La norma, que no alcanzó el quorum necesario para su aprobación, pretendía despejar cualquier vacío legal sobre el rol de la autoridad elegida democráticamente.

Hace algunos días la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo dio luz verde al Estudio de Impacto Ambiental del mega proyecto minero portuario, generando una serie de reacciones en contra.

El parlamentario sostuvo que el proyecto minero permitirá la reactivación económica de una zona que lo necesita con urgencia, como también generará un encadenamiento productivo con varias empresas de la región.

“Creemos en un desarrollo sustentable y un futuro promisorio para los habitantes de La Higuera mediante el trabajo colaborativo de los actores relevantes de región y del país”, aseguró la compañía.

La construcción el mega proyecto portuario minero, cuya tramitación comenzó hace ocho años, ha dividido a la comunidad, entre quienes apoyan el desarrollo económico que implicaría la inversión de US$2.500 millones y la creación de 10 mil empleos en la zona.

“Como Gobierno Regional tomaremos las medidas necesarias para proteger la biodiversidad y el ecosistema de La Higuera, Punta de Choros y sus entornos”, afirmó la gobernadora Krist Naranjo.

Justo al límite del plazo legal, el abogado Diego Lillo, en representación de distintas organizaciones sociales que se oponen a esta inversión. presentó un recurso de casación con el que se busca revertir el fallo de la justicia ambiental que le dio una nueva vida a la iniciativa.

Se trata del proyecto minero Salares del Norte que considera una inversión de US$ 1.300 millones.

Su altura y entorno geográfico son algunos de los desafíos que enfrenta la iniciativa, que busca procesar dos millones de toneladas anuales de mineral para la producción de metal doré.