(Estrategia).- La Cámara Alta despachó a último trámite constitucional, que se verificaría a fines de mes, el proyecto de ley comprometido para el ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que sanciona penalmente a las personas jurídicas, por los delitos que sus ejecutivos y dueños cometan a favor de ella, en materia de lavado de dinero, cohecho y financiamiento del terrorismo.
Además de la aplicación de multas, que pueden llegar hasta $700 millones, la iniciativa considera como sanción máxima la disolución de las empresas, con excepción de las públicas y de aquellas de propiedad privada que entreguen bienes y servicios esenciales para la ciudadanía.
Esto significa un cambio radical respecto de la legislación chilena, que establece que las personas son sancionadas en tanto individuos y que, por lo mismo, se castiga a los representantes legales y la persona jurídica puede seguir funcionando.
Lo anterior operará, si las empresas no han establecido mecanismos de prevención de delitos. Por ejemplo, dispone que las empresas con ingresos mayores a 100 mil UF deberán tener un encargado especialmente dedicado a ello; y tienen la posibilidad de pedir a un auditor externo un certificado que durará cinco años, el cual estimará como presunción legal que le podría servir en el evento de que sean investigadas.
En el caso de las empresas más pequeñas, podrán ejercer esa tarea los mismos dueños o personas que hoy día realizan labores de auditoría.
Fuente / Estrategia