“El Mercurio” tuvo acceso a parte de la carpeta de investigación de la causa penal que tiene como protagonista al ex ejecutivo y al ex contratista de la minera, José Miguel Julián, quien tuvo una sociedad con un hijo del otrora presidente ejecutivo de la estatal, a quien vendió una propiedad. Pizarro pasó a la acción y además de pedir una serie de diligencias, también estaría evaluando querellarse en contra de quienes han efectuado denuncias en su contra.

En el documento también se acusa de soborno al exsocio de su hijo, quien habría sido favorecido con millonarios contratos emanados desde la División Salvador.

El acuerdo se encuentra a la espera de la autorización que debe dar el Ministerio de Hacienda a dicha propuesta por los montos que están involucrados.

“Existen antecedentes que acreditan la comisión del referido delito y la participación que le cabría a los querellados”, entre ellos, Nelson Pizarro, aseguró el organismo.

El fiscal jefe de la zona, Cristián Aliaga, ha realizado una serie de diligencias, como el allanamiento que concretó a fines de enero en las oficinas de los sindicatos de la minera implicados en el caso, como también en las oficinas locales de Gestión y Servicios y Servisalud.

La sentencia ordena a la empresa la elaboración y ejecución de un plan de reparación, previa revisión de sus términos por parte de la superintendencia del Medio Ambiente.

La instancia dictaminó que la empresa debe hacerse responsable de la reparación, a través de un programa que contempla una serie de medidas.

Escrito dice que someterse a la Ley de Compras Públicas “no conlleva de forma alguna una confusión entre servicios públicos centralizados y empresas públicas”.

El escrito, firmado por la presidenta del Consejo, María Eugenia Manaud, cuestionó la asignación directa de empresas relacionadas, “contraria a la probidad”.