Con esos datos, construidos a partir de cinco fuentes oficiales, Propiedad Minera Digital expuso el pasado 31 de agosto ante la Comisión de Minería y Energía del Senado, en el marco del proyecto que modifica el Código de Minería y las leyes N.º 21.420 y N.º 21.649 en materia de amparo minero (Boletín N.º 18.259-08).

La presentación estuvo a cargo de Roberto Ramirez y Ricardo Ramirez, expertos de la empresa, quienes entregaron su visión respecto a los ejes e impactos que ha tenido el actual marco normativo, y las modificaciones actualmente en discusión.

MINERÍA CHILENA conversó con ambos profesionales respecto a lo que fue su participación en la sesión realizada por la Comisión del Senado, y los desafíos que experimenta el sector minero en materia normativa, con miras a su desarrollo. 

¿Qué relevancia tuvo para Propiedad Minera Digital participar ante la Comisión de Minería y Energía del Senado, y qué aporte concreto realizaron a la discusión legislativa?

Para Propiedad Minera Digital fue un honor y, sobre todo, una responsabilidad. Entendemos la invitación como un reconocimiento a la labor permanente de PMD de producir, depurar y analizar información objetiva sobre el funcionamiento del sistema de propiedad minera, poniéndola al servicio de la industria, las autoridades, las asociaciones y los demás actores del sector. Nuestro aporte concreto fue llevar a la discusión cifras que no estaban sobre la mesa: cuántas concesiones vigentes están en mora —una de cada cuatro— y cuántas hectáreas están expuestas a remate —más de seis millones—. También mostramos qué ocurre con una concesión después de que ingresa a una nómina de remate y cómo se comporta la recaudación bajo la nueva escala. Obtuvimos estos resultados cruzando información oficial de Sernageomin, la Tesorería General de la República, el Poder Judicial, el Boletín Oficial de Minería y los Conservadores de Minas, y los pusimos a disposición de la Comisión. Nuestro interés es transformar información pública dispersa en conocimiento útil para que las decisiones del sector se adopten sobre la base de antecedentes objetivos. Para evaluar una reforma no basta con leer su texto; hay que medir lo que produce.

A partir de la evidencia presentada, ¿qué cambios normativos y de gestión institucional consideran prioritarios para dar mayor certeza jurídica, hacer más efectivo el sistema concesional e impulsar la exploración y el desarrollo de nuevos proyectos mineros?

Identificamos dos prioridades.

La primera es contar con un régimen de amparo estable, predecible y proporcional, que distinga adecuadamente entre las concesiones de exploración y de explotación y considere los largos plazos de maduración de un proyecto minero. Los antecedentes analizados por PMD muestran una fuerte contracción en el ingreso de nuevas solicitudes: los pedimentos de exploración cayeron 72,9% en 2024 y, pese a recuperar 38,7% en 2025, se mantienen 60,9% bajo el promedio 2018-2023; las manifestaciones cayeron 24,0% en 2024 y permanecen 32,3% bajo ese mismo promedio.

A esto se suma la recaudación. Al 30 de junio, la de patentes 2026, medida en UTM, iba 16,2% por debajo del total de 2025 (3.364.761 UTM); como esa cifra de 2025 ya incorpora sus pagos tardíos y la de 2026 todavía no, la cifra comparable es la proyección a cierre de año: 2.924.141 UTM, una caída de 13,1%. Como señalamos ante la Comisión, la escala progresiva sigue vigente y continúa aumentando: el alza no ha terminado, porque la mayoría de las concesiones afectadas está todavía en sus primeros tramos y el impacto pleno del mecanismo aún no se refleja en estas cifras. En este contexto, detener el alza progresiva de las patentes aparece como una alternativa razonable para evitar que siga reduciéndose la base de titulares que efectivamente las pagan.

El texto aprobado por la Cámara apunta en esa dirección al proponer una patente de 0,4 UTM por hectárea para las pertenencias que no acrediten trabajos. La regulación debe desincentivar la retención injustificada de derechos, pero sin afectar la exploración ni la capacidad de la pequeña minería para mantener sus concesiones.

La segunda es que el sistema funcione. Seis de cada diez concesiones incluidas en nóminas de remate entre 2017 y 2026 —72.385 en total— vuelven a aparecer en años posteriores. La evidencia más clara de una falla de trazabilidad, sin embargo, surge de los roles ya declarados terreno franco: en 27.280 de los 85.035 pares de registros analizados (32,1%), el rol volvió a aparecer en una nómina de remate. Esto revela brechas de comunicación entre la Tesorería, los tribunales, los Conservadores de Minas y Sernageomin. Un registro común del estado de los expedientes, la comunicación electrónica de las resoluciones y la publicación del resultado de cada subasta permitirían abordar buena parte del problema.

Preocupaciones

Junto con estas prioridades institucionales, Roberto Ramírez —ingeniero de ejecución en minas, perito mensurador, expresidente de la Asociación de Peritos Mensuradores de Chile y socio fundador de Propiedad Minera Digital, con más de 35 años de experiencia en propiedad minera— llevó a la Comisión una preocupación específica que afecta a los peritos mensuradores. La Ley N.º 21.420 redujo de quince a diez meses el plazo del artículo 78 del Código de Minería para presentar el acta y plano de mensura. A su juicio, mientras no se implemente el cambio de Datum y sigan siendo exigibles la mensura en terreno y la colocación de hitos, ese plazo debe volver a ser de quince meses. El problema adquiere especial relevancia en alta cordillera, donde las condiciones climáticas pueden dificultar o impedir la ejecución segura de estos trabajos.

Roberto explicó que el riesgo de incumplir el plazo —y, con ello, provocar la caducidad de los derechos emanados de la manifestación— recae en el titular, no en el perito. Por eso propuso restituir los quince meses originales mientras se mantengan las actuales exigencias de mensura en terreno.

La combinación de evidencia y experiencia práctica permite dimensionar el impacto real de cada definición normativa antes de resolver. Ese es el aporte que Propiedad Minera Digital busca poner al servicio de la industria, las autoridades, las asociaciones y los demás actores de la minería. Al fin y al cabo, sobre la propiedad minera se funda todo el edificio de la minería.

Para mayor información, ingrese a ESTE LINK y en el sitio web de Propiedad Minera Digital.

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El ministro Arrau remarcó que el sector de la infraestructura “habilita el desarrollo y tener una mirada de planificación a largo plazo”, junto con afirmar que entre los ejes de la nueva administración están enfrentar la emergencia económica, la seguridad pública, aumentar el empleo y ejecutar una cartera de proyectos clave.

“Detectamos 70 obras, que tienen alto impacto en empleo y montos; de cerca de US$28 mil millones que se van a ejecutar en varios años”, mencionó la autoridad, las que son monitoreadas por un equipo especial que analiza qué permisos se pueden agilizar para llevar adelante las iniciativas.

El secretario de Estado sostuvo que también se requieren obras para la seguridad pública como cárceles -que tendrán un modelo “tipo” invariable, con el fin de evitar dilaciones-, además de infraestructura para las policías como cuarteles. A esto se suman 19 hospitales en construcción, los que sumarán un 25% de las camas de la red.

Proyecciones 

El ministro Arrau también dijo que se abordará la regulación: en abril se va a introducir un paquete de cambios a las bases de licitación para mejorar las reglas (solución de controversias, mejoras en la distribución de riesgos y responsabilidades por cambios en los servicios, entre otros). Al mismo tiempo se trabajará en materia hídrica: avanzar en grandes obras de riego, cobertura hídrica en zonas rurales, y desalación como estrategia.

En el área institucional, agregó que se debe definir una planificación que beneficie la alianza público-privada a largo plazo.

El presidente del CPI, Eduardo Frei, explicó que “para que a Chile le vaya bien es necesario que trabajemos duro”, añadiendo que se prestará toda la colaboración al ministerio.

En tanto, Carlos Cruz, director del CPI sostuvo que se debe “seguir trabajando con el Ministerio de Obras Públicas en profundizar el sistema de concesiones e intentar que el sistema pueda, no sólo hacer mejor lo que está haciendo, sino también ampliarse a otras áreas de la infraestructura y de los servicios es algo que es una necesidad”.

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La actividad, que se realizó en Metropolitan Santiago y que congregó a mandantes, consultores, proveedores y otros representantes del ámbito público y privado, se inició con las palabras de Juan Pablo Negroni, presidente de la gremial, que reúne a 62 empresas.

En su presentación, abordó los desafíos que afronta en la actualidad la ingeniería, y aludiendo al foco del encuentro, expresó que “creemos que la infraestructura compartida nos invita a repensar lo público y lo privado, orientado a la sostenibilidad, la eficiencia y la seguridad”.

Al respecto, relevó la figura de los profesionales de la ingeniería chilena, su conocimiento y experiencia que han procurado transmitir a sus pares y a las nuevas generaciones, destacando la importancia de promover entre los jóvenes que estudien carreras STEM.

Junto con ello, remarcó que “la buena ingeniería no es un costo, sino que una inversión”, asegurando que su elección debe basarse más en la calidad que en el precio; junto con hacer un llamado a incrementar la exportación de servicios, con miras a la internacionalización de la ingeniería chilena.

En otro momento de su discurso, Negroni precisó que es necesario contar con modelos de contratos que consideren los riesgos que afrontan las empresas de ingeniería, de forma de contar con sistemas que promuevan la colaboración y que posibiliten compartir los riesgos propios de la actividad.

“Vivimos tiempos complejos y necesitamos respuestas distintas”, expresó el presidente de la AIC, poniendo el foco en la relevancia de contar con la infraestructura resiliente que Chile requiere.

Alianzas

La noche contó con la participación como orador principal a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ex Presidente de la República de Chile y presidente del Directorio del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), quien abrió un espacio de reflexión bajo el lema del evento.

Es así como el ex Mandatario hizo una revisión del proceso de transformación que ha vivido Chile en materia de infraestructura y logística en las últimas décadas. En ese contexto, comentó que la asociatividad público privada ha sido clave en dicho proceso.

Además de resaltar que se requiere una mirada de largo plazo para el sistema portuario, considerando la relevancia del comercio exterior.

La autoridad aseguró que la infraestructura es la base material y el soporte físico que posibilita la producción de bienes y servicios.

Vinculado a dicho punto, expresó sus cuestionamientos respecto al fenómeno de la permisología y su impacto en el desarrollo.

Al respecto, comentó que se han ralentizado las concesiones de obras públicas, lo que ha implicado que los niveles de inversión en infraestructura se sitúen por debajo de lo requerido, correspondiente al 2,5% del PIB, mientras que en los países desarrollados se sitúa en torno al 5%.

“Necesitamos una nueva revolución en materia de infraestructura, darle un nuevo impulso a la asociatividad público privada”, expuso, haciendo hincapié en que “la permisología y el sistema político tienen que ponerse los pantalones largos”.

Reconocimientos

En el marco de la actividad, se realizó la entrega de una serie de reconocimientos a personas y proyectos destacados.

• Proyecto de Minería: Salares Norte, Gold Fields
• Proyecto de Energía: Planta HARU ONI, HIF Global.
• Proyecto de Impacto Social: Tren Melipilla – Estación Central, EFE Trenes Chile.
• Proyecto de Infraestructura: Estadio Claro Arena, Cruzados.
• Ingeniero del Año: Pedro Inojosa, socio director de LEN Ingeniería
• Personaje del Año: Dorothy Pérez, contralora general de la República de Chile.
• Comunicador del Año: Matías Egaña, conductor del Programa “MegaProyectos”

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Entre las mejoras del proyecto se propone clarificar y robustecer el contenido de la obligación de los titulares de concesiones, de reportar información geológica básica al término de su período.

Asimismo, se busca fijar un nuevo procedimiento para la transformación del sistema de coordenadas de las concesiones vigentes, de forma expedita y transparente.

De la misma forma, tratan de habilitar la prórroga, por una sola vez, de cuatro años para los titulares de concesiones de exploración. Asimismo, regular de mejor forma la prohibición de constituir nuevas concesiones en una misma área.

Por otro lado, se contempla clarificar y ampliar las condiciones para acceder a la patente rebajada; así como otras modificaciones que afectan y perfeccionan al funcionamiento del sistema en su conjunto.

Exposiciones por disposiciones mineras

La ronda de exposiciones se inició con la presentación del director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Patricio Aguilera. Entre otros puntos, se refirió al proyecto cambio de datum o conversión entre dos sistemas de coordenadas geográficas.

En tanto, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, consideró como un antecedente relevante la aprobación del nuevo Royalty Minero. Precisó que al imponer una desventaja competitiva a la minería chilena en el ámbito tributario, hace necesario ser especialmente cautos para no imponer nuevas cargas a la industria.

Sostuvieron que, dado que las patentes mineras no debieran tener un objetivo recaudatorio sino de amparo, se justifica el alza a las patentes de exploración, que estableció la Ley 21.420.

En concreto, recomiendan aprobar lo dispuesto en el proyecto sobre sistema de coordenadas. Asimismo, incluir en el procedimiento el derecho a reclamar para los terceros afectados.

El alcalde de Vallenar y representante de la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile  (Amunochi) Armando Flores, dijo que «se debe revisar la norma sobre disposiciones mineras. Lo anterior porque existen leyes que provocan una menor recaudación fiscal en perjuicio directo de las Municipalidades y los Gores, dado el menor monto a recaudar».

En tanto, desde la Confederación Minera de Chile (Confemin), Claudio Viera expuso que se advierten efectos adversos para la Pequeña y Minería Artesanal. Esta representa el 14% de las plazas de trabajo minero, y mantiene una estructura de costos muy sensibles a cualquier alza de las patentes.

Agregó que se requiere una intervención importante en materia de capacitación. Ello para que el cambio en los sistemas de coordenadas no suponga incertidumbre en los pequeños productores.

Ejecutivo

La ministra de Minería, Marcela Hernando, agradeció las presentaciones. destacó que a su parecer, estas ayudan a ver que es necesario el ingreso de algunas indicaciones.

La secretaria de Estado precisó que durante la última semana de junio debiera abordarse en detalle esta materia, con el objeto de perfeccionar la normativa sobre disposiciones mineras.

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En la instancia, el ejecutivo conversó con MINERÍA CHILENA para profundizar sobre las medidas urgentes que debe tomar el Estado para poder desarrollar la actividad del litio, donde destacó que «por parte del Gobierno, ha habido ausencia de políticas que lleven finalmente a adjudicar a Chile al lugar que le corresponde, de tal manera que la actividad privada nuevamente está subsidiando la inactividad del gobierno y los partícipes que han intervenido, tanto expositores como expectadores hacen la atmósfera necesaria para crear políticas que determinen que efectivamente, esa ubicación que estamos anhelando».

«Actualmente el litio está bajo un candado, que es el hecho de que es inconcesible y la única manera que eso cambie es que el Estado, a través de las cuatro formas de que dispone constitucionalmente, pueda realizar alguna política de explotación», añadió.

Una de ellas -agregó Claussen- «es que no lo realizan las empresas directamente. La segunda, lo podría desarrollar el Estado directamente, tercero, que no lo desarrolla con concesiones administrativas y por último, la vía que normalmente se ha estimado como la más adecuada para poder explotarlo que son los contratos especiales de operación de litio, han sido frustrados. La primera vez fue por situaciones de prioridad y la segunda por una mala estrategia respecto a permitir que los adjudicados de la licitación, libremente escogieran dónde podían explotar, lo que conllevaba al hecho de que los afectados eran muchos y no había una determinación directamente sobre cuál es la comunidad afectada por esa explotación, de tal manera, que eso, fue judicializado y declarado ilegal y arbitrario y finalmente, selló la suerte de la segunda licitación de los contratos especiales de operaciones».

«Lo que tiene que hacer la autoridad, es desarrollar una licitación para los contratos especiales de operación, bien hecha, sobre la base del marco de lo que existe que no invente pero que lo haga bien», culminó el ejecutivo.

Revise el video completo aquí: 

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El cambio al reglamento estipula que las peticiones de concesión geotérmica “deberán ser ingresadas a través de la plataforma web del Ministerio de Energía”, la cual automáticamente generará “un certificado que servirá como medio de verificación de que la solicitud fue recepcionada”.

En caso de que la plataforma no esté disponible o de que el interesado no tenga los medios necesarios para la presentación digital de la solicitud, “se podrá en papel mediante su ingreso en la oficina de partes del Ministerio de Energía o la respectiva Secretaria Regional Ministerial.

Las modificaciones al reglamento comenzará a regir 120 días después de su publicación, por lo que la recepción online de las solicitudes partirá a fines de mayo.

Clave única

Según se indica en el decreto, el objetivo de los cambios es “hacer más expedita y accesible, para todas aquellas personas interesadas, la presentación y seguimiento de la tramitación de dichas solicitudes de concesión”.

Además, se señala que el Ministerio de Energía “se encuentra en la etapa final de la implementación de una plataforma digital para la tramitación de las solicitudes de concesión de energía geotérmica, la cual es accesible a través del mecanismo de “Clave Única”, implementado para la identificación de los interesados en realizar trámites ante la Administración del Estado”.

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Es así, como los presidentes de la Democracia Cristiana, Patricio Campusano; Socialista, Oscar Mora; y Partido por la Democracia, Gabriel Hernández, a los cuales se sumarían los radicales y comunistas, dieron a conocer la postura que tienen en relación a esta temática, que de acuerdo a lo planteado por ellos, es transversal en cuanto están integrando al debate a los parlamentarios de la región de Antofagasta, ya que no quieren que ocurra lo mismo que aconteció con el cobre.

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Esto tras tomar conocimiento de la materialización de la cuarta operación comercial más cuantiosa de la historia que se ha realizado en la Bolsa de Comercio de Santiago, que ha impactado a un mineral de insospechados atributos, ventajas y oportunidades para el desarrollo de Chile.

En concreto, la venta de acciones de la empresa canadiense Nutrien a la empresa china Tianqui, que se adjudicó el 24% de la propiedad de SQM, por un valor de US$4.070 millones, que no importa ninguna inversión extranjera nueva para el país, no obstante, tiene la implicancia corporativa de que esta empresa podría designar tres de los siete miembros del directorio.

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En Ecuador, su filial Emsaec solicitó al gobierno de ese país el otorgamiento de derechos mineros en 49 áreas, equivalentes a cerca de 200 mil hectáreas. De acuerdo con la memoria 2016 de la cuprera, dichos terrenos son “altamente prospectivos y poco explorados”.

De acuerdo a Codelco, una vez que los derechos sean otorgados, las áreas pasarán a la cartera propia de la filial de la Corporación en Ecuador, siendo objeto de evaluación y exploración geológica inicial.

Asimismo, y a partir de un acuerdo con la empresa estatal local Enami EP, Codelco ha evaluado 20 prospectos mineros en territorio ecuatoriano, de los cuales mantiene vigentes los proyectos Llurimagua (ubicado a 80 kilómetros al norte de Quito) y Mina Real (ubicada a 460 kilómetros al sur de la capital).

En el caso del proyecto Llurimagua, Codelco espera constituir durante 2017 una sociedad formal con Enami EP, para el desarrollo de las próximas fases de esta iniciativa minera; mientras que respecto a Mina Real, este recién se encuentra en la etapa de exploración inicial, con trabajos en superficie.

En otros estados

En el caso de Brasil, y a través de su filial Codelco do Brasil, la compañía minera también amplió su ámbito de acción, mediante el posicionamiento de propiedad minera en los estados de Tocantins y Goiás, aumentando su base de búsqueda en dicho país.

La minera estatal concentra su actividad en Brasil principalmente en el distrito minero de Carajás, en el Estado de Pará. Además posee recursos mineros a nivel exploratorio y con potencial en el proyecto Liberdade, que es parte del portafolio de asociación con la firma local Pan Brasil.

De acuerdo con estimaciones preliminares, los recursos con los que contaría el proyecto Liberdade son del orden de 242 millones de toneladas, con una ley de mineral de 0,77%.

Respecto de los modelos de exploración utilizados, Codelco señaló en su memoria que se han centrado en aplicar tecnologías que permitan detectar de forma indirecta “cuerpos mineralizados a gran profundidad”.

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En idénticas décadas, la inversión estatal directa en infraestructura realizada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) subió a 79,7% desde el 49,3% previo. Así, en el último decenio, promedió US$ 2.155 millones anuales, versus los US$ 1.082 millones al año de 1997 a 2006.

Así se desprende de cifras elaboradas por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), las que revelan el estancamiento que registra el gasto en concesiones en los últimos tres gobiernos. El mínimo histórico se registró en 2009, cuando se materializaron apenas US$ 163 millones en obras de uso público financiadas por privados.

El gerente de Infraestructura de la CChC, Carlos Piaggio, explicó que existen al menos tres grandes factores que han incidido en la merma de las concesiones. Uno de ellos, indicó, es el efecto que generó el caso MOP-Gate (de inicios del 2000), que produjo un «cuestionamiento del sistema respecto de que había cierta captura del Estado por parte de las empresas concesionarias». Añadió que se produjo una revisión de esta situación, que derivó en una paralización de esta industria y que incluyó un cambio a la Ley de Concesiones que se tramitó en 2009-2010.

«Si bien luego se trató de reimpulsar el sistema, ha sido difícil volver a niveles altos de inversión, pues cuando se detiene este motor, es complicado ponerlo de nuevo en funcionamiento», sostuvo Piaggio.

Otro factor negativo, señaló, es el retraso en el fortalecimiento de la Coordinación de Concesiones del MOP, que ha tenido una fuerte rotación de encargados de esa entidad en los últimos años y muestra una «organización pública bastante mermada en términos de gestión» y una carencia en nuevas carteras de proyectos.

Como tercer elemento, Piaggio identificó uno ligado a un cambio social. «La población tienen otros niveles de ingresos y otras perspectivas, lo que ha significado cuestionamientos al sistema de concesiones». Esto último, explicó, ligado a déficits en servicios de autopistas que están llegando a niveles de saturación y para las cuales no se han activado «gatilladores de inversión para recuperarlas».

Propuestas para avanzar

Para mejorar la inversión en infraestructura pública en Chile, que hoy promedia 2,5% del PIB -un punto menos que países desarrollados-, Carlos Piaggio propone potenciar las concesiones, ya que solo con fondos fiscales no es posible acortar la brecha respecto del gasto que exhiben grandes naciones en esta materia.

Uno de los planteamientos es modernizar la cartera de inversiones. «Se está hablando mucho de iniciativas que estaban hace diez años o más, pero quién está renovando o aumentando los proyectos». En este sentido, sostuvo que el Fondo de Infraestructura -que impulsa el Gobierno y que debe aprobar el Congreso- podría destinar un porcentaje de 5% de sus recursos, por ejemplo, a desarrollar iniciativas, lo que «permitiría tener una cartera permanente para los próximos 10 años». Afirmó que «la Coordinación de Concesiones no tiene esa capacidad, no posee recursos».

En este sentido, Piaggio añadió que es «vital» materializar el proyecto de la Dirección General de Concesiones, el cual -dijo- está en primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados. Esto, «porque para ejecutar más proyectos se requiere de una institucionalidad adecuada», dijo.

Otra de las propuestas, indicó, es potenciar el mecanismo de iniciativas privadas. «Hay una tarea pendiente que es aprobar la modificación del reglamento de estas iniciativas, el cual ya está firmado por la Presidenta desde el año pasado, pero aún no se materializa». Recordó que esta transformación mejoraba los premios a los proponentes de proyectos -sin desincentivar la competencia- y daba certezas en cuanto al reembolso de los estudios.

A lo anterior, como planteamiento, se añade el apurar obras de upgrade o mejoras de las actuales concesiones, «que se hacen mediante convenios y permitirían tener una actividad inmediata», aseguró Piaggio.

MOP licitaría proyectos por US$ 4.088 mills. a marzo de 2018

Iniciativas por US$ 4.088 millones a licitar entre este año y marzo de 2018 contiene la cartera de proyectos actual de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas. Este documento, de todos modos, proyecta licitaciones hasta 2021, con planes que suman US$ 8.289 millones.

La semana pasada, el coordinador de Concesiones, Eduardo Abedrapo, presentó la cartera en una actividad organizada por la Cámara Chilena de la Construcción de Osorno. Según consignó la entidad del MOP en su página web, para este año se considera la licitación de la concesión Américo Vespucio II, tramo Príncipe de Gales-Los Presidentes, por US$ 800 millones; la iniciativa privada Teleférico Bicentenario de Santiago, y la Ruta Nahuelbuta, por US$ 254 millones. Esta última prevé mejorar la conectividad entre las regiones del Biobío y de La Araucanía.

Para 2017 está contemplada la licitación de la Autopista Metropolitana de Puerto Montt, iniciativa privada de US$ 340 millones que consiste en la construcción de una vía de doble calzada que unirá las localidades de Puerto Varas, Alerce, La Vara, Puerto Montt y el Aeropuerto El Tepual, en una longitud aproximada de 33 kilómetros. Ese último proyecto permitirá reducir los tiempos de viaje de las personas, disminuir los costos de operación y aumentar los niveles de seguridad, beneficiando de este modo a los usuarios de las comunas de Puerto Varas y Puerto Montt.

Para el período marzo de 2018 e igual mes de 2019 se licitarían US$ 1.300 millones, destacando la iniciativa privada Ruta 5: Caldera-Antofagasta, por US$ 640 millones. A la vez, en el lapso 2019-2020 se licitaría la iniciativa «Ruta 68+Alternativas», por US$ 600 millones.

Uno de los ejes de la cartera considera a 2030 materializar la Ruta 5 en estándar concesionado desde Arica a Quellón.

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La compañía -que es una de las 10 empresas latinoamericanas de mayores ventas- se encuentra presente desde 2005 en el país tanto con proyectos en minería como energía. Por un lado, mantiene, a través de sus filial Vial y Vives-DSD Construcciones y Montajes, contratos con Antofagasta Minerals, Codelco y  CMPC. Adicionalmente, tiempo atrás adquirió el 100% de la Compañía Americana de Multiservicios a Enersis.

“Estamos analizando ingresar al negocio de las concesiones. Hemos visto varias de las iniciativas que planea impulsar el gobierno chileno. No obstante, hasta el momento no hemos visto un gran avance en ellas, pero estamos confiados en que serán impulsadas”, indica un alta fuente de la compañía del país vecino.

Según señalan, la caída en la cantidad de proyectos en minería y energía, donde la empresa tiene una amplia trayectoria, estaría haciendo que la opción de desarrollar infraestructura suene aún más interesante.

A nivel global, durante el primer trimestre de este año un 57% de las inversiones de la compañía se ejecutaron en el área de infraestructura y sólo un 27% en construcción e ingeniería.

Según José Graña, presidente de la compañía, el objetivo de la empresa es convertirse en un “referente regional en el área de construcción e infraestructura, especialmente en Perú, Chile y Colombia”. Por eso mismo, tal como indica en la Memoria 2014, se definió una estrategia cuyo paso principal fue realizar en 2013 un aumento de capital y listar a la empresa en la Bolsa de Nueva York.

“En el 2014, la facturación en el exterior alcanzó los US$487 millones y, por otro lado, el 47,6% del Ebitda del grupo provino de contratos estables o de concesiones, avanzando en las estrategias de diversificación geográfica y generación de flujos estables instituidas hace más de una década”, indicó el presidente.

En Perú, Graña y Montero es una de las principales empresas concesionarias, con iniciativas viales; de transporte; energía, agua y saneamiento; y petróleo y gas. Adicionalmente, en el último tiempo la firma ha tomado una determinación: no sólo construir, sino que también operar. Este es mismo modelo que esperan replicar en Chile. “La idea es construir y operar. Siempre se está dispuesto a integrar consorcios. No obstante, para la compañía lo principal es que las concesiones se conviertan en un área que genere ingresos constantes. Esto mismo es lo que se busca con las concesiones en Perú”, explica un conocedor de los planes de la empresa cuyos ingresos proviene principalmente de construcción e ingeniería.

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