Las armas de la oposición para aclarar los procesos de contratación de asesorías y servicios realizados por Codelco -y cuestionados por un informe preliminar de la Contraloría- apuntan a tres frentes.
El primero es llamar el martes a una sesión especial para aclarar los cuestionamientos que planteó la Contraloría respecto de los contratos de asesorías suscritos por Codelco. El segundo es hacer que su máximo ejecutivo, Juan Villarzú, y el ministro de Minería y presidente del directorio, Alfonso Dulanto, se enfrenten y respondan las preguntas de los parlamentarios.
Y el tercero es formar una nueva comisión investigadora que analice las posibles irregularidades cometidas por Codelco en la asignación de asesorías a partes relacionadas.
Una dura arremetida que llega en momentos en que Codelco se encuentra a la espera del nombramiento de su nueva administración y ad portas del cambio de gobierno que, ahora, deberá enfrentar duros cuestionamientos al manejo de la empresa estatal más importante del país.
Y esta nueva arremetida es liderada por el RN Nicolás Monckeberg y el diputado UDI Alejandro García-Huidobro, que, aseguran, representan a la totalidad de los diputados de sus respectivos partidos.
Ambos parlamentarios se encuentran actualmente en pleno proceso de enviar a la Contraloría General de la República una petición -a nombre de toda la bancada UDI, RN y el diputado DC Pedro Araya- que busca ampliar la investigación que llevó adelante esta entidad fiscalizadora a todos los contratos de asesorías y servicios suscritos por la administración Villarzú.
«El último informe de la Contraloría detectó suficientes anomalías que obligan a analizar el tema», dice Monckeberg.
Más aún, ya el próximo martes los parlamentarios llamarán al ministro Dulanto y Villarzú a asistir a una comisión especial donde pedirán un informe del tema. «Ellos deben dar explicaciones fundamentadas, de no ser así tenemos también la opción de pedir una nueva comisión investigadora», asegura García-Huidobro.
Esta arremetida se fundamenta en las conclusiones del informe preliminar entregado por la Contraloría -y que fue pedido por la propia empresa cuando estaba siendo fuertemente cuestionada por la realización de contratos con personas relacionadas y cercanos al gobierno- y que se resumen en la serie de omisiones, incumplimientos de la normativa y falta de rigurosidad en que habría incurrido la minera entre 2003 y 2005.
Si bien el organismo fiscalizador no ha mandado aún su informe final -lo que haría dentro de las próximas semanas, Monckeberg arremete asegurando que la presión ejercida por Codelco hace que este nuevo informe pierda fuerza.
Pero lo cierto es que éste tiene relevancia en la medida que el organismo fiscalizador incluirá en él el análisis de las respuestas entregadas por Codelco a sus cuestionamientos.
Fuente / El Mercurio