Durante 2006-2019, el Estado ejecutó en promedio 96% de lo presupuestado. Desde 2020, esta cifra se sitúa en 82,6%, registrando el punto más bajo en 2023 con 83,7%. Si bien los presupuestos de inversión crecieron 5,6 veces en el período (contra un crecimiento del PIB de 4,2 veces), la ejecución real aumentó 4,9 veces.

«Los presupuestos de inversión han crecido, pero la brecha entre lo que prometemos invertir y lo que realmente ejecutamos ha aumentado desde 2020. Esto no debiera ser un problema administrativo menor: es la expresión de una visión muy optimista de lo que es posible ejecutar y eso afecta las expectativas”, comentó Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI.

El Ministerio de Obras Públicas, que concentra el 35% de la inversión pública, es el principal factor en esta desalineación. Desde 2020, ejecuta consistentemente menos del 90% de su presupuesto, con el punto más crítico en 2023 cuando apenas alcanzó 76,5%. El informe sugiere que esta brecha responde a una desproporción entre el crecimiento de presupuestos (96% entre 2019-2023) y el crecimiento de capacidad institucional (4,9% en personal). Esto consigna la necesidad de evaluar si los aumentos presupuestarios están acompañados de fortalecimiento institucional real, incluyendo recursos humanos, procesos y coordinación interinstitucional.

Por el contrario, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ejecuta consistentemente 98-99% de su presupuesto, demostrando que es posible mantener alineación entre asignación y ejecución cuando las prioridades de la política pública están bien definidas. El CPI recomienda estudiar en profundidad este desempeño para identificar e implementar buenas prácticas transferibles a otros ministerios, particularmente en materia de gestión de proyectos y ejecución de transferencias de capital.

El sector Educación también merece atención prioritaria. Sus inversiones bajaron de 0,3% del PIB en 2006 a 0,1% en 2025, con tasas de ejecución que apenas alcanzan 82%. El informe sugiere que esto refleja cambios discontinuos en prioridades políticas a través de los diferentes gobiernos, evidenciando la necesidad de establecer acuerdos de largo plazo sobre inversión en educación independientemente de cambios de administración o buscar otras formas de financiamiento y ejecución de lo proyectos que la educación necesita en Chile.

Medidas

Ante estos hallazgos, el CPI propone que el Estado adopte marcos de inversión plurianuales que reduzcan la variabilidad anual y permitan a los ministerios planificar con horizonte de mediano plazo, contratar personal especializado y mantener equipos técnicos sin interrupciones. Asimismo, recomienda realizar diagnósticos de capacidad de ejecución antes de asignar presupuestos, especialmente en inversión directa, y evaluar si los procesos de licitación, permisos y coordinación entre instituciones constituyen cuellos de botella que impiden que proyectos «listos para ejecutar» se materialicen.

El CPI enfatizó que la inversión pública necesita estabilidad de largo plazo, alineamiento entre presupuestos y capacidad institucional, y continuidad de objetivos sectoriales. Estos elementos no son obstáculos administrativos, sino condiciones fundamentales para que cada peso invertido genere impacto real en servicios e infraestructura para los ciudadanos, manifestaron.

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Entre los anuncios, destacó el hecho que Louis de Grange se desempeñará como biministro en las carteras de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones. La autoridad es ingeniero civil industrial y doctor en Planificación de Sistemas de Transporte con magíster en Economía de Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Anteriormente fue presidente de Metro de Santiago.

Es así como Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), comentó que “el nombramiento de un ministro a cargo del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Transportes puede ser visto como una oportunidad porque son actividades complementarias. Nosotros hemos planteado la importancia de una coordinación mucho más estrecha y esta es una oportunidad para que esto se pueda materializar debidamente, sobre todo aquello que tiene que ver con inversiones en logística y en el desarrollo de los accesos a las ciudades, a los puertos, a las distintas actividades que el Ministerio de Transportes, de alguna manera, supervisa”.

Sin embargo, también lo calificó como un riesgo, “pues administrar dos entidades que son tan distintas del punto de vista de su envergadura. El Ministerio de Obras públicas es tal vez la entidad en Chile que más invierte, mientras que el Ministerio de Transportes es una entidad más pequeña, más orientada a la regulación”.

“Integrar esas dos funciones no es fácil, y, en consecuencia, creemos que para apoyarse y poder hacerlo bien, considerar que el ministro va a requerir un gran apoyo de su subsecretario, de tal manera poder constituir un equipo que pueda desplegar plenamente las bondades de ambas instituciones”, recalcó Cruz.

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En ese contexto, la actividad concentra más del 80% de la capacidad instalada de desalación en Chile y reutiliza el 73% de sus aguas residuales. Según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el volumen recirculado llegó a 55,75 m³/s en 2024, con un aumento de 2,9% respecto de 2023 y una tasa de recirculación de 71,0%.

Sin embargo, esta realidad varía según el territorio. Gabriel Caldés, consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura, ejemplifica que “en el caso de la Región de Antofagasta, la minería es el principal usuario de agua continental. Diversos estudios regionales sitúan la participación de la minería entre el 60% y el 70% del consumo de agua continental de la región, dependiendo del año y de la cuenca analizada”.

Esta situación se observa también en otras zonas del país. El estudio “Consumo de Agua en la Minería del Cobre” de Cochilco (2025) revela que, en la Región de Valparaíso, de O’Higgins y Metropolitana, la extracción de agua alcanza 1,95 m³/s, 4,50 m³/s y 0,68 m³/s, respectivamente, proveniente en su totalidad de aguas continentales.

En el norte del país, el informe destaca que la Región de Atacama en 2024 completó su sexto año consecutivo de reducción en la extracción de agua continental, con una baja de 1,2%.

Presión sobre el recurso y factores que explican el consumo

A partir de este escenario, Claudia Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Cochilco, resalta que, en la última década, el consumo operacional de agua en la minería del cobre ha mostrado una tendencia relativamente estable, oscilando entre 16,7 y 18,1 m³/s entre 2021 y 2024. “Lo más relevante para entender la presión real sobre el recurso hídrico es el concepto de agua de make-up, es decir, el agua fresca que debe incorporarse al sistema para reponer las pérdidas que no pueden recuperarse mediante recirculación interna, principalmente por evaporación, arrastre en relaves y filtraciones”.

En esa línea, Rodríguez añade que el principal factor que explica la presión sobre el consumo de agua fresca es “la disminución de la ley del mineral: a medida que los yacimientos maduran, la concentración de cobre por tonelada de roca baja, obligando a procesar volúmenes cada vez mayores de material para obtener la misma cantidad de cobre fino. Esto eleva directamente el agua de make-up requerida por el proceso”.

A lo anterior se suma que, la ejecutiva agrega que “un segundo factor es el cambio en la composición del mineral, con mayor participación de sulfuros por sobre los óxidos, lo que implica procesos de concentración más intensivos en agua”.

Desde la perspectiva gremial, Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero, “la minería ha sufrido —como todos los sectores— el contexto de una mega sequía, así como una reducción sostenida en la disponibilidad de aguas continentales. En este escenario, la industria ha reforzado su enfoque en la gestión eficiente y responsable del recurso hídrico, priorizando su disponibilidad para el consumo humano y medioambiental”.

Pese a estos factores, durante la última década el consumo de agua continental de la minería chilena se ha mantenido estable. En esa línea, Urenda sostiene que “el incremento en la demanda hídrica del sector ha sido cubierto mayoritariamente mediante el uso creciente de agua de mar, así como por la incorporación de nuevas tecnologías orientadas a optimizar la eficiencia hídrica. Entre 2014 y hoy, la participación del agua de mar en la gran minería del cobre pasó de 12% a 34% del total de extracciones, y se proyecta que hacia 2034 llegaría a 66% del agua utilizada por el sector. Esta transición estructural evidencia el compromiso de la minería con una gestión hídrica más sostenible y alineada con las necesidades de las comunidades y del territorio”.

Optimización del recurso hídrico

En este contexto de gestión del recurso, los ejecutivos coinciden en que las operaciones de la gran minería del cobre logran que la mayor cantidad de agua utilizada en los procesos productivos sea recuperada y reutilizada dentro del mismo circuito.

En ese esfuerzo, es relevante adoptar innovaciones tecnológicas en distintos frentes. A modo de ejemplo, Reinaldo Salazar, gerente de Estudios de Sonami, menciona “la instalación de paneles solares flotantes sobre depósitos de relaves, como el caso implementado por Anglo American en Las Tórtolas, que reduce la evaporación del agua en 80% en la zona cubierta. También se observa una gestión hídrica cada vez más moderna basada en digitalización: sensores IoT, análisis de imágenes satelitales e inteligencia artificial para monitoreo en tiempo real de caudales, presiones y calidad, lo que facilita la detección temprana de anomalías y optimiza el uso del recurso”.

Según explica Salazar, esto se complementa con el uso de agua de mar como principal alternativa para nuevas fuentes de abastecimiento. “En desalación, se reportan 24 plantas con 10.583 L/s de capacidad conjunta, y la minería concentra más del 80% de la capacidad instalada del país. En ese escenario, también se evalúan opciones de infraestructura compartida o plantas multicliente, que permiten optimizar la inversión, reducir duplicidades y facilitar la ejecución de proyectos con menor huella territorial”, asegura.

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