(La Tercera) Aunque el gobierno anunció el domingo que el paro portuario de tres semanas había terminado, Rafael Jordán es uno de entre varios empresarios que siguen afectados. Es dueño de 22 contenedores de uva de mesa varados en el Puerto Central de San Antonio, el único donde la huelga continúa. La fruta lleva más de un mes cosechada y, si logra embarcarse rumbo a EEUU esta semana, llegará a destino con dos meses fuera de la parra y con un deterioro tal que “las posibilidades de poder venderla van a ser prácticamente nulas”, dice al teléfono. Su pérdida habrá sido un poco mayor al millón de dólares, y ni el instrumental legal existente ni sus propias tratativas frente al sindicato todavía movilizado habrán servido de nada.
La probable pérdida de Jordán es parte de los US$ 207 millones en exportaciones e importaciones detenidas por culpa del paro, de acuerdo a una estimación de la Cámara Nacional de Comercio. Según la Sociedad Nacional de Agricultura y Fedefruta, el no envío de frutas, semillas y otros productos agrícolas tuvo un costo de entre US$ 80 y US$ 100 millones. Mientras, la Asociación de Exportadores de Manufacturas estima las pérdidas de su sector en US$ 14 millones diarios.
Codelco calcula en US$ 500 millones sus pérdidas, pues desde que partió el paro en Angamos, el 16 de marzo, unas 60.000 toneladas métricas de cobre estuvieron retenidas.
A nivel de abogados, empresarios y parlamentarios preocupa la transgresión del marco institucional que significó este paro, pero también consideran que existen falencias que impidieron lidiar efectivamente con la movilización.
Lo que se cuestiona es que “el paro en Angamos era ilegal y la adhesión solidaria de los otros puertos también”, dice el abogado Axel Buchheister: los eventos no ocurrieron en el marco de una negociación colectiva y, menos, en una de tipo interempresa.
Aun cuando hubiese sido una huelga legal, el Código del Trabajo dice que “no pueden efectuarla trabajadores cuya paralización afecte la salud, la seguridad nacional, el abastecimiento de la población o la economía del país”, explica la abogada Olga Feliú. Al menos en los dos últimos ítems cabe lo obrado por los trabajadores portuarios.
“Correspondía invocar la Ley de Seguridad del Estado, al tratarse de servicios de transporte los involucrados, pero eso queda finalmente bajo el criterio de las autoridades”, explica Constanza Hube, abogada de Libertad y Desarrollo.
“Como gobierno estuvimos permanentemente encima del conflicto, teniendo perfectamente claras nuestras atribuciones para una eventual querella por Ley de Seguridad del Estado en contra de quienes tenían los puertos paralizados, como también (considerando) que hay una disposición en el artículo 38 de dicha ley que pudiese permitir una intervención por parte del gobierno, designando un interventor provisional para restablecer el funcionamiento de los puertos”, dice el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
“Pero buscamos privilegiar siempre que pudiese desarrollarse el diálogo entre cada empresa con sus distintos sindicatos, dado que la huelga se dio sin que el orden público se viera perturbado y debido a la altísima especialización de los operarios, lo que dificulta el reemplazo de quienes estaban en huelga”, añade Chadwick.
Para algunos, la razón de no aplicarlas es otra.
“Empiezan a haber señales de una instrumentalización de los temas laborales y sociales para generar daño al gobierno”, opina el diputado UDI Ernesto Silva. “Está siendo muy barato hacer actos irresponsables y no hay debida conciencia de ello”, dice.
“Este es un problema de arrastre; hace muchos años que nos estamos acostumbrando a presenciar este tipo de toma ilegal de, incluso, ciudades enteras”, dice Huberto Berg, director de Berg Consultores. “Antes parecía que los gobiernos de la Concertación estaban de acuerdo quizás con estas movilizaciones y las permitía, pero este gobierno cayó en lo mismo, quizás por temor a ser catalogado de pro empresario”, añade.
“Hubo un quebrantamiento del orden público y del derecho de propiedad”, critica Buchheister. “Aunque la primera responsabilidad de detenerlo recae en el gobierno, aplicando la Ley de Seguridad del Estado, se requería apoyo político para hacerlo, y pienso que la oposición, al apoyar explícita o implícitamente el paro, cree que no tiene ninguna responsabilidad con la marcha normal del país”, agrega.
Los dirigentes empresariales, sin embargo, consideran que el diálogo era lo más apropiado.
“Lo indicado era agotar todas las instancias antes de invocar la Ley de Seguridad”, cree Andrés Santa Cruz, presidente de la CPC.
“No es tan fácil aplicar la Ley de Seguridad del Estado: meter gente presa, sacar al Gope, termina habiendo muertes… En ese contexto, las masas, manejadas por un líder, terminan convirtiendo en mártires a los presos, etc. Yo no digo que alguna vez no haya que hacerlo, pero se piensa, porque no es gratis, no es sin costo”, dice otro alto dirigente empresarial.
“Entendimos que aplicar la Ley de Seguridad no resolvía el problema de que los contenedores seguirían retenidos, por falta de operarios calificados”, expresa Ronald Bown, presidente de Asoex.
Recursos inefectivos
La demora en detener el paro sólo dejó a los privados la alternativa de recurrir a la justicia en forma particular. “Esto se puede efectuar presentando recursos de protección en virtud de que su derecho de propiedad ha sido quebrantado, al ésta encontrarse retenida y al no poder ejercer una actividad económica lícita”, dice Feliú.
“Nosotros presentamos un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso la semana del 1 de abril y lleva más de una semana sin tramitación”, revela Jordán. “Yo veo todo el tiempo empresarios que presentan recursos de protección, pero los tribunales no los acogen, dicen que no intervienen”, señala Berg. “El problema es que el estado de derecho acá no está funcionando”, acusa Jordán.
Estas demoras, cree Hube, son la muestra de las congestiones propias en el Poder Judicial, donde el pronunciamiento sobre un recurso de protección puede tomar tres meses.
La alternativa que podría quedarles a los privados afectados es ejercer acciones legales por las pérdidas incurridas contra el puerto de San Antonio, ya que “éste presta servicios remunerados y a los exportadores no les importa la relación con sus trabajadores, sino que el transporte de su mercadería se cumpla a tiempo”, sostiene Hube.
Evitar el próximo paro
Las lecciones que deja el paro portuario están en varios frentes.
“El tema no pasa por si se puede o no esgrimir una herramienta legal”, considera Santa Cruz. “Pasa porque todos, incluidos los trabajadores, tengamos claro que no sólo ha quedado dañado un sector económico, sino que el efecto ha sido muy importante entre muchos pequeños y medianos productores, cuyos derechos son tan importantes como los de los trabajadores”, añade.
En el caso específico de los puertos, dice Chadwick, “la lección, no es tanto la legislación, sino que la eficacia de las disposiciones legales; saber y entender que el trabajador portuario es altamente calificado. Por consiguiente, las empresas podrían tener una política sindical que incorpore de lleno este factor de la especialización”.
Pero en el mundo político también se indica que las soluciones pasan por monitorear mejor los conflictos potenciales y darles solución de antemano. “Esta fue una paralización que advertimos al gobierno hace dos años y que dice relación con la precarización del trabajo eventual de los puertos”, manifiesta el vicepresidente de RN, Francisco Chahuán. Por ejemplo, sostiene, la legislación laboral respecto de las faenas continuas “debiera incorporar la media hora de colación en la legislación y regularse a través de una ley, y no que cada concesionaria negocie por separado con sus trabajadores”.
“No estamos hablando de cosas estrambóticas; si no se solucionan las demandas de carácter más estructural vamos a seguir teniendo dificultades”, cree el senador PPD Ricardo Lagos Weber.
“Ha faltado establecer un mecanismo eficaz que prevea y asuma las contingencias de movilización. Tal como el Presidente Lagos tenía una reunión todos los lunes en la cual iba reaccionando a las contingencias oportunamente, nos ha faltado capacidad de respuestas frente a situaciones como éstas”, afirma Chahuán.
La lógica de la negociación intraempresa
La huelga de brazos caídos en los principales puertos del país, como acto de adhesión al paro que comenzó en el puerto Angamos, en Mejillones, despertó en el sector privado el temor de que se transformara en una negociación interempresa, figura que la legislación laboral en Chile sólo contempla excepcionalmente.
En los procesos legales de negociación colectiva está consagrado el principio de que estos deben ser “intraempresa”, permitiendo la normativa, en muy pocos y determinados casos, la negociación “interempresas”.
Se considera que la “intraempresa” es la forma más efectiva de cautelar la normal relación entre una compañía y sus propios trabajadores, ya que el espíritu de la ley asume que todo aquello que es materia de negociación (remuneraciones, beneficios en especies o en dinero, y las condiciones de trabajo en general) está atado a las condiciones financieras y de productividad de cada empresa.
“Y no sólo se trata de la productividad”, explica Huberto Berg, “sino que meter a todas las empresas en el mismo saco, grandes y chicas, sólo conduciría a que las chicas desaparecieran”, porque no tienen necesariamente las condiciones de garantizar las mismas condiciones que una de mayor tamaño.
Cuando se pierde dicha conciencia de individualidad, explica, “se corre el riesgo de terminar en situaciones como ésta, con los puertos”.
Berg explica que hacer extensiva la negociación colectiva a otras empresas arriesga que las materias tratadas, que deben estar estrictamente en el ámbito empresa-trabajadores, salgan del foco y entren en discusión agendas ajenas a dicha relación.
“En las negociaciones colectivas intraempresas los temas políticos están ausentes; en las interempresas, en cambio, la dirigencia puede no tener mayor vinculación con la empresa o sus trabajadores, lo que puede afectar negativamente a ambos”, dice Berg.
Para los trabajadores puede tener sentido llevar a cabo negociaciones colectivas interempresas, ya que así su peso en un solo sindicato aumenta con la adición de otros sindicatos de otras empresas. Los contratos colectivos interempresas pueden realizarse si cumplen los requisitos descritos en la ley, pero pueden derivar en una situación en que la negociación se hace por la fuerza, advierte Berg.
Fuente / La Tercera