La minera japonesa Santa Luisa dejará de pagar al Estado peruano US$ 5 millones en impuesto a la renta, debido a una irregularidad que fue advertida por una firma auditora contratada por el propio Ministerio de Energía y Minas (MEM). El caso es técnico, pero tiene consecuencias que afectarían el bolsillo de los peruanos.
Santa Luisa es la única minera que goza de los beneficios de un contrato de estabilidad tributaria bajo el régimen legal antiguo (antes de 1991), que el Estado creó para promover la inversión de la empresa privada mediante la reducción del pago de impuestos, entre otros incentivos.
Santa Luisa, que explota zinc y plomo a espaldas del nevado Pastoruri, Áncash, firmó dicho contrato en 1989. Esto le ha permitido pagar, en promedio, 5.5% menos de impuesto a la renta al año, hasta que recupere el capital inicial invertido (a esto se le denomina «inversión recuperable») que ascendía a US$ 14.8 millones.
Cuentas inexactas
Lo cuestionable es que entre 1993 y 2001, el MEM, que se encarga de fiscalizar esta clase de contratos, calculó inadecuadamente la «inversión recuperable» de ese periodo: no descontó las depreciaciones y amortizaciones de las obras y adquisiciones efectuadas por Santa Luisa para el proyecto Huanzalá por el que firmó el contrato.
Esto ha originado «un mayor saldo de la inversión por recuperar» a favor de la minera, según el informe de fiscalización que el propio MEM encomendó elaborar a la auditora SVS Ingenieros, el que fue presentado a mediados de 2006.
Según la auditoría, a la que tuvo acceso La República, la compañía no respetó los párrafos 5º y 6º de la Cláusula Décimocuarta del contrato de 1989. Ahí se establece que debe deducirse del capital inicial a recuperar, las depreciaciones y las amortizaciones, porque se trata de una inversión que paulatinamente se va devaluando como cualquier bien.
En octubre de 2006, al asumir el cargo de director de Promoción y Desarrollo Minero, Walter Sánchez recibió una carta notarial de su antecesor, respecto al informe de la auditora SVS Ingenieros. En el documento se dejaba constancia de un hecho de interés nacional: «De subsistir el error (no recalcular adecuadamente la «inversión recuperable» entre 1993 y 2001) , el Estado permitiría que la empresa se beneficie indebidamente dejando de pagar alrededor de US$ 5 millones en impuesto a la renta», entre 2007 y 2011.
Beneficio ampliado
¿Por qué el beneficio se prolongaría hasta esos años? Según la mencionada carta notarial, si en su momento el MEM hubiera realizado un cálculo correcto, ya en 2001 la minera habría recuperado su capital inicial. Y, por lo tanto, el contrato también podría haber finalizado ese año, y no en 2006.
Al no haberse actuado según los hallazgos de la fiscalización, la empresa tiene cinco años adicionales (así lo estable el contrato) para seguir gozando de la reducción del impuesto a la renta, es decir hasta 2011. En esos cinco años es que se irían los US$ 5 millones a manos de Santa Luisa, en desmedro del Estado.
En lugar de enmendar el error, en enero último, el notificado Walter Sánchez dejó listo el expediente para que su sucesor, Abad Bedriñana, zanjara el tema. Así, el 5 de febrero la Dirección General de Minería emitió una resolución señalando que al 31 de diciembre de 2004 a la minera aún le quedaba por recuperar US$ 6.4 millones, por lo que se prolonga el contrato. Los funcionarios de dicha dirección minimizaron ante La República los alcances del informe de la auditora SVS Ingenieros.
Los responsables
Lo curioso es que Sánchez, quien sigue laborando en el MEM como subdirector de la Dirección de Promoción y Desarrollo Minero, fue uno de los funcionarios que erró en el cálculo de la «inversión recuperable», como consta en un memorandum al que tuvo acceso este diario.
Para esclarecer las cifras y determinar con precisión cuándo debió finalizar el contrato con Santa Luisa, la auditora SVS Ingenieros recomendó que la empresa entregue al MEM los montos de las depreciaciones y amortizaciones de los ocho años en cuestión. Pero la empresa se ha negado. Y la Dirección General de Minería, con su última resolución ha renunciado a cumplir con esta tarea pendiente.
Fuente / Diario La República