por Jorge Bermúdez.

Además de la decena de contratos con entidades relacionadas, habría otros con asignaciones directas injustificadas. También se advierte que sólo 11% de las denuncia recibidas por Codelco terminan en desvinculaciones.

Diputados reunirán información sobre la adquisición de bienes y servicios a privados, la política de indemnizaciones por término de la relación laboral y la administración de los recursos públicos en la empresa estatal.

Mientras diputados RN y UDI oficializaron una querella por presunto fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible; parlamentarios DC pidieron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) entablar acciones legales.

Ministro Valdés ya se ha reunido con el contralor Bermúdez para precisar dictamen. Esta semana la Segpres se sumaría a las conversaciones.

Conflicto se suma al inicio de un ciclo en que se prevé una baja de la producción de Codelco en los próximos 10 años, llegando a su menor nivel en 2023. Expertos alertan de los riesgos que este escenario conlleva.

En la estatal dicen que se han postergado compras y autorizaciones a proyectos.

La vía judicial asoma como la forma más probable de resolver el conflicto, aunque el gobierno mantiene abierta la opción de una salida administrativa.

A su vez, la estatal manifestó que los gastos misceláneos que la entidad rectora objetó no fueron cuestionados por fraude ni por su pertinencia.

Entidad alista estrategia tras anuncio de minera de llevar a la justicia disputa por fiscalización. Contralor ya litigó en 2016 en conflicto con la Dirección General de Aeronaútica Civil (DGAC).