El inicio de las obras del proyecto binacional Pascua Lama, que será la mayor mina del país, está retrasando en un año. Las diferencias entre Chile y Argentina sobre la forma de tributación de esta iniciativa y la falta de algunos permisos para la operación ha aplazado las faenas.
La minera canadiense Barrick Gold había anunciado que en septiembre de 2007 partiría la construcción de la mina para estar en producción en 2011, pero hasta ahora tiene detenido el proyecto a la espera del acuerdo entre ambos países.
Las obras del yacimiento sólo pueden avanzar entre primavera y verano, ya que en invierno cae abundante nieve en la cordillera de la región de Atacama y la provincia de San Juan. Por el retraso tributario, recién en septiembre de 2008 podrían iniciar las obras de la mina.
Un aspecto clave que deben definir los gobiernos de Argentina y Chile es cómo tributarán las actividades que ofrecen servicios al yacimiento.
Junto a eso, faltan algunas tramitaciones con los municipios y servicios públicos de ambos países. Entre ellos, el paso de los camiones por las rutas de acceso a la mina.
Hasta el momento, en la minera comentan que no ha comenzado ninguna obra en el recinto y que sólo lo harán cuando estén resueltos el tema tributario y los permisos sectoriales.
La inversión en el proyecto fue reestimada este año por Barrick. Subió de US$1.650 millones a US$2.400 millones, de los cuales ya se han invertido US$200 millones en estudios ambientales, de ingeniería, geomensura y mediciones de mineral.
El primer yacimiento binacional del mundo no ha sido fácil para Barrick. La canadiense enfrentó en los últimos años la oposición de las comunidades locales por las alteraciones al medioambiente, y ahora se suman las diferencias entre los criterios de las autoridades chilenas y argentinas. Conocedores de las negociaciones comentan que las visiones en el tema tributario no son menores.
El tratado minero entre ambos países establece que el mineral tributará en la zona donde sea extraído. En este caso, el 80% del yacimiento (243 hectáreas) se encuentra en suelo chileno, mientras que sólo 100 hectáreas son argentinas. Este punto es resistido por autoridades argentinas, a lo que se suman las diferencias respecto de la tributación de los servicios.
Un cercano a la comisión administradora –que define la forma como se aplica el tratado- comenta que acercar posiciones no ha sido fácil, debido a las múltiples autoridades trasandinas que negocian: el gobierno central y federal, donde cada uno tiene sus propias agendas.
Uno de los puntos más álgidos para resolver en el tema tributario es la fiscalización de la extracción de mineral y la prestación de servicios. En el SII comentan que es muy complejo tener todo el día fiscalizadores viendo de qué lado de la frontera se extrae el mineral.
Fuente / La Tercera