Organismo tomaría esta semana la decisión, según trascendió entre fuentes conocedoras del caso.

El Consejo de Defensa del Estado se querelló en contra de dos funcionarios de la DGA, esto por los oficios que se generaron respecto al proyecto. Además, indaga los vínculos de ese entonces entre la Intendencia Regional y la minera, con la finalidad de aprobar la iniciativa.

El secretario de Estado espera que se pueda lograr un consenso en el uso racional de las aguas para, posteriormente, someterlo al tribunal ambiental y sea aprobado en un plazo breve.

El secretario de Estado señaló que solicitará a la empresas estatal adoptar todas las medidas que sean necesarias para cumplir con el cuidado del medioambiente, y se pueda asegurar la continuidad del proyecto Rajo Inca. 

El organismo estatal acusa perjuicios irreparables, producto del consumo de agua de la división Salvador.

Decisión se tomó en una audiencia realizada este martes en el Primer Tribunal Ambiental.

“El Mercurio” tuvo acceso a parte de la carpeta de investigación de la causa penal que tiene como protagonista al ex ejecutivo y al ex contratista de la minera, José Miguel Julián, quien tuvo una sociedad con un hijo del otrora presidente ejecutivo de la estatal, a quien vendió una propiedad. Pizarro pasó a la acción y además de pedir una serie de diligencias, también estaría evaluando querellarse en contra de quienes han efectuado denuncias en su contra.

En el documento también se acusa de soborno al exsocio de su hijo, quien habría sido favorecido con millonarios contratos emanados desde la División Salvador.

El acuerdo se encuentra a la espera de la autorización que debe dar el Ministerio de Hacienda a dicha propuesta por los montos que están involucrados.