(El Mercurio) Poner fin a la incertidumbre. Es el concepto que más ha planteado el empresariado en las últimas semanas y que ha cobrado fuerza a la luz de las últimas cifras entregadas por el Banco Central, que apuntan a un menor crecimiento del PIB para este año y una expansión de entre 3% y 4% para 2015, pero con un sesgo a la baja.
«El Mercurio» realizó un sondeo en las ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), para conocer los proyectos que preocupan al empresariado y que presentarán a la Presidenta Michelle Bachelet en una reunión que se concretaría este mes.
Desde la CPC precisan que el objetivo no es rechazar a priori los proyectos, sino que solicitar a la autoridad un «diálogo más fluido» con el sector privado en torno a los cambios que el Ejecutivo está apoyando y que los elementos de crecimiento y productividad sean ejes rectores de las reformas en curso. Esto, para apuntalar las expectativas del empresariado y con ello la reactivación de la economía del país.
Sernac, polifuncionalidad y consentimiento
Para la Cámara Nacional de Comercio (CNC), las inquietudes se centran en los proyectos sobre polifuncionalidad, Sernac y consentimiento explícito.
En materia de polifuncionalidad -proyecto que ingresó en 2012 y que básicamente apunta a que los contratos de trabajo precisen las funciones que desarrollará cada trabajador, las que deben ser de similar naturaleza-, la CNC advierte que este cambio podría generar un doble impacto. Primero, afectará al trabajador, ya que la rigidez de las funciones limitaría sus posibilidades de progreso y movilidad laboral, y, segundo, a la empresa, ya que para muchas pymes es inviable no poder asignar distintas tareas a un trabajador.
En el caso del reglamento sobre consentimiento explícito -norma que está afinando el Ministerio de Economía y que busca que las entidades financieras y casas comerciales no realicen ajustes en las tarifas de los contratos de forma unilateral-, los reparos van más allá del comercio.
La CNC advierte que no es correcto abordar este tema a través de un reglamento, ya que podrían generarse «colisiones normativas». Además, considera que se producirá el término de contratos de duración indefinida, estableciéndose contratos fijos, que podrían presentar trabas para el sistema.
El presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), Jorge Awad, advierte que los contratos indefinidos vigentes se transformarán en «perpetuos» y que esto afectará negativamente al sector y a sus clientes.
En relación con el proyecto que reforma al Sernac entregándole mayores facultades al organismo, la iniciativa lleva tres meses en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, y lo que el Gobierno anunciaría la próxima semana es un conjunto de indicaciones de consenso entre distintos sectores políticos.
Según lo conocido de las indicaciones, se mantendrá la figura de un Sernac con multiplicidad de roles, pero estableciendo «murallas chinas» entre las distintas funciones del organismo. Sin embargo, la CPC discrepa de este camino (ver recuadro).
Los problemas en la industria
Uno de los temas que están generando «ruido» en la industria es el proyecto sobre responsabilidad extendida del productor (REP), afirman desde Sofofa.
La iniciativa -que fue ingresada al Congreso por el gobierno pasado en 2013 y que la autoridad actual decidió apoyar dándole urgencia simple- obliga a las empresas productoras (fabricantes e importadoras) de bienes prioritarios a hacerse cargo de estos una vez terminada su vida útil. La ley tipifica en esa categoría a productos como aceites lubricantes, aparatos eléctricos, embalajes y medicamentos, entre otros.
A mediados de 2012, cuando la Administración Piñera envió su reforma tributaria para la reconstrucción, la Sofofa pidió avanzar en el concepto de REP; sin embargo, la industria hoy tiene reparos sobre el proyecto en trámite, pues considera que no resuelve el problema del reciclaje y que solo responsabiliza a las empresas, desligando a los municipios y a los hogares.
Ajustes en uso del suelo
Para la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el problema del suelo es crítico y por eso ve con inquietud el proyecto en trámite que amplía la afectación de las áreas de utilidad pública. Hasta ahora, estas últimas tienen un plazo definido para ser destinadas a calles, avenidas, plazas o parques por motivos de bien común. Pero una vez vencido ese plazo pasan a ser terrenos privados.
La iniciativa en trámite busca darle a esta calificación un plazo indefinido, aspecto que no apoya la CChC.
Otro tema que genera incertidumbre en el sector es el proyecto sobre aportes a los espacios públicos o mitigaciones de los proyectos de inversión cuando por ejemplo superan ciertos límites como el número de estacionamientos (que hoy está fijado en 250). Para la CChC, todo proyecto debe aportar al entorno en el que está inserto, independiente de los límites. Sin embargo, no está de acuerdo con la idea del proyecto que apunta a que el aporte vaya más allá del área donde la iniciativa está inserta y que considere a la comuna en su conjunto.
Las reformas que vienen
El Gobierno ha comprometido dos reformas -al Código de Aguas y al Código Laboral-, las que si bien aún no han ingresado, están causando incertidumbre en el sector privado.
En materia de aguas, el temor de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) es que se cuestionen los derechos de propiedad y que se busque extinguir dichos derechos sin necesidad de pagar la indemnización correspondiente.
Sobre la reforma laboral, la CPC no apoya la idea del Gobierno de poner fin al reemplazo en huelga ni la titularidad sindical, que pondría a los sindicatos como «administradores únicos» de los beneficios de las negociaciones colectivas. Para fortalecer sus argumentos, la comisión laboral de la CPC ha intensificado su trabajo con las ramas para ir pesquisando la realidad de cada sector y exponer al Gobierno argumentos concretos para avalar su postura.
Gremial propone tres entidades a cargo de protección de derechos de consumidores
El comité de protección de los derechos de los consumidores de la CPC, que preside Christián Acuña, y que fue creado en abril pasado ha centrado su trabajo en la reforma al Sernac.
El proyecto del Gobierno entrega al organismo las facultades de fiscalizar, sancionar, elaborar normativas e interpretar la Ley de Protección al Consumidor.
La CPC apoya una reforma en esta materia, pero considera «poco realista» que el Sernac concentre «tantas atribuciones». Es por eso que propone que el Sernac siga a cargo de fiscalizar y patrocinar causas, pero plantea que las otras funciones sean resorte de otros organismos.
El esquema de la CPC supone tres figuras a cargo de la protección de los derechos de los consumidores: Sernac, un nuevo consejo normativo y los juzgados de policía local. La idea es que el consejo regulador dicte e interprete normas y que se relacione con otras autoridades del área económica como, por ejemplo, las superintendencias. La misma instancia, debiese estar a cargo de la mediación entre consumidores y empresas, según la CPC.
Respecto de las sanciones, la entidad gremial plantea que las denuncias sigan a cargo de los jueces de policía local, pero facilitando dichos procedimientos, pues coincide con el Gobierno en que éstos hoy son engorrosos, pues se exige una serie de requisitos como que un abogado patrocine al denunciante.
La CPC valora los ajustes en los que han estado trabajando el Gobierno y la comisión de Economía en las materias de multas, propiedad privada y presentación de pruebas.